El gobierno porteño apunta contra los recuperadores urbanos

Tras la licitación de la jefatura de Mauricio Macri para que empresas privadas se encarguen de las tareas de tratar y recuperar residuos, las cooperativas que nuclean a los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires verían afectadas sus tareas. El legislador porteño Edgardo Form analizó la situación.
Los recuperadores urbanos y algunos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires miran con recelo la iniciativa impulsada por el Gobierno porteño de licitar el servicio del tratamiento y recuperación de desechos. La propuesta se conoció el fin de semana pasado cuando se notificó en algunos medios gráficos sobre un concurso público nacional e internacional bajo el título Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.
“Tenemos gran preocupación por las doce cooperativas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires tratando y reciclando los desechos sólidos”, denunció a este medio el legislador porteño por Nuevo Encuentro Edgardo Form sobre la iniciativa del gobierno liderado por Mauricio Macri.
Mediante la solicitada, la Jefatura porteña pretende reemplazar el trabajo que los recuperadores urbanos realizan desde hace años. “El trabajo quedaría en manos de empresas lucrativas que probablemente tengan vínculos con las que se encargan actualmente de las tareas de recogimiento de residuos”, señaló Form, quien también es Gerente General del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).
Así, los trabajadores de las doce cooperativas de recuperadores perderían beneficios en el ámbito metropolitano. “Es por eso que los diputados que formamos el interbloque compuesto por el Nuevo Encuentro, el Frente Amplio Progresista y el Frente para la Victoria estamos seriamente preocupados por el devenir de la docena de proyectos solidarios”, remarcó el legislador.
De las 6.200 toneladas de residuos que la Ciudad genera diariamente dos mil corresponden a residuos áridos. Además, mil serán tratadas en una planta construida por el Ceamse mientras que el Gobierno porteño, a través del concurso conocido este fin de semana, pretende que tres mil sean tratadas por empresas privadas, afectando a los trabajadores que recogen y separan los desechos.
“Las más de seis mil toneladas están muy lejos del plan de Basura Cero”, enfatizó Form sobre las metas que la Jefatura porteña se propuso en 2007 en el marco de la Ley Nº 1854 con la cual se planteaba reducir los volúmenes de residuos en el área metropolitana.
“Para generar una merma en las emisiones son necesarias campañas serias y persistentes en los medios; sensibilizar a la ciudadanía y continuar con las políticas que los recicladores urbanos proponen desde las cooperativas, es decir, alentar la separación de residuos y su reciclaje”, expuso el legislador.

 

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