El remate de la Villa 31

por Mariano Pagnucco

En la Legislatura porteña se vivió recientemente una situación digna de una película de humor absurdo, salvo por el efecto negativo que tiene en la vida de más de 60.000 personas. En la sesión del 4 de julio, 41 votos de los y las representantes del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votaron la «enajenación» del «polígono denominado ‘Barrio Padre Carlos Mugica'».
Dicho en palabras más sencillas, pusieron a disposición del mercado inmobiliario los terrenos correspondientes a las villas 31 y 31 bis de Retiro. Así, sin más, la tierra y la gente se convierten en valor de cambio en el distrito más rico de la Argentina.
La votación del Despacho 671 en el recinto fue posible por la voluntad del bloque oficialista Vamos Juntos más el apoyo de Evolución (referenciado con el ex candidato a jefe de Gobierno opositor y ahora devenido larretista Martín Lousteau), el Partido Socialista y Mejor Ciudad. Los 17 votos en contra, más cercanos al sentimiento de las decenas de vecinos y vecinas que gritaban a los costados del recinto para impedir que se concretara la enajenación, fueron de Unidad Ciudadana, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Autodeterminación y Libertad, el Bloque Peronista y el GEN.
En la letra de la ley sancionada se habla de «brindar soluciones habitacionales definitivas para los vecinos del barrio, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano». Sin embargo, en el despacho de minoría que lleva la firma del legislador Mariano Recalde (Unidad Ciudadana), los considerandos señalan otra intencionalidad:

*A partir de diciembre de 2015, la venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un hecho recurrente. Desde que la alianza Cambiemos conduce ambas jurisdicciones, se han puesto a la venta más de 100 has. de tierra pública ubicada en nuestra Ciudad, lo que equivale a la superficie del barrio de San Telmo.
*Ha quedado demostrado que el objetivo que en realidad se persigue es el de facilitar negocios inmobiliarios al sector privado. En este proceso, la puesta a disposición de los terrenos es sólo una arista: la modificación de la normativa vigente para permitir que en ellos se construyan grandes emprendimientos que ofrecerán viviendas y oficinas de lujo que la mayoría no puede pagar, la dirección intencionada que se da a la inversión pública en infraestructura para acompañarlos y la ausencia de políticas que moderen el efecto expulsor que la valorización del suelo producida tiene sobre quienes habitan en esos sectores, completan el círculo.

El territorio y el lenguaje
A comienzos de año, Horacio Rodríguez Larreta pasó un mal momento en una visita a la Villa 31. Una vecina que integra la mesa participativa por la urbanización encaró al jefe de Gobierno:
Vecina: ¿Sabe cuántas familias están angustiadas por el hecho de no saber si vamos a seguir perteneciendo al barrio? La ley que usted sacó, señor Larreta, por si no lo sabe, es una ley de exclusión, no de radicación.
Larreta: No estoy de acuerdo.
Vecina: Entonces tómese el tiempo de leer la ley. Usted sabe que es pura especulación inmobiliaria.
Larreta: No es cierto.
Vecina: ¿Tampoco es cierto el remate de la Villa 31? Usted nunca contesta, siempre está con sus patotas personales.
El mandatario porteño siguió caminando, notoriamente molesto por la insistencia de la vecina, hasta que dijo: «Vamos a venir todas las semanas».
Larreta cumplió. Volvió otras veces a la Villa. Por ejemplo, en junio, para una actividad que comunicó entusiasmado en sus redes sociales: «Anunciamos la construcción del primer local de McDonald’s en el Barrio 31. Un proyecto que significa más oportunidades para los jóvenes que están buscando laburo y un paso más en la integración del Barrio: ahora hay escuelas, centros de salud y plazas. Esto es el cambio».
La gestión de Larreta con respecto a las villas porteñas, donde se estima que habitan unas 400 mil personas (más del 13% de la población local), se construye entre el manejo político y el uso del lenguaje. Una de las estrategias del Gobierno porteño en las intervenciones públicas de sus funcionarios es, justamente, hablar de las villas como «barrios».
Ese «cambio» en el discurso también obedece a los intereses económicos que sostienen el desarrollo inmobiliario en la Ciudad, capaz de lavarles la cara a los antiguos asentamientos precarios, convertirlos en barrios para que esas porciones de terreno estén disponibles para la venta.

La inmobiliaria porteña
En su libro «El robo de Buenos Aires: La trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes» (Sudamericana, 2014), la escritora Gabriela Massuh hace un profundo análisis de la privatización del espacio público en la capital argentina. En uno de los capítulos, reflexiona sobre el sentido que tiene el territorio que habitamos: «La cuestión acerca de qué ciudad queremos no puede quedar escindida de qué tipo de lazos sociales, qué relación con los espacios verdes, estilos de vida, tecnologías y valores estéticos queremos para nosotros».
Consultada sobre la venta de terrenos de las villas 31 y 31 bis, Massuh aporta contexto: «Forma parte de toda la revalorización de la costa del río, desde la Isla Demarchi hasta Vicente López. La venta del Cenard, del Tiro Federal, los intentos por correr la cancha de River, el parque que se está construyendo con la Universidad Di Tella… es una línea que se quiere trazar para construir objetos inmobiliarios a lo largo de la costa del río».
«Todos los anuncios de fomentar el emprendedurismo, poner un banco y construir más escuelas en la Villa fueron una farsa para revalorizar los terrenos; ni siquiera para vendérselos a los llamados propietarios del lugar, sino para vender la Villa entera», agrega.
Hace meses que los vecinos siguen con atención las jugadas del Gobierno porteño en el territorio. Una de las denuncias vecinales se refiere a la inconsistencia de los números oficiales: un relevamiento de 2017 hecho por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) indica que allí viven 42.000 personas. Los propios pobladores, por su parte, dicen que hay más de 60.000 personas radicadas en el lugar. La trampa de los números tiene impacto en las políticas públicas: quienes no hayan sido censados no podrán reclamar nada.

Una ciudad para pocos
Por las obras para modificar la traza de la autopista Illia, fue necesario relocalizar a unas 1000 familias. El Gobierno de la Ciudad ofrece 1048 «soluciones habitacionales». A ese bloque de viviendas los vecinos le llaman «la containera» por las dimensiones y los curiosos materiales de los que están hechas las casas: chapa, durlock, madera y lana de vidrio. Quienes accedan a esas viviendas también tendrán acceso a créditos hipotecarios. «Nos quieren hacer endeudar a 30 años por viviendas que no van a durar más de 10 años», denuncian los supuestos beneficiados.
Otro aspecto relacionado con la venta de los terrenos es el valor del suelo: son tierras transferidas por el Estado Nacional a la Ciudad, dentro de un paquete de 12 predios que el Gobierno porteño utilizará para saldar un crédito de 175 millones de dólares otorgado por la Confederación Andina de Fomento para construir el Paseo del Bajo. Estos terrenos, tienen una tasación oficial de unos 3.000 pesos el metro cuadrado.
Sin embargo, para las viviendas familiares consideradas el valor del suelo no es tan accesible como para los privados. El precio por metro cuadrado que les cobran para relocalizarlos asciende a 19.000 pesos (8.000 pesos de base más 11.000 pesos por la carpeta asfáltica), según cuentan las personas que quieren permanecer en su histórico hábitat.
«Todas las transformaciones en la Ciudad en estos últimos 12 años, de Macri a Larreta, han sido para poner en valor la Ciudad no como un bien de uso, sino como un bien de cambio», señala Massuh. Una de sus preocupaciones, volcada en «El robo de Buenos Aires», es la pérdida de identidad de la trama urbana a manos de la especulación financiera: «Buenos Aires es hoy el marketing de lo que alguna vez fue», escribe.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, marca un nuevo tipo de segregación que se da en la Capital Federal. Para el abogado, ya no se trata de una división entre Norte y Sur: «Ahora la exclusión se da por el acceso al río y los espacios verdes. Habrá una ciudad ribereña y próspera y otra ciudad mediterránea donde las condiciones de vida serán cada vez peores».

Silvana, vecina de la Villa 31 e integrante de la mesa participativa por la urbanización, suma un mensaje en el año en que habrá que renovar autoridades nacionales y porteñas: «Los políticos deberían tener conciencia de que todas las decisiones que toman por el poder que les da el propio pueblo, recaen sobre los que menos tienen, como nosotros. Deberían escuchar a los ciudadanos, que son quienes los votaron. Nosotros, aunque vivamos en una villa, somos parte de la Ciudad: nos criamos, vivimos y pagamos nuestros impuestos en la Ciudad».

Los 41 votos para vender las tierras de las villas 31 y 31 bis
Vamos Juntos (33): Abboud, Acevedo, Álvarez Palma, Apreda, Bauab, Blanchetiere, Cingolani, De Las Casas, Del Sol, Estebarena, Ferraro, Ferrero, Fidel, Forchieri, García, García De García Vilas, González Estevarena, González Heredia, Marías, Méndez, Michielotto, Petrini, Presti, Quintana, Reyes, Roldán Méndez, Romero, Rueda, Sahonero, Santamarina, Straface, Suárez, Villalba y Yuan. Evolución (5): Gorbea, Guouman, Halperin, Nosiglia y Vischi. Partido Socialista (1): Arce. Mejor Ciudad (1): Depierro.

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