Escalada represiva contra la población civil

Una persona murió a diario en manos de las fuerzas de seguridad estatales en los últimos dos años. Estas cifras se desprenden del informe anual elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), donde se señala que desde el inicio de la democracia, en 1983,  se registró un total de 5462 casos de muertes en manos del Estado, 721 de los cuales se cometieron entre 2015 y 2017, por lo que la escalada represiva contra la población civil experimenta un incremento considerable y todo indica que va en aumento.

Las estadísticas que la Correpi lleva adelante desde 1996, han podido establecer el número de este tipo de asesinatos ocurridos en el país desde la década del ’80 en adelante. Si bien es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura, los números que maneja el organismo antirrepresivo sirven para corroborar que la mayoría de los homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden a través de los medios de comunicación convencionales. Lo cierto es que los datos registrados por la Correpi, nunca han podido ser desmentidos, ni puestos en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos ejecutores de la represión estatal.
En este sentido, el informe comienza exponiendo que en los 721 días que lleva la actual gestión de gobierno nacional se registraron un total de 725 asesinatos en manos del aparato represivo del Estado. La mayor cifra desde 1983.

La ciudad de Buenos Aires, cuenta con la particularidad de ser una de las regiones donde se incrementó considerablemente la cantidad de policías por habitante en el último año. En 2017, la fusión de la policía metropolitana y federal, engendró la mega fuerza denominada Policía de la Ciudad.
Así, Buenos Aires no sólo incrementó el nivel de militarización de las calle porteñas,  alcanzó el podio de ser la metrópolis con mayor presencia policial en las calles: 860 efectivos cada 100.000 habitantes. Casi el triple de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda como aceptable: 300 agentes cada 100.000 habitantes.
La consecuencia cotidiana de estas políticas es el agravamiento del repertorio represivo al que se ven sometidos los y las jóvenes pobres, vendedores/as ambulantes, estudiantes, músicos, artistas callejeros/as: hostigamiento, cacheos, detenciones arbitrarias, armado de causas, torturas, gatillo fácil.

Entre los años 2015 y 2017 se registró una escalada considerable de acciones represivas de parte de las fuerzas de seguridad contra la población civil en la Ciudad. El informe elaborado por la Correpi da cuenta de cada uno de estos hechos. Cabe destacar que en algunos  se menciona la actuación de servicios de inteligencia, como también la actuación de policías de civil sin identificación y de patotas organizadas:

  • 13 de diciembre de 2015: la entonces Policía Metropolitana desalojó y clausuró violentamente el Centro de Artes Batalla Cultural, golpearon y detuvieron a tres de los integrantes del lugar que estaban ahí.
  • 29 de enero de 2016: Villa 1-11-14, Bajo Flores. Integrantes de la murga “Los auténticos reyes del ritmo” fueron reprimidos con balas de goma por gendarmería durante un ensayo del grupo. Hubo varios heridos, entre ellos niños que forman parte de la murga.
  • 25 de febrero de 2016: Liniers. Feriantes sufrieron una violenta represión por parte del grupo BRI (Brigada de Rápida Intervención) de la entonces Policía Metropolitana, que irrumpió en sus casas y se llevó mercadería y otros bienes.
  • 1 de marzo de 2016: Ciudad de Buenos Aires. la Policía Federal y la gendarmería reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos a trabajadores y trabajadoras de La Bancaria que se manifestaban en contra de los despidos y el impuesto a las ganancias.
  • 6 de marzo de 2016: Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, dos mujeres resultaron heridas de gravedad por disparos de bala de una patota durante la inauguración del local de Nuevo Encuentro.
  • 9 de marzo de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del ministerio de Agroindustria fueron desalojados violentamente de su acampe en Av. Paseo Colón al 900.
  • 22 de marzo de 2016: Barrio Villa Mitre. La entonces Policía Metropolitana y gendarmería reprimieron con balas de goma y plomo a vecinos que protestaban frente a la casa de un hombre acusado de violar a una nena del barrio.
  • 23 de marzo de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del ministerio de Educación de la Nación, que fueron rodeados por policías hasta ser retirados del lugar donde estaban acampando.
  • 13 de abril de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Policía federal y metropolitana reprimien a manteros de Flores, que marchaban reclamando su derecho a trabajar, con un saldo de 25 heridos y 20 detenidos.
  • 4 de mayo de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Patota del PRO intimidó y agredió a organizaciones sociales y vecinos en el marco de reclamos de vivienda, con varios heridos y uno de gravedad.
  • 4 de julio de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Una patota dirigida por el empresario Mariano Martínez Rojas, en complicidad con la policía federal, golpearon y echaron a trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América del edificio de las redacciones, intentando usurparlo.
  • 10 de julio de 2016: Ciudad de Buenos Aires. La policía federal reprimió y desalojó a feriantes de San Telmo.
  • 24 de septiembre de 2016: Villa 21, Ciudad de Buenos Aires. Dos pibes integrantes de la Garganta Poderosa fueron detenidos y torturados por prefectos.
  • 20 de octubre de 2016: Ciudad de Buenos Aires. Policías locales y bonaerense de civil y uniformados agredieron y detuvieron a una militante de Nuevo Encuentro tras desconcentrar en marcha contra los femicidios.
  • 4 de noviembre de 2016: Ciudad de Buenos Aires. La policía liberó la zona para que tres hombres con armas automáticas irrumpieran en la sede de la Tupac Amaru, maniatando y amenazando a los militantes con la advertencia de que desistan de reclamar la liberación de Milagro Sala.
  • 26 de diciembre de 2016: Infantería reprimió con balas de goma para evitar que continúe una protesta con cortes de calle, luego de que vecinos tomaran la comisaría en reclamo por el asesinato de un joven, denunciando que esa dependencia funcionaba como la organizadora del crimen en la zona.

Hacia finales de 2016, el Congreso Nacional aprobó de la Ley de Flagrancia, propuesta por el Ejecutivo nacional. Mediante esta normativa los inculpados son sentenciados en trámites judiciales “express”, haciendo casi imposible que puedan acceder a su legítima defensa. Esta reforma vigorizó  la industria de las causas armadas, al tiempo que recrudeció la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población civil.
Escudados en el “delito” de Fragancia tanto Gendarmería como Prefectura intentan justificar la desaparición de Santiago Maldonado (muerto durante una represión en Chubut) y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en Bariloche. En el mismo acto y con la excusa de “combatir el crimen organizado”, ambas cámaras legislativas validaron por ley de las figuras del agente encubierto (infiltrado), el informante (buche) y el agente revelador (provocador). Estas “figuras legales” habilitan al Gobierno nacional a infiltrar, vigilar y criminalizar a las organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores.  Pocos días después de aprobada esta normativa, entraba en vigencia la Policía de la Ciudad, una fuerza de seguridad altamente capacitada para infiltrar efectivos, realizar espionaje y reprimir ciudadanos.

  • 10 de enero de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Estación Once, la policía intenta desalojar a los manteros en la madrugada y luego reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma y palos el corte que hicieron en protesta contra el desalojo, deteniendo a manifestantes e hiriendo a otros.
  • 17 de enero de 2017: Ciudad de Buenos Aires. La policía federal reprime con balas de goma y gases lacrimógenos a los trabajadores y familiares que apoyaban la ocupación de la planta de Artes Gráficas Rioplatenses, del Grupo Clarín, ante la decisión de la empresa de cerrar y deshacerse de 780 trabajadores y trabajadoras.
  • 2 de marzo de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Efectivos policiales intentaron desalojar –escopetas en mano- a un grupo de jóvenes que rapeaba en la Plaza San Martín. Uno de los policías amenazó con un arma a un niño de 12 años.
  • 6 de marzo de 2017: Ciudad de Buenos Aires. La Policía de la Ciudad, siguiendo la denuncia de tres varones ultracatólicos, detuvo seis integrantes del colectivo Ni Una Menos que estaban realizando actividades de difusión relacionadas al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. Durante todo el operativo los varones hostigaron a las mujeres al grito de “Viva Cristo Rey”.
  • 8 de marzo de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Policía de la Ciudad, con muchos de sus integrantes sin uniforme ni identificación clara, realizó una razzia en la desconcentración de la marcha del Paro Internacional de Mujeres, reprimiendo con gas pimienta y gas lacrimógeno. Detuvieron alrededor de 20 mujeres, la mayoría de las cuales estaba en situaciones como sacando fotos, bailando o comiendo pizza.
  • 21 de marzo de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Vecinos de La Boca que salieron a protestar contra la policía por el operativo y persecución en el que fue asesinada Claudia Ovejero, fueron reprimidos con balas de goma por la Policía de la Ciudad.
  • 9 de abril de 2017: La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a docentes de CTERA que montaban una escuela pública itinerante en la Plaza de los dos Congresos. Hubo cuatro detenidos.
  • 20 de abril de 2017: Efectivos de la Cría. 7ª de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpieron armados una clase pública en el ingreso del establecimiento educativo N° 2 ‘Mariano Acosta’ alegando que tenían aviso de una protesta en el lugar y quisieron entrar a la escuela. Ante la negativa de la rectora y los profesores, los efectivos se retiraron.
  • 26 de abril de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Integrantes de la Corriente Villera Independiente de la Villa 21-24 fueron amenazados por una patota que disparó con armas de fuego contra su local, mientras realizaban sus habituales trabajos en el barrio.
  • 3 de junio de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Al finalizar la marcha del Ni Una Menos, la policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balas de goma un grupo de mujeres y trabajadoras de prensa al momento de la desconcentración, cuando el acto ya había terminado y las columnas se retiraban de la Plaza.
  • 17 de junio de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Miembros de Prefectura detuvieron, amenazaron y golpearon a cinco jóvenes cuando volvían de trabajar al barrio Zabaleta, todos ellos hermanos de Kevin Molina, asesinado por la policía en 2013.
  • 28 de junio de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sociales nucleadas en el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala fueron reprimidas frente al Ministerio de Desarrollo Social, mientras reclamaban un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio. También se habían movilizado para exigir que no se den de baja las pensiones por discapacidad, por la declaración de la emergencia alimentaria y la emergencia tarifaria en fábricas recuperadas, comedores y clubes de barrio. La Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo que involucró cientos de efectivos de infantería, agentes de civil, motos, camionetas que tras dispersar el corte y liberar los carriles, continuó persiguiendo a los manifestantes por las calles aledañas.
  • 4 de julio de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Integrantes de comunidades mapuches, que se manifestaban por la liberación de Facundo Jones Huala, fueron reprimidos por efectivos policiales en una movilización frente al Palacio de Justicia. Los uniformados comenzaron a detener a las personas que se encontraban descolgando una bandera y luego reprimieron al resto de los manifestantes.
  • 26 de julio de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Grupos antimotines de la policía de la Ciudad reprimieron trabajadores de Pepsico en las puertas del Congreso Nacional.
  • 8 de agosto de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Policías de la Ciudad ingresaron con escudos y bastones al hall del Ministerio de Ciencia y Técnica cuando los trabajadores realizaban una asamblea y una manifestación por los 500 investigadores despedidos de CONICET y esperaban ser atendidos por las autoridades de la entidad que preside Lino Barañao.
  • 11 de agosto de 2017: Ciudad de Buenos Aires. La policía de la Ciudad propinó una brutal golpiza y detuvo a dos jóvenes trabajadores de Aerolíneas Argentinas. El delito: discutir política con un desconocido en la calle un día antes de las elecciones.
  • 23 de agosto de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de agentes de la policía de la Ciudad golpearon a un hombre en situación de calle y a un vecino que filmó el hecho.
  • 24 de agosto de 2017: Ciudad de Buenos Aires. La policía entró a los tiros a Ciudad Oculta y detuvo a Jorge Carrizo, un joven vecino que se encontraba con sus dos hermanos en el interior de su vivienda. Los vecinos repelieron la agresión a piedrazos contra los efectivos.
  • 31 de agosto de 2017: Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad lanzó una línea de atención telefónica para recibir denuncias de familiares disconformes con la iniciativa adoptada por algunos docentes de tratar el caso de Santiago Maldonado en las escuelas.
  • 1 de septiembre de 2017: Ciudad de Buenos Aires. La policía de la Ciudad reprimió al final de la multitudinaria manifestación por el primer aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Como resultado de violento operativo -que incluyó efectivos de civil- hubo varias personas heridas y 31 detenidos, entre ellos comunicadores populares que se encontraban registrando el accionar policial.
  • 7 de septiembre de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades de la Dirección de Educación Media del Ministerio de Educación porteño distribuyeron en todos los establecimientos secundarios un instructivo que les ordenaba a los directores que denuncien a la policía las tomas en repudio a la reforma educativa.
  • 7 de septiembre de 2017: Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia que tomaron el establecimiento como reclamo ante el proyecto de reforma educativa fueron filmados y fotografiados desde camionetas del CEAMSE. Además, les forzaron las cajas de luz para que se active la alarma contra incendios y, por protocolo, llegó la policía. Estas prácticas se replicaron de forma idéntica en otros establecimientos educativos.
  • 2 de octubre de 2017: La policía de la Ciudad golpeó y detuvo a Mariana Gómez por besarse con su esposa, Rocío Girat.
  • 11 de octubre de 2017: La policía de la Ciudad persiguió manifestantes que desconcentraban luego de realizar una actividad por la aparición con vida de Santiago Maldonado en la intersección de las avenidas Callao y Pueyrredón. Detuvieron a tres personas que fueron trasladadas a la Comisaría 7ª.
  • 13 de noviembre de 2017: Ciudad de Buenos Aires. En las inmediaciones de la Villa 31, la policía de la Ciudad emboscó a un grupo de militantes de la Corriente Villera Independiente que se encontraban pegando afiches para invitar a los vecinos del barrio a una marcha y detuvo a una chica.
  • 15 de noviembre de 2017: Ciudad de Buenos Aires. En Constitución, la policía detuvo violentamente a tres militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP, en el contexto de detenciones arbitrarias e ilegales a los trabajadores migrantes de la vía pública.

Los días 12, 13, 14 y 18 de diciembre de 2017 se producen en la Ciudad de Buenos Aires la represion más furibundas contra la población civil de parte de las fuerzas de seguridad estatales desde al año 2001. Arremeten contra jubilados, mujeres y niños que se manifestaron, primero contra la OMC y luego en repudio de la sanción de la Ley de recorte previsional. El 14 de diciembre hubo 32 heridos y 45 detenidos, entre ellos trabajadores de prensa. Entre los heridos hubo varios diputados y trabajadores de prensa. El lunes 18 de diciembre, el resultado de la batalla y la cacería fue de 92 personas heridas y 79 detenidas, entre ellos trabajadores de prensa. La mayoría de los heridos tuvo traumatismos en la cabeza -tres perdieron un ojo-, convulsiones, dificultades respiratorias, lipotimias. Y un jubilado murió de un ataque cardíaco.

Fabricando el enemigo interno

Días antes de finalizar 2017, el 27 de diciembre, el Gobierno Nacional dio a conocer un informe de 180 páginas titulado RAM, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se vuelve a criminalizar, demonizar y perseguir una vez más a los mapuches que se organizan y resisten en defensa de su territorio, también a militantes sociales de izquierda y al anarquismo.

En el documento, se caracteriza al casi inexistente grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), como “un movimiento que promueve la lucha insurreccional y que no reconoce al Estado argentino ni la legislación de las provincias”, viculando 96 causas judiciales, algunas que datan del año 2010 en adelante, muchas de ellas cerradas  por falta de mérito, con diversas movilizaciones populares y actividades públicas, induciendo que las mismas se desarrollaron en el marco de acción de la RAM. Similares montajes judiciales fueron impulsados por el Estado en Brasil, España y Chile hacia sectores de la sociedad civil y el campo popular.

Luego de dar a conocer este documento, el Ministerio de Seguridad acordó conformar una comisión y un comando operativo conjunto, integrado por fuerzas federales y provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén.  “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante. Intentan instalar que criticar y organizarse frente a los asesinatos injustos que ellos mismos cometieron fuera, en sí mismo, un acto delictivo. Pareciera que solidarizarse con el movimiento kurdo, que enfrenta a lo peor de ISIS, implica terrorismo. Quieren un sentido común donde aquéllas que luchan por su trabajo o por la educación, o en solidaridad por los derechos de todos, son criminales”, sostiene un comunicado de prensa emitido por la Correpi en relación a este documento.

Fotos: Rocío Bao/RNMA

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