“Esta lucha es por todos”
por Miranda Carrete
El 1ro de agosto, día de la Pachamama, llegó a la Ciudad de Buenos Aires el tercer Malón de la Paz. Más de 400 comunidades de pueblos originarios viajaron 8 días para exigir al Gobierno nacional la intervención de la provincia de Jujuy y detener el accionar represivo del gobernador Gerardo Morales. Reclaman que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la ilegitimidad de la reforma constitucional que promueve y facilita las explotaciones mineras, especialmente del litio, poniendo en peligro los ecosistemas de los salares y los glaciares de montaña, así como la subsistencia de las comunidades indígenas que viven en esa zona.
Ante la falta de respuesta, el día que la Cámara baja debatía la reforma del impuesto a las ganancias, algunas de las mujeres entrevistadas se encadenaron al Congreso nacional. Exigen acciones concretas y medidas políticas que satisfagan las necesidades de las comunidades.
Si bien el Gobierno porteño le impide acampar, desde su llegada el Malón mantiene una tenaz vigilia frente al palacio de Tribunales, en plaza Lavalle. Le llaman permanencia. En el lugar, la presencia policial es constante e intimidatoria, observa a diario cada movimiento. “Un día llovía y los amenazaban con llevarlos detenidos si ponían una bolsa para cubrirse”, cuenta Caro, una vecina que acompaña la lucha de los pueblos originarios.
En plaza Lavalle, en la intersección de Talcahuano y Tucumán, hay una hilera de carpas construidas con bolsas de consorcio, cartones y chapas. También algunos iglús o carpas canadienses. Los pueblos originarios permanecen en la capital del país, en el centro del poder político, para proteger sus territorios del extractivismo y de los negocios que priorizan el dinero sobre el buen vivir. “Hoy hacemos guiso, ayer comimos sopa, la sopa es lo que más sale”, dice Amelia, encargada de la cocina ese día. Mientras tanto, maloneros y maloneras se van acomodando para celebrar una asamblea. Hay encuentros y reuniones a diario para gestionar la permanencia en el lugar.
La permanencia
Hay un comedor bajo un gomero, algunas sillas, un horno, bidones de agua y una larga mesa cubierta por un toldo, donde reciben mercadería, donaciones de abrigo y colchones, entre otras cosas. La organización comunitaria establece roles de cuidado y vigilancia nocturna. Hay latas con fuego para paliar el frío. Cada toldo, carpa o tienda, tiene cartones en la entrada para aislar el barro. “Vine a visitar a la abuela”, dice Pato que tres veces por semana pasa por la permanencia, acompaña o colabora con alguna tarea. Conoció a Sabina cuando el Malón llegó a la Ciudad y se sumó espontáneamente con su hija. Sabina es abuela de tres niñeces a quiénes extraña mucho y por los que va a regresar en unos días a su tierra. “Pero voy a volver”, dice convencida. Vive en un paraje a 15 kilómetros de Humahuaca. Dejó sus cabras, sus tierras, su rutina de campo para traer el reclamo de miles de personas. Para ella es una responsabilidad y un compromiso con su comunidad y con el futuro de sus hijos y nietos. Además, estuvo presente en el segundo Malón de la Paz, en agosto de 2006, 60 años después del primer Malón de 1946. El reclamo persiste desde entonces en defensa de la tierra y las comunidades que la habitan hace siglos.
El contraste entre el tiempo citadino y el de las comunidades originarias es abismal. El Palacio de Tribunales con sus 20 metros de altura, y sus dos estatuas en la cornisa sosteniendo impolutas la carta magna, desparrama su sombra en el centro de la plaza. Entre el ajetreo de personas y automóviles, en un reducido espacio de ese pulmón verde, permanecen los pueblos originarios. Allí hay tiempo para encender el fuego, hacer asambleas, cocinar para más de 100 personas, esperar, escuchar con pausa. Alrededor de la permanencia hay altares, whipalas, carteles donde se lee: “Intervención a la provincia de Jujuy ¡Ya!”. Hasta las vallas que la policía colocó frente a Tribunales están cubiertas con las banderas de cada comunidad o de las organizaciones que apoyan la lucha. Sabina está sentada al lado de un fogón. Tiene casi 70 años, sus manos reflejan el trabajo cotidiano con la tierra y bajo el sol. Habla pausadamente, su voz es suave e invita a escuchar. Cuenta que en su pueblo se están sintiendo las consecuencias de la explotación de litio en la provincia. “Del arroyo de la montaña baja el agua hirviendo y con olores extraños”, dice. “A veces se seca”, añade Sabina, y asegura que esto se debe al desproporcionado gasto de agua que requiere la extracción del mineral.
Encadenadas
Muchas mujeres que se ocupan del cuidado de la tierra y de sus familias, hoy son la voz de las comunidades y de sus hermanos y hermanas que se quedaron luchando en la provincia. “Ante la indiferencia de nuestros representantes vamos a seguir resistiendo porque no vamos a volver con las manos vacías a Jujuy. Queremos justicia”, dice Eva de la Finca El Pongo, Perico, una de las personas que se encadenó al Congreso de la Nación.
“La puerta de Tribunales siempre está cerrada, la del Congreso también. Nos hacen ir de un lado a otro, nos atiende la policía o la guardia, que no sabe nada, y nadie nos recibe o da una solución. Hoy vinimos porque están sesionando y sabemos que están ahí dentro, pero nadie quiere salir”, relata Salustriana, integrante de la comunidad de Barrios, departamento de Yavi en la provincia de Jujuy. Hace un día que está en la puerta del Congreso acompañando a cuatro de sus compañeros que permanecen encadenados.
Mientras conversamos quema algunas hierbas en un cuenco y mastica coca, “es la planta sagrada, nos da fuerza y energía”, aclara Salustriana, que advierte, “vamos a tomar medidas muy fuertes”. Luego reprocha el accionar de la Mayoría en diputados, que ni siquiera se acercó al acampe, “invisibilizan el reclamo y la presencia de las comunidades en la Ciudad. Están en esas bancas gracias al voto popular, nosotros hemos puesto el voto, ¿para qué?, ¡para que nos ignoren!”. Sus hijos y nietos la esperan en Yavi. Para viajar a Buenos Aires dejó su trabajo como agricultora y artesana, sus animales, su casa. “Esta lucha es por todos, por eso quiero invitar a todo el pueblo argentino a que se sume. En La Quiaca ya no hay agua, esto recién empieza y nos afecta a todos”, sentencia.
Poner el cuerpo en el reclamo
En Plaza Lavalle un grupo de personas prepara la cena y estira nylons porque se anuncia lluvia. En las puertas del Congreso, una pequeña delegación del Malón acompaña a quiénes continúan encadenados. Suena un bombo y un chico con un megáfono canta:
“Cinco siglos resistiendo. Cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece”.
Al lado de las rejas del Congreso está Delicia sosteniendo una bandera Whipala, tiene un sombrero marrón con arreglos fucsia, verde y amarillo, con pollera al tono. Es del pueblo Kolla, viene de Casa Colorada departamento Cochinoca en la Puna. La tradición de lucha está en su familia, es nieta de uno de los impulsores del primer Malón de la Paz. “Mi abuelo Iginio Atanasio estuvo acá en 1946, por eso vengo, por mi familia y por esa evidencia. Nos siguen sacando recursos y derechos. ¡Se trata de nuestras vidas!”. Delicia salió de su casa hace más de 90 días, estuvo en la resistencia de Abra Pampa y luego inició el camino a la ciudad de Buenos Aires. “El reclamo comenzó en junio con la reforma forzada de la Constitución. Hace muchos días que estamos fuera de casa, es muy duro vivir acá, pero resistimos porque venimos a defender la naturaleza”. A Delicia la esperan sus nietos y sus hijos, cultiva papa, también tiene cabras, llamas, ovejas. Su trabajo con la tierra viene de generaciones, lo hicieron sus abuelos, su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, y ahora ella. “No me voy a rendir, esta lucha es por el futuro, por nuestra tierra y nuestro territorio”.
Actualmente, hay 38 proyectos mineros en el país que tienen al litio como objetivo principal. La mayoría están en exploración avanzada o construcción y sólo 3 se encuentran en producción. En Jujuy, en el Salar de Olaroz -a 4.500 metros sobre el nivel del mar- se encuentra el proyecto Sales de Jujuy que opera una sociedad integrada por la australiana Allkem (que cuenta con el 66,5% de las acciones), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, JEMSE (8,5%). También en la provincia de Jujuy comenzó en junio la producción de litio en el Salar Cauchari-Olaroz. La investigación realizada por la organización periodística Ruido (Red Contra el Silencio Oficial) y la Fundación de Políticas y Derechos Humanos (Fundeps), detalla que Argentina es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente el 30% del litio en el mundo. Y sólo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales. En ese sentido, Eva insiste en la falta de voluntad política del actual Gobierno para enfrentar a Gerardo Morales y a las multinacionales que se apropiaron de los territorios ancestrales.
Las comunidades vinieron a Buenos Aires para mostrar los daños que causan las minas de litio. Los testimonios son concretos: escasez de agua, contaminación de las napas, territorios vendidos a multinacionales a precios irrisorios, hectáreas regaladas con comunidades habitando en las mismas. “Se trata de la vida, somos los guardianes de la naturaleza, la cuidamos tanto porque vivimos de ella”, dice Delicia, que cierra la frase con un gesto de compasión.
Fotos: Carla Guzmán – Fotografía / Agencia Télam.