Sesenta días y ninguna respuesta
Cinco siglos igual
por Mariane Pécora
El 1 de octubre marcó un hito en la lucha de los pueblos originarios. Se cumplieron dos meses desde la llegada del tercer Malón de la Paz a la capital del país. Sesenta días de constante vigilia frente al Palacio de Tribunales en reclamo de justicia y reconocimiento de sus derechos. La espera de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la ilegalidad de la reforma constitucional de Jujuy, así como la sanción de una ley de propiedad comunitaria de la tierra y la intervención de la provincia por parte del Congreso nacional, es ardua y desolada.
Los representantes de las 460 comunidades de pueblos originarios de Jujuy han demostrado, durante estos dos meses, determinación y resistencia. Su presencia en el centro del poder es un recordatorio de la urgencia de abordar las injusticias que enfrentan.
La lucha de estos pueblos va más allá de una simple demanda. Es una lucha por la preservación de su cultura, su historia y su conexión con la tierra. La propiedad comunitaria de la tierra es un reconocimiento fundamental de su identidad y su forma de vida.
La reforma constitucional de Jujuy, promovida por el gobernador Gerardo Morales y sancionada en medio de una feroz represión, con la venia del Partido Justicialista, el pasado 16 de junio, tiene como objetivo criminalizar la protesta social; vulnerar los derechos territoriales, culturales y ambientales de la provincia, en particular de los pueblos originarios; y favorecer el extractivismo en beneficio de empresas extranjeras.
Por esta razón el tercer Malón de la Paz no es ni será tapa de los medios comerciales. Se lo invisibiliza, se lo ignora, se lo ningunea. La defensa de la tierra, el agua, de la vida y del medioambiente se ha convertido en un acto subversivo. La contracara, el lado oscuro, el reverso de un modelo económico extractivista, saqueador, contaminante que se sostiene gracias a la complicidad de los gobiernos de turno, al beneplácito del poder judicial y a la condescendencia del poder legislativo.
El 3 de agosto, el oficialismo en el Congreso de la Nación se comprometió a conformar una comisión bicameral para investigar la nueva Constitución de Jujuy. El 18 de agosto, el presidente Fernández recibió a las comunidades originarias como quien recibe a una legión extranjera -para alguien que considera que este país fue poblado por descendientes de europeos, un kolla no encaja en su acotada formación histórica-. Y, si bien se comprometió a crear una comisión de investigación para garantizar y resguardar los derechos de los pueblos originarios, violentados tras la reforma constitucional de Jujuy, el ministerio de Justicia no ha tomado ninguna acción al respecto.
Mientras que la Suprema Corte ha optado por desentenderse de la cuestión, los cortesanos se rehúsan a estudiar asuntos del orden terreno, como la legalidad de una reforma constitucional.
El mismo hilo conductor
Para el historiador y psicólogo Marcelo Valko, autor de Los indios invisibilizados del Malón de la Paz, entre otros libros, existe un hilo conductor entre la actuación de este gobierno y la de aquel, que en 1946 recibió al primer Malón de la Paz.
Desde la conquista española las comunidades originarias han vivido sometidas a condiciones de explotación extrema, despojadas de la tierra y condenadas a la miseria. En 1946, a meses de la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia del país, un grupo de 174 indígenas de distintas comunidades de las provincias de Salta y Jujuy emprendió una marcha pacífica hacia Capital Federal para reclamar la restitución de sus tierras. El Primer Malón de la Paz partió el 15 de mayo de la región de Abra Pampa, Jujuy, y tras recorrer 2000 kilómetros, ingresó a esta Ciudad el 3 de agosto. Fue tapa de diarios y revistas y recibido por una multitud. El presidente Perón, que prometió restituirles las tierras, subió a dos maloneros al balcón de la Rosada.
La promesa de restitución de tierras, sumada a la exposición mediática, hizo que chacareros, peones rurales y campesinos sin tierra iniciaran comités pro-reforma agraria. Si bien ésta había sido una de las promesas electorales de Perón, el peligro de sentar un precedente jurídico alarmó a terratenientes, sectores hegemónicos y al propio entorno presidencial. El primer Malón puso en cuestión el opaco proceso de distribución la tierra en nuestro país y el sinuoso entramado jurídico que lo regula.
Cuando el poder político advirtió que tendría que incursionar en un tema punzante como la reforma agraria, optó por borrar de la escena lo indígena y su implicancia nacional. Recurrió entonces a la fuerza. La noche del 27 de agosto, la prefectura, con el apoyo de la policía, desalojó violentamente a los maloneros del tercer piso del hotel de los Inmigrantes, donde se hospedaban por invitación del gobierno, y los obligó a abordar un tren con destino a la provincia de Jujuy.
El 7 de agosto de 2006 marcó el inicio del Segundo Malón de la Paz, 60 años después del primero. Las comunidades indígenas iniciaron una marcha hacia la capital de la provincia de Jujuy, para exigir al entonces gobernador Eduardo Fellner el cumplimiento de una orden judicial para la devolución de 15.000 kilómetros cuadrados de tierras ancestrales. Pese a la resistencia de ciertos sectores económicos y políticos, lograron establecer una comisión especial para el relevamiento territorial y la asignación de fondos para las expropiaciones. Este logro representa la resiliencia de los pueblos indígenas en su lucha por la restauración de sus derechos y tierras.
Marcelo Valko, sostiene que el hilo de injusticia impuesto por el poder se mantiene intacto, tanto hoy como entonces. “Esto no está pasando sólo en Jujuy. En 2021, el gobernador Mariano Arcioni de Chubut modificó la ley a favor de las megamineras, lo que derivó en el Chubutazo, que le obligó a dar marcha atrás en esta aberración jurídica”, dice. Afirma que, pese la invisibilidad, la amnesia colectiva y la ignominia, este tercer Malón de la Paz ya tiene su lugar en la historia. La determinación, resistencia y perseverancia de sus protagonistas, lo hicieron posible.
No ha pasado un solo día sin hacerse oír: en Plaza de Mayo, en el Obelisco, en el Congreso, los jueves en la Ronda de la Madres, los fines de semana en avenida Corrientes. Y cada día en Plaza Lavalle, acompañado de músicos, artistas, intelectuales, educadores, periodistas, a veces políticos. El Malón se inscribe en la historia. No se rinde. Pero como apunta Valko: “Los representantes de las comunidades originarias no vinieron a cantar coplas, ni a escuchar historias, ni a organizar recitales. No son una postal colorida… Al igual que en 1946, vinieron a exigir su derecho a la tierra, para defender el agua, el medio ambiente y la vida. Exigen ser escuchados”.
Maloneras
Las mujeres tienen un protagonismo esencial en este tercer Malón de la Paz, algunas de ellas han venido con sus hijos, otras traen la sabiduría y la templanza de los años. Saben por qué luchan, cada embate del neoliberalismo les recorta un derecho. Con la reforma de la constitución de Jujuy la tierra, la pacha, que proporciona alimentos y animales, está en peligro. El agua está en peligro. La vida está en peligro. Ellas están en peligro.
Jorgelina que representa a la Comunidad Escobar de Yavi, localidad situada al nordeste de la provincia de Jujuy donde en 1874 se produjo la primera rebelión indígena en demanda de tierras, destaca que generación tras generación siguen en la misma lucha. “A pesar de ser argentinos y de haber combatido en la guerra por la independencia, los pueblos originarios no teenemos derecho a la tierra”, dice y denuncia que Gerardo Morales en lugar de gobernar para beneficiar al pueblo, lo hace para enriquecer a las empresas extractivistas extranjeras. Por esta razón afirma, “Vamos a seguir luchando hasta que la reforma constitucional se anule”.
La situación en Jujuy es grave y urgente, especialmente para las comunidades originarias que se encuentran en la provincia. Dulce, representante de la nación Kolla y miembro del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, expone la alarmante realidad que enfrentan.
El problema del agua es preocupante. Dulce se pregunta: “¿Qué pasa si nos quitan el agua para extraer litio?”. Explica que existen distintas formas de trabajar el litio sin dañar el agua, pero advierte: “Están matando el agua, y poniendo en peligro la reserva de agua dulce vital para el país”.
Denuncia, también, que la tierra para producir alimentos se utiliza para otros fines, como el cultivo de marihuana o los negocios inmobiliarios. “Y así nos van quitando todo y, en ese proceso, mucha gente se muere en la lucha o de tristeza”, dice.
A pesar de la represión, las persecuciones y los gases lacrimógenos, Dulce asegura que seguirán luchando. Para ellos, el genocidio que comenzó con la conquista aún continúa, y se niegan a depender de planes sociales o vender cualquier cosa en la calle para sobrevivir. Su visión de propiedad es comunitaria, donde todo pertenece a la comunidad y las decisiones se toman en asambleas. Ningún documento legal puede despojarlos de su tierra. “Si esa es la forma que tiene Occidente para cambiar la realidad, con nosotros falló”, afirma.
Por último, Dulce destaca que la lucha por el territorio ancestral es una causa común entre las comunidades originarias, y que la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales ha traspasado los límites establecidos en los códigos de convivencia a nivel nacional e internacional. Esta situación requiere una atención urgente y acciones que protejan los derechos y la vida de las comunidades originarias en Jujuy.
La opresión que se ejerce sobre las comunidades es palpable. Patricia, presidenta de la comunidad aimara Colocó de la Quebrada de Humahuaca, lo sabe. Asegura que el gobernador Morales ha puesto precio a cada malonero. “Ahora sí nos dan un valor, valemos 3.000.000 de pesos cada uno, me gustaría valer esa cifra para donársela a mis hermanos y a esta causa, no por ser considerada una delincuente”, declara.
Patricia, quien participó en el segundo Malón en 2006 y ahora en este tercer Malón, sigue el ejemplo de lucha de sus ancestros. “No nos importa esperar, llorar, caer y levantarnos, porque sabemos que estamos defendiendo el territorio, el agua y la vida de todos los argentinos”.
La referente aimara asegura que Jujuy es el modelo político que se quiere imponer en todo el país y denuncia que el gobierno provincial está vendiendo tierras con indígenas adentro. “Sí, somos indios. Sabemos lo que estamos defendiendo: los recursos naturales, la vida y el territorio. Esperamos que, de una vez por todas, los diputados hagan honor a sus sueldos y se dispongan a tratar la intervención federal de la provincia de Jujuy”.
Foto de portada: Carla Guzmán – Fotografías: Agencia Télam.