Extractivismo Urbano

El rol de Estado

El Estado es el encargado de edificar marcos legales e institucionales a gusto y preferencia de las grandes corporaciones. Durante la gestión macrista, la Agencia de Administración de Bienes del Estado cumplió el rol de una verdadera inmobiliaria estatal, poniendo toda su maquinaria institucional en función de los intereses del mercado inmobiliario porteño.

Martín Cosentino tiró la primera piedra. El 27 de enero de 2020, el actual titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado nacional, denunció ante la prensa la discrecionalidad con que actuó ese organismo durante el gobierno macrista, sobre todo en la última etapa de la gestión: “Esto comienza con un decreto de necesidad de urgencia, firmado el día siguiente a la derrota electoral. El 28 de octubre, Macri autoriza a la Agencia a compensar las deudas que Nación mantenía con Ciudad a partir de la cesión de tierras que, en definitiva, son de todos los argentinos y argentinas”, señaló el funcionario y manifestó que durante el último trimestre del año pasado, Nación transfirió a Ciudad un monto de alrededor de 15.800 millones de pesos en terrenos de un alto valor comercial como lo son los del Paseo del Bajo, en los Viaductos del ferrocarril Mitre y San Martín y los terrenos ferroviarios de Caballito y Palermo.

Durante la entrevista, un incrédulo Gustavo Silvestre repregunta o intenta minimizar la gravedad de los hechos. Cosentino sostuvo que desde la lógica institucional el decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri carece de legitimidad. “Cede terrenos como forma de pago de las obras que no han concluido, como son las de elevación de los ferrocarriles ferrocarriles Mitre y San Martín. Esto permitió que el 7 de noviembre de 2019, se firmara la concesión por 30 años del viaducto Mitre, que comenzará a funcionar recién en el 20124 y el 9 de diciembre la adjudicación del viaducto San Martín, también por 30 años, y que se iniciará recién en 2025”. El funcionario, también, mencionó que la Ley de responsabilidad fiscal prohíbe taxativamente comprometer presupuestos y cesión de bienes a la gestión siguiente 6 meses antes de la finalización del mandato y aseguró “Hay que ver si el DNU habilita legalmente a esto o no”.

La defensa de la Ciudad
Días después de estas declaraciones, el 3 de febrero de 2020, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en forma conjunta con otras organizaciones sociales denunciaron penalmente a Mauricio Macri y al ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública”. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 que, tras el fallecimiento del Juez Claudio Bonadio, subroga Marcelo Martínez de Giorgi.

En una entrevista concedida a la revista Cítrica, Jonatan Baldivieso, abogado y director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, señala que Lanús no contaba con el aval de Congreso de la Nación a la hora de firmar la adjudicación de estos predios. Es decir, no estaba habilitado. Un dictamen técnico interno la Sindicatura General de la Nación, que fue literalmente desoído por el funcionario,  advierte sobre esta situación.

El primero de marzo de 2020, las partes demandantes presentaron una ampliación de  la denuncia penal contra Mauricio Macri y Ramón Lanús, por la transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires realizados en forma ilegal e inconstitucional y solicitaron que se investigue la posible comisión del delito de Asociación Ilícita.  

¿Qué dice la denuncia?
La denuncia del Observatorio del Derecho a la Ciudad da cuenta que  a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas y otros convenios firmados con Agencia de Administración de Bienes del Estado, Mauricio Macri autorizó la venta de aproximadamente 150 inmuebles nacionales, 80 de ellos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de los cuales  fueron vendidos sin contar la autorización del Congreso Nacional, como establece la Constitución Nacional.

También refiere a los convenios, firmados entre Nación y Ciudad el 11 y 13 de noviembre de 2019 -después de las elecciones y a un mes de finalizar Macri su mandato-, mediante los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Estos predios pertenecen a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur. Como indica Martín Cosentino más arriba, estas trasferencias violan la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece que: “durante los últimos dos trimestres del su mandato los funcionarios tienen prohibido realizar cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos”.

El terreno ubicado en Puerto Madero donde funciona el Darling Tennis Club, fue transferido por Nación a Ciudad, mientras se celebraba la última sesión del año de la Legislatura porteña, el 5 de diciembre 2019. El oficialismo, que hasta entonces contaba con mayoría automática, aceptó el inmueble y de inmediato lo declaró innecesario y lo puso a disposición del Ejecutivo, para que “precisamente lo ejecute”.

El 8 de noviembre de 2019, la Agencia de Bienes del Estado traspasó a la Ciudad de Buenos Aires  diez (10) inmuebles correspondientes a los playones ferroviarios de Caballito y Palermo por el valor de 36 millones de dólares. Un mes antes, el 8 de octubre del año pasado, la Comisión Fiscalizadora de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.  emitió un dictamen donde desaconsejaba realizar cualquier tipo de transferencia o cesión de tierras que violara la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

En mismo sentido, un dictamen técnico de la Sindicatura General de la Nación,  desaconsejó a Ramón Lanús hacer cesión de inmuebles sin el aval del Congreso Nacional. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2019 -a tan sólo un día de dejar su cargo-, el funcionario firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A.

Estas irregularidades que dan cuerpo a la denuncia.

Decretos ponen en suspenso la cesión de tierras
A mediados de febrero de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó dos decretos respecto a la cesión de tierras efectuadas durante la gestión macrista.

El primero de ellos, deroga el artículo que habilitaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a cancelar deudas con la Ciudad a través de la cesión en pago de bienes inmuebles nacionales. Considera que este mecanismo desnaturaliza la función asignada a este organismo, dado que implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado nacional.
Al tiempo que vulnera normas elementales en materia de competencias, al facultar a este ente a disponer de la cesión de inmuebles con el fin de cancelar deudas, afrontar compromisos de asistencia económico-financiera o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que pudiera haber asumido el Estado Nacional, sin contar con la verificación exhaustiva de su procedencia y cuantía, ni de su eventual previsión presupuestaria.
Destaca, también, que estas transacciones resultan improcedentes toda vez que se realizan por el monto de la tasación oficial. Situación que se torna más gravosa y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la cesión en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la ciudad de Buenos Aires.

El segundo de estos decretos instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o cesión en pago de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, bajo sospecha  que éstos resulten nulos o ilícitos.

Si bien estas medidas no anulan la venta de tierras nacionales a privados ni las transferencias realizadas a la Ciudad, ponen freno a la voracidad subastadora de Larreta.

Un freno no es punto final, ni una vuelta atrás.

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