El Gobierno porteño debe garantizar la vivienda

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario María Soledad Larrea ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “en el plazo de cinco días adopte las medidas necesarias a fin de garantizar vivienda a una persona discapacitada” que actualmente habita un inmueble que debe ser desalojado.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la magistrada tomó esa decisión en el marco de una acción de amparo presentada por el matrimonio integrado por Rubén Walter Romero Rodríguez y Mónica Silvia Manes para que “se le provea una solución de vivienda estable y permanente, que brinde una adecuada solución a sus requerimientos de vivienda”.
Según constancias del expediente la mujer de 61 años de edad, padece “graves problemas de salud”, según lo acreditó con un “certificado de discapacidad”, y junto Romero Rodríguez, de 59 años, “se encuentran pernoctando junto a siete familiares en una vivienda en la que deben desalojar con carácter urgente”.
La jueza analizó que la pareja “realiza venta de comida en la vía pública, pero debido al accionar de los organismos de control y la Policía, se encuentran sumamente vulnerables” y que sólo percibe “la pensión no contributiva por discapacidad de Mónica y el Programa Ticket Social del que es beneficiaria debido a su situación de inseguridad alimentaria”.
El fallo pone énfasis en el “compromiso asumido por la Ciudad de Buenos Aires no se limita únicamente a la provisión de alojamiento y/o subsidios habitacionales, sino que esto se complementa con procesos de seguimiento y formación para que esas personas superen su situación de vulnerabilidad”.

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