Habeas Corpus colectivo para garantizar el derecho a la protesta
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte una medida cautelar que obligue al Estado argentino a garantizar el derecho a manifestarse y la seguridad de los manifestantes, tras las graves violaciones a los derechos humanos durante las recientes manifestaciones en Plaza Congreso. La CPM considera que existe un riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad durante el debate parlamentario, por lo que se requieren medidas preventivas para evitar detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de gases químicos y balas de goma. Además, este organismo elevó un habeas corpus preventivo y colectivo, que fue rechazado en primera instancia y será analizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En tanto que se presentó como amicus curiae en el habeas corpus colectivo que analiza el protocolo antipiquetes.
El lunes, en la previa a la reanudación de las sesiones parlamentarias en donde se discute la ley de “Bases”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó que se dicte una medida cautelar a favor de todas las personas que asistan a las manifestaciones. El escrito señala que las represiones ocurridas la semana pasada configuran una situación de extrema gravedad, urgencia y la inminencia de daño irreparable a las personas en el marco de acciones que lesionan derechos fundamentales del sistema interamericano de Derechos Humanos por parte del Estado argentino. Esta solicitud se enmarca en el contexto de tensiones políticas y sociales en Argentina, y busca proteger los derechos humanos de los manifestantes que participan en las protestas.
La solicitud de implementación de medidas preventivas se debe al riesgo de posibles actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El requerimiento se fundamenta en la violencia que se registró durante las protestas de la semana pasada, la cual fue monitoreada por la Comisión Provincial por la Memoria en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en colaboración con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este informe, presentado a la Cámara de Diputados de la Nación, documenta el resultado del monitoreo realizado, el cual revela la presencia de 23 detenciones arbitrarias y 285 personas que sufrieron lesiones causadas por gases, golpes con tonfa o disparos con postas de goma, muchas de ellas en áreas vitales a pesar de estar prohibido por los protocolos nacionales e internacionales. Además, se reportaron agresiones a más de 35 periodistas y 5 observadores/as de derechos humanos, así como la portación de armas de fuego con pista de plomo, entre otras graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos. Este informe pone de manifiesto la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de los protocolos establecidos para evitar abusos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
La presentación de la Comisión de Política Criminal y Penitenciaria (CPM) retoma numerosos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se centra en la preocupación por las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta. Se destaca la necesidad de que los Estados dejen de aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comunes en protestas, como los cortes de ruta o los actos de desorden que no afectan la vida, la seguridad o la libertad de las personas. Estas acciones son consideradas como formas legítimas de ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación. La criminalización, definida como el uso abusivo o arbitrario del derecho penal, contravencional o de faltas contra manifestantes, a menudo comienza con detenciones arbitrarias durante el desarrollo de las protestas.
Las detenciones registradas durante las movilizaciones de la semana pasada han generado controversia con relación a lo señalado por la CIDH. Se trata de detenciones motivadas por la decisión arbitraria de las fuerzas policiales contra manifestantes que ejercían su derecho de expresión y petición de manera pacífica. En la mayoría de los casos, las aprehensiones resultaron desproporcionadas y justificadas mediante el tipo penal de resistencia a la autoridad, sin que existiera un indicio evidente de la configuración de las acciones que el propio tipo exige.
Debido a la extrema gravedad y urgencia que reviste el caso, la medida cautelar solicitada por la CPM exige que se dispongan mecanismos que aseguren el efectivo e incondicional ejercicio del derecho de manifestación y la libertad e integridad de las personas que asistan. También se pide que el Estado argentino suspenda el cumplimiento efectivo de las normas dictadas mediante el DNU o la ley «Bases», que contradicen el sistema interamericano de garantías a la hora de la efectiva tutela del derecho a la protesta.
En este sendtido, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo y preventivo ante la justicia nacional en apoyo a todas las personas que participen en manifestaciones en la zona de Plaza de Congreso durante el debate parlamentario. El documento solicita que se implementen medidas de protección y que, dada la represión ocurrida la semana pasada, se exija a las fuerzas policiales federales y de la Ciudad de Buenos Aires que ajusten el uso de vehículos y armamentos a criterios de razonabilidad, excepcionalidad, proporcionalidad y mínima lesividad. Esto implica el cese del uso de gases químicos en todas las circunstancias, el uso de postas de goma solo en casos excepcionales en los que esté en riesgo la integridad de terceros o del personal policial, y la prohibición de portar armas de fuego, evitando que estas queden cerca de las manifestaciones, de acuerdo con los protocolos internacionales.
Además de las medidas solicitadas, la CPM también ha requerido una serie de medidas de prueba para que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informen sobre las personas detenidas durante las manifestaciones de la semana pasada. Esto se debe a la discrepancia entre el número de detenciones informadas por la justicia (23) y las 31 declaradas públicamente por la ministra Patricia Bullrich y su homólogo porteño, Waldo Wolff. También se solicita a los ministerios que informen sobre los criterios, protocolos y modalidades de actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, y que remitan muestras de los gases tipo spray utilizados por las distintas fuerzas para su análisis químico y su impacto en la salud de las personas.
El habeas fue rechazado en primera instancia por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61 Luis Schelgel, quien sólo se limitó a girar la presentación a la Cámara para que sortee el Tribunal que investiguen penalmente los hechos denunciados, pero no consideró la necesidad de imponer medidas preventivas. Tras su rechazo, el habeas será analizado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Por otro lado, la CPM se presentó hoy también como amicus curiae en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello y analiza el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.