La calle no es un lugar para vivir
por Maria Miel Griguoli
Las calles de la Ciudad están pobladas de personas a las que no les queda un techo donde cobijarse. La desocupación, la desidia estatal, el hambre, la persecución policial, y la marginación, aparecen como el emergente de un tiempo de pandemia donde los cuidados preventivos y hasta el acceso a la vacuna contra el Covid-19 se muestran como un privilegio de clase.
Si nos preguntamos qué políticas ha diseñado el Gobierno porteño para enfrentar esta emergencia habitacional, obtendremos respuestas nada auspiciosas.
En un contexto donde la población en situación de calle se incrementa día a día, el presupuesto anual 2021 destinado a resolver el déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires arroja un sabor amargo. No contempla ningún aumento respecto a períodos anteriores; por el contrario, mantiene desde hace más de 4 años una tendencia decreciente.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) da cuenta de una baja presupuestaria del 17% en relación al año anterior. El presupuesto destinado a las villas de emergencia presenta una disminución del 67,9% en relación a lo estipulado en 2019, lo que torna inviable el desarrollo de nuevos procesos de urbanización en estos territorios, mientras que el monto asignado a la población en situación de calle, o en riesgo de estarlo, mantiene la misma variable que se había estipulado en el periodo pasado, cuando nadie imaginaba la llegada de la pandemia y la crisis económica que sobrevendría.
Para dimensionar la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad, Periódico VAS entrevistó a Leandro Moyano, miembro del equipo de comunicación de la ACIJ.
¿Qué estrategia se han dado las autoridades porteñas en el diseño del presupuesto 2021 respecto de la emergencia habitacional en la Ciudad?
A pesar de que lo esperable en el actual contexto Covid-19 hubiera sido aumentar el presupuesto destinado a la protección de las personas en situación de calle, a fin de poder implementar medidas de largo plazo que den soluciones integrales a esta población, no se proyecta ningún aumento presupuestario para el 2021 y la meta de familias asistidas por los subsidios habitacionales se mantiene fija en 19.600.
Este escenario es grave teniendo en cuenta que pronto culmina la suspensión de desalojos dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional Nº 320/20, por lo que presumiblemente la cantidad de personas en situación de calle va a aumentar, y con ello la necesidad de implementar políticas públicas más amplias para dar respuesta.
Teniendo en cuenta que el número de personas en situación de calle se incrementó ante el contexto Covid 19 ¿Qué propuesta puede aportar la organización, desde políticas públicas hasta acciones de emergencia?
Si algo dejó en claro esta pandemia es que la calle no es un lugar para vivir. En un escenario de crisis sanitaria y socioeconómica, que sin duda amplió notablemente la población en situación de calle, el desarrollo de políticas adecuadas será una de las principales tareas a encarar. En este sentido, en diciembre de 2020 se creó una mesa de trabajo entre organizaciones sociales, organismos de defensa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar en forma conjunta la metodología e implementación del Censo anual de personas en situación de calle.
Creemos que la mesa de trabajo es un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial. Tras fallidos intentos de que el Gobierno de la Ciudad corrigiera su metodología de conteo, las organizaciones sociales nos dispusimos a realizar el Primer Censo Popular de personas en situación de calle en 2017 y lo repetimos en 2019. Ambos censos contabilizaron miles de personas más que los datos oficiales y registraron en profundidad las características de la población que vive en situación de calle. Hasta el presente los conteos del Gobierno de la Ciudad sub registran a las personas que efectivamente están en situación de calle o corren el riesgo de estarlo, como la población que pernocta en los albergues o la que se aloja en hoteles, y dejan de lado cualquier análisis cualitativo de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo.
¿Qué sucede cuando la información “oficial” no refleja la realidad de las calles?
Hemos llevado adelante proyectos en los que debimos construir datos por la inexistencia de los mismos. Sólo por nombrar algunos casos, en 2017 y 2019 llevamos adelante con organizaciones sociales y organismos de la defensa pública el Censo Popular de Gente en Situación de Calle, para conocer efectivamente cuánta gente estaba viviendo en esa condición. También, desde el 2015 desarrollamos Caminos de la Villa, una plataforma que permite georeferenciar obras públicas en villas y asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires de manera accesible, completa y actualizada. Para su implementación, debimos generar un dato específico como el mapa de las villas de la ciudad, dado que no figuraban hasta ese momento en los mapas oficiales.
En los casos en los que la información no está publicada, hacemos uso de Ley de acceso a la información (Ley 104), que indica que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna.
Respecto al contexto que atravesamos desde marzo del año pasado, hubo algunas medidas tanto del Gobierno nacional como de Ciudad que procuraron proteger a las personas más vulnerables. Pero estas medidas no alcanzan siquiera a cubrir los números anteriores a la pandemia. La gran mayoría de las personas en situación de calle tiene algún problema de salud. El 38,1% padece alguna enfermedad respiratoria, condición que genera mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. Por otra parte, el 10% de esta población tiene más de 60 años, grupo etario presenta la tasa más elevada de mortalidad ante esta pandemia.
Finalmente, sobre el decreto que suspende los desalojos podemos identificar dos problemas: por un lado, no se prevé la suspensión de desalojos de “casas ocupadas”, sino que los dos supuestos que contempla son por falta de pago del alquiler o del crédito hipotecario; por otro lado, no se han establecido mecanismos ni organismos competentes a cargo de la supervisión del acatamiento de lo dispuesto por los decretos. Lo grave es que esta normativa vence el próximo 31 de marzo de 2021 y no se conocen las medidas que van adoptarse con posterioridad a esa fecha. tampoco se han contemplado políticas que apunten a iniciar un proceso de desendeudamiento de la población inquilina y no propietaria.
El presupuesto para resolver el déficit habitacional tiene una tendencia decreciente, esta disminución comenzó hace unos años (desde el 2018). ¿A qué se debe la ausencia del Estado? ¿Qué sucede cuando los años fueron acumulando emergencias y de un día para el otro comenzamos a vivir en un contexto de pandemia mundial en un país que, con poca fuerza, fue intentando salir adelante después de 4 años devastadores de neoliberalismo?
El presupuesto 2020, desde ya, no contemplaba asignaciones presupuestarias relativas al COVID 19 o la crisis sanitaria causada por esta pandemia. Cuando se desató la crisis debieron hacerse reasignaciones presupuestarias y destinar fondos a rubros que no existían al momento de presupuestar, ejemplo de esto es el Ingreso Familiar de Emergencia.
Respecto del presupuesto destinado a hábitat y vivienda en particular, en un año atravesado por la profunda crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Ministerio tuvo un bajo nivel de ejecución (31.6% del vigente para 2020). Si bien el presupuesto 2021 en este rubro aumenta, uno de los desafíos que deberán afrontarse en este año será poder implementar el presupuesto asignado para abordar las problemáticas vinculadas al hábitat, que se profundizan en el actual contexto.
El informe de la ACIJ intenta visibilizar la realidad que atravesamos como país, las dificultades y trabas a las que se enfrentan muchas organizaciones y también re-pensar acerca de la gestión de problemáticas tan frágiles como lo es el derecho a una vivienda.