La ciudad autónoma de los sin techo

por Mariano Pagnucco

Hay algo de cartón pintado en la cara reluciente que las grandes ciudades le muestran al turismo. Buenos Aires no es la excepción: su emblemático Obelisco, su pintoresco Caminito, su luminosa avenida Corrientes, su tradicional Feria de Mataderos, su adoquinado San Telmo… Lo que está latente detrás del decorado turístico es una realidad cada vez más difícil de ocultar a los ojos curiosos de los visitantes: Buenos Aires tiene casi 6 mil personas en situación de calle, entre quienes efectivamente duermen en el espacio público (4.394 personas) y quienes utilizan los alojamientos nocturnos que provee el Gobierno de la ciudad (1.478 personas). Si se consideran también las personas en riesgo de quedar en la calle (habitantes de propiedades con orden de desalojo, ocupantes de viviendas precarias, ciudadanos próximos a egresar de alguna institución estatal) la cifra trepa a 20 mil.

Son cifras de 2017 -no reconocidas oficialmente- que surgieron del 1° Censo Popular de Personas en Situación de Calle llevado adelante por más de 30 organizaciones que trabajan a diario con esta problemática. Según los números felices que maneja el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el año pasado había solamente 1.091 personas padeciendo esta situación. La diferencia en las estadísticas es notoria, tanto como la diversidad de miradas que hay sobre el abordaje del problema, ya sea que se mire desde los despachos del poder o desde las mismas calles porteñas.

Los números hablan

Al cierre de esta edición de Periódico VAS se estaban procesando los números del 2° Censo Popular que se realizó entre el 25 y el 28 de abril con la participación de más de 500 voluntarios. “No hace falta hacer ningún relevamiento para darse cuenta de que creció la cantidad de gente en situación de calle, con caminar la ciudad alcanza”, dice Jorgelina Di Iorio, psicóloga e integrante de la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, que cada domingo sostiene una olla popular para atender el déficit del Gobierno porteño. Como investigadora del CONICET, Jorgelina viene trabajando desde hace unos 15 años con las dinámicas de integración y exclusión de las personas en situación de calle en el espacio público. “La falta de datos es un modo en que se ejerce la violencia institucional desde el Estado, porque si tus cifras dicen que hay 1.000 personas en la calle, vos ponés presupuesto para esa cantidad”, aporta.

Para Claudia Enrich, coordinadora de Ciudad Sin Techo -una organización que hace siete años trabaja en el territorio con la población de calle-, los números del nuevo censo reflejarán con claridad el deterioro de las condiciones de vida en la ciudad más rica de la Argentina. Según cuenta, en la zona censada por su grupo (el perímetro de las avenidas Rivadavia, Callao, Córdoba y Alicia Moreau de Justo) la cifra total de 2017 era 83 personas, y este año contaron 130 personas en un solo día de relevamiento. Las Comunas 1, 3 y 4 son los puntos de Buenos Aires donde se concentra más de la mitad de la gente en situación de calle. Una recorrida por las plazas y los espacios públicos de San Nicolás, San Telmo, La Boca, Balvanera y Constitución alcanza para entender la dimensión de un problema al que el macrismo le ha dado la espalda desde siempre, y que se ha agravado con el deterioro económico nacional.

¿Se animará Larreta a decir este año que las cifras oficiales dan menos de 2.000 personas viviendo y durmiendo en la calle, cuando los datos de 2018 señalaron que en la capital argentina hay 198.000 indigentes? De ser así, estaría desmintiendo a la Dirección General de Estadísticas del distrito que él administra desde 2015, que también indicó que en su gestión de tres años los indigentes aumentaron un 98%.

La doctrina del palo
La obsesión del PRO por mantener despejados los espacios públicos también tuvo un tinte violento durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015), y justamente la población de calle fue blanco de esa violencia. En octubre de 2008, el entonces jefe de Gobierno firmó un decreto para la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuya finalidad formal era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. El detalle contradictorio es que los agentes de la UCEP (en algunos casos, barrabravas de clubes de fútbol) patrullaban la Ciudad de madrugada y -lejos de persuadir- amenazaban, golpeaban y desalojaban a las personas en situación de calle quitándoles sus colchones y pertenencias para arrojarlos en un camión recolector de residuos. A pesar de denuncias formuladas por organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las denuncias contra Macri y sus funcionarios no prosperaron en la Justicia.
Horacio Rodríguez Larreta hizo de esta obsesión toda una ingeniería de gobierno. Adoptó medidas que, si no fuera por la implícita crueldad que exhiben, podrían resultar hilarantes. Una de ellas llegó a deslumbrar a la prensa europea, fue la instalación de contenedores de residuos inteligentes con apertura de tarjeta magnética en la avenida Corrientes para que los pobres no puedan abastecerse con las sobras de restaurantes y pizzerías de la zona. De esto dio cuenta el portal español Nueva Tribuna en la nota titulada “Los contenedores inteligentes de un alcalde idiota”, escrita por el periodista Walter C. Medinai.1

Si bien la UCEP dejó de funcionar oficialmente a fines de 2009, en lo concreto siguió operando en las calles porteñas y la metodología violenta no cesó. Claudia Enrich relata su experiencia durante el Censo Popular 2019: “Está claro que el Gobierno porteño tiene políticas públicas represivas para esta población. Sabemos que desalojaron ranchadas, lo cual es ridículo porque si vos desalojás gente en situación de calle, esa gente queda ¡en la calle!”.

Claudia y otras personas que participaron del Censo, corroboraron esta actitud de parte las autoridades porteñas. No sólo lanzaron un censo paralelo, también despejaron algunos sectores de la Ciudad para que las cifras del relevamiento fueran menores. En algunos casos, explican, se les otorgaron subsidios para pasar algunas noches en hoteles familiares, pero también hubo métodos menos diplomáticos: “En una ranchada de Plaza Lavalle (frente al Palacio de Justicia) había 80 personas que fueron violentamente reprimidas y desalojadas de ese lugar para que no los censáramos”.

Sin derecho a la Ciudad
Los avances en materia de derechos para las personas sin techo fueron producto de la disputa política en distintos terrenos. Luego de la aparición de la UCEP, un conjunto de organizaciones y espacios partidarios comenzó a presionar al Gobierno de la Ciudad para que diera una respuesta acorde a las necesidades reales de esa franja de la sociedad que no entraba en las prioridades gubernamentales. Así fue como la Legislatura porteña sancionó en diciembre de 2010 la Ley 3706 de “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”. Uno de los aspectos valiosos de la norma es que encuadra dentro de sus alcances a la amplia población de ciudadanos “en riesgo”, más allá de quienes efectivamente duermen en el espacio público.

El artículo 4 de la Ley 3706 señala entre los deberes del Estado: “La realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.

Si bien la ley fue aprobada por el Ejecutivo, en enero de 2011 el alcalde Macri vetó su artículo 5°, el que se refiere al derecho a la Ciudad “definido como una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. Entre los fundamentos del veto, Macri señalaba que ese artículo tenía “un importante grado de imprecisión que generaría dificultades en su eventual aplicación”.

La liberación porteña
Las dificultades de aplicación de la norma se siguen comprobando hasta hoy, pero no por imprecisiones legislativas sino por falta de voluntad política. De hecho, el Censo Popular nació como una respuesta colectiva frente a las poco creíbles cifras que el Gobierno porteño compartía sobre la gente en situación de calle: durante varios años el número oficial fue inferior a 1.000, mientras que la realidad concreta mostraba otra cosa.

Con el impulso de espacios político-sociales como Abrigar Derechos, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Defensa porteño, el Movimiento Popular La Dignidad, No Tan Distintas, la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad y Proyecto 7 – Gente en situación de calle, entre otras organizaciones adherentes, se logró construir una herramienta para relevar no solo la cantidad de personas afectadas por esta problemática, sino también sus condiciones económicas, su estado de salud, el acceso o no a las políticas públicas y demás datos claves que el Estado ignora sobre esta población.

¿Qué mirada tiene la gestión macrista sobre estos ciudadanos sin derechos? “Lo ideal es reinsertarlos, lograr que ellos encuentren un camino, una luz en su vida para volver a ser parte de la sociedad, porque están como afuera, son invisibles a la sociedad”, dice Macri ante la pregunta del periodista popular Fabio Manuppella, que antes de volcarse a la comunicación territorial estuvo más de 10 años entre ranchadas y paradores. Ese momento está registrado en el documental “A mí no me contaron” que filmó Leandro Pagano para acompañar la realización del 1° Censo Popular en 2017. Una joya que está disponible en YouTube.

Mientras se procesan los datos del nuevo censo -que sin dudas confirmarán las presunciones de quienes conocen la problemática de cerca-, Fito Páez aporta algo de letra en su disco más reciente, “La ciudad liberada”, que se gestó tras su visita al Centro de Integración Monteagudo de Parque Patricios. En la canción que le da nombre al disco, Fito canta: “La calle no es un buen lugar para vivir y mucho menos para morir. Transmítelo”.
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1. https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/contenedoresinteligentes-alcalde-idiota-argentina-pobreza/20190417124437161954.html

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