La disputa por el derecho al río

Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la costa ribereña es de dominio público y de libre acceso y circulación, lo cierto es que desde hace años el Ejecutivo porteño  articula su venta.

En 2019 en un maratónica ultima sesión de legislativa, el bloque oficialista (Vamos Juntos) y sus aliados: de los bloques aliados UCR-Evolución, que lidera el senador nacional por la CABA Martín Lousteau, y del Partido Socialista, encabezado por legislador Roy Cortina, aprobaron la venta de los predios conocidos como Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte. La falta legitimidad constitucional de esta normativa impulsó a la diputada nacional Gabriela Cerrutti y al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) a presentar un recurso de amparo ante la Justicia local.

En la medida, los amparistas manifestaron que, al tratarse de terrenos de dominio público, la propuesta del Ejecutivo para la venta de estos predios debía ajustarse a los procesos previstos en la Constitución porteña, entre ellos, la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió ya que no convocó a la instancia de participación ciudadana.

El 27 de abril de 2021, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Leonardo Furchi, hizo lugar a esta demanda y determinó que la ley que autoriza la venta del predio de Costa Salguero es inconstitucional. En la resolución, el magistrado consideró “razonable concluir que la ley que aquí se cuestiona debió haber sido precedida por el tratamiento legislativo diferenciado establecido en la Constitución local en tanto el inmueble objeto de la litis se trata de un bien de dominio público cuya desafectación requería de la realización de la audiencia pública (art. 63) y del procedimiento de doble lectura (arts. 89 y 90)”.

En pocas palabras, la norma que puso a disposición por parte del Poder Ejecutivo los predios de Costanera Norte es inconstitucional porque incumple con el proceso de convocatoria a audiencia pública por parte del Estado porteño “obligatorio antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Y fue sancionada eludiendo los mecanismos legislativos “de doble lectura”, establecidos para el tratamiento de las iniciativas del Ejecutivo que contemplen la “desafectación de los inmuebles del dominio público”.

De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó suspendida y se estima que la medida judicial incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura que intenta modificar las normas urbanísticas del polígono costero para habilitar el proyecto para la construcción de edificios en el lugar. Iniciativa fuertemente resistida por organizaciones sociales y políticas que exigen un espacio verde y público en el lugar.

Efectivamente, mientras la constitucionalidad de la norma se dirimía en la Justicia, en octubre de 2020, pandemia mediante, en la Legislatura porteña oficialismo y aliados dieron curso al proyecto del Ejecutivo de rezonificación de Costanera Norte para el desarrollo de un proyecto urbanístico con edificios, oficinas y comercios, determinando que los fondos obtenidos de la venta de los terrenos serían destinados al financiamiento de obras de salud y educación.

Esta vez si se realizó la correspondiente Audiencia Pública, que contó con una significativa cantidad de oradores y se extendió dos meses, con el resultante que la mayoría de los personas que participaron se resisten a la urbanización de estos predios. En tanto que un conjunto de organizaciones sociales y políticas pugnan por erigir en el lugar un espacio verde ribereño publico y de libre acceso.

El triunfo de la lucha colectiva
“La sentencia judicial que declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero es la conquista y el reconocimiento de una gran lucha colectiva y ciudadana”, señaló el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, y agregó “Hace más de 25 años que venimos diciendo que la Costanera tiene que transformarse en un gran parque público y que no tiene que ser privatizada”.

“El juez, en su sentencia, declaró la nulidad y la inconstitucionalidad de esta ley, porque la Legislatura no siguió los procedimientos de doble lectura establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura no hizo ese procedimiento -afirmó Baldiviezo- sino que votó una primera sanción e hizo pasar esa ley como una ley aprobada en forma definitiva”.

Al no seguir el procedimiento de doble lectura y no convocar a una audiencia pública, el oficialismo porteño “violó el mandato de gobernar como una democracia participativa”, añadió Baldiviezo y estimó que “si el Gobierno o la Legislatura hubiesen convocado a la audiencia pública, hubiese ocurrido lo mismo que en diciembre y enero últimos, cuando 2.000 ciudadanos y ciudadanas -el 98% de los oradores- rechazaron la privatización de la Costanera”.

“Si no se puede vender, la discusión sobre el gran emprendimiento inmobiliario pierde sentido. Porque el Gobierno pensaba venderlo para autorizar la construcción” apunto el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y acotó que la justicia porteña resolvió en forma similar hace unas semanas, cuando el juez Gallardo “suspendió la venta de aproximadamente 80 hectáreas de tierras públicas porque tampoco cumplió el procedimiento de doble lectura”.

“Es una estrategia reiterada de la Legislatura porteña, principalmente de los bloques oficialistas, de no respetar la Constitución para que la ciudadanía no llegue a enterarse de este tipo de decisiones y no tenga tiempo de discutirlo”, finalizó diciendo el letrado.

Por su parte la diputada nacional Gabriela Cerruti consideró que “lucha colectiva” en defensa del acceso al Río de la Plata influyó en el fallo de la justicia porteña. “La movilización colectiva y popular de las organizaciones sociales, políticas y ambientales de la Ciudad hacen que, por primera vez en la historia de la Ciudad, la discusión de qué vamos a hacer con el río esté puesta en el tapete”.

“Nos presentamos a los pocos días ante la Justicia porque votaron (en la Legislatura) por mayoría simple y simple lectura la venta de terrenos que son de dominio público”, dijo la diputada, lo que, a su entender, “violó la Constitución porteña que fija que este tipo de leyes deben someterse a procesos de “doble lectura”.

Expectativa vs. realidad
A pesar de la sentencia que declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero, el Gobierno porteño seguirá con el proyecto de cambiar las normas urbanísticas del predio, mientras que el bloque de la oposición profundizará la iniciativa popular para derogar la privatización y crear allí un parque.

Al ser  Furchi un juez de primera instancia, es previsible que el Gobierno porteño apele su sentencia y el conflicto llegue a instancias superiores, como las Cámaras y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Mientras que el Frente de Todos,  principal bloque opositor en la Ciudad, reúne las casi 40.000 firmas necesarias para presentar en la Legislatura una iniciativa popular que busca crear en Costa Salguero un parque público. La iniciativa popular es uno de los mecanismos previstos por la Constitución de la Ciudad para presentar proyectos de ley, por lo que el oficialismo porteño que responde a Rodríguez Larreta, incluso teniendo mayoría en la Legislatura, se vería obligado a tratarla en el recinto.

Además de la venta de Costa Salguero, Rodríguez Larreta impulsa una ley de ‘rezonificación’ de 32 hectáreas de tierras ribereñas al Río de la Plata. Rezonificación que tras ser debatida durante más de dos meses en una audiencia pública que tuvo récord de participación y donde el 98% de los oradores se manifestó en contra de la privatización, no logró condicionar al oficialismo porteño, que se ampara en el carácter “no vinculante” de esta audiencia pública. 

La concesión de los terrenos de Costa Salguero caducaba el 30 de abril de este año, semanas antes de su vencimiento el Gobierno de la Ciudad  prorrogó el contrato Telemetrix, la empresa que explota esos predios desde la década del 90, hasta mediados de año. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.