¿Quedate en casa?
por Federico Coguzza
La tristemente célebre segunda ola de Covid 19 ha llegado. Los números crecen día a día. El sistema sanitario está colapsado. Los efectos adversos de la pandemia en la economía no dan margen. Hay que quedarse en casa, pero hay que salir a trabajar. Hay que quedarse en casa, y a pesar de que las estadísticas son irrefutables, también hay que ir a la escuela. Hay que quedarse en casa, pero cómo hacer para poder seguir alquilando.
El 31 de marzo pasado finalizó el decreto de necesidad y urgencia que prohibía desalojos, posponía el pago de los aumentos de alquiler y prorrogaba contratos. El Gobierno nacional decidió dejarlo sin efecto a pesar de que el contexto es aún más adverso que el año anterior. La situación de los inquilinos se torna urgente. ¿Cuáles fueron y cuáles son los efectos de la pandemia en esos hogares? ¿Podrán afrontar un escenario como el actual? ¿se avecina una nueva ola, en este caso, de desalojos?
Alquilar en tiempos de pandemia
Una encuesta diseñada y publicada, a principios de año, por la Comunidad Federal de inquilinos y no propietarios, de la que participaron 1378 personas de 15 provincias distintas, pone de manifiesto las vicisitudes que debieron afrontar los hogares inquilinos a lo largo y a lo ancho del país desde que el Covid llegó para quedarse.
Hay dos datos que ilustran con claridad los efectos de la pandemia en aquellos que alquilan: el 63,2% de los hogares se endeudó, y el 63,4 % destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. En lo que respecta al endeudamiento, un 33,6% de los inquilinos lo hizo a través de préstamos personales para cumplir con el pago, y más del 30% no pudo pagar los servicios públicos; el 27,8% no pudo abonar la totalidad del alquiler y el 13% adeuda expensas. Al alto porcentaje de los ingresos de los inquilinos que van a parar al alquiler, se le agrega que casi un 60% manifestó haber sacrificado alimentos para poder pagarlo.
El objetivo perseguido por la encuesta de la Comunidad Federal de inquilinos y no propietarios, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Argentinos por un techo digno, es saber y visibilizar si las garantías y derechos que contempla la ley de alquileres se están respetando o no, ya que no existen datos oficiales sobre la situación de los hogares inquilinos, y menos aún de su endeudamiento.
Los datos que surgen en relación a esto son que el 60,2% de inquilinos no conocía los decretos que se dictaron para proteger sus derechos durante la pandemia, mientras que un 54,4% hizo uso de ellos por distintas circunstancias: el 22% la prórroga automática del contrato, el 21,2% la suspensión provisoria de aumentos pactados, el 19,6% el aplazamiento del pago del alquiler, y el 10,6% la prohibición de desalojos.
Del universo encuestado, el 69% fueron mujeres, entre 35 y 45 años, de las cuales un 27,1% manifestó haber sufrido hostigamiento por atrasarse en el pago del alquiler, o sencillamente por no poder completar el pago del mismo. Según el informe, “desde octubre del año pasado las respuestas indican que se multiplicaron las víctimas de hostigamiento, amenazas e incluso violencia física, por parte de rentistas que, violando todo principio jurídico, atentaron contra una parte de la población inquilina, principalmente contra mujeres con menores a cargo”.
Por su parte, desde el programa que asiste a familias inquilinas en la Defensoría del Pueblo advirtieron que, en el último mes y medio y de cara al vencimiento del decreto 766, aumentaron las “prácticas abusivas” por parte de propietarios.
De propietarios a inquilinos.
“A partir de los 90´s, y cada 10 años, se fue incrementando en un 10% el número de hogares inquilinos, que alcanza hoy en día más de un 40%”, sostuvo en diálogo con Periódico VAS, Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y continuó: “Sin embargo, para comprender la situación grave que están atravesando los hogares inquilinos hay que entender que este fenómeno y esta problemática es de larga data, y se profundizó en la época de la Dictadura, cuando el acceso a la vivienda se convirtió en una cuestión de índole personal, y no una problemática social con el Estado en un rol preponderante”.
Una consecuencia de este enfoque fue la concentración de tierra urbana en manos de cada vez menos propietarios. Un ejemplo: las 150 mil viviendas ociosas que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Una ciudad que alcanza hoy un porcentaje de hogares inquilinos mayor al 50%, si tal como afirmó Baldiviezo, “se contemplan los asentamientos y villas en las que gran parte de la población alquila, y donde se aceleró el desarrollo de un mercado de alquileres informal, que es un número oculto en las estadísticas”. Para concluir: “si casi la mitad de la población necesita ingresos económicos elevados para garantizarse una vivienda, esto pone a la familia en una situación de estrés económico muy grave, porque ya no solamente peligra la cuestión alimentaria sino también la habitacional, con la posibilidad de quedar en la calle”.
En línea con lo expuesto por Baldiviezo, la encuesta de la Comunidad Federal de Inquilinos y propietarios arrojó que el 82,2% de los hogares inquilinos admite que el hecho de alquilar -y todos los problemas que esto acarrea- repercute en su estado emocional. Esto, en un contexto como el que estamos, no expresa más que una situación de extrema vulnerabilidad. Al respecto el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad afirmó: “El Estado sigue gobernando para los sectores muy altos y los sectores muy bajos de la sociedad. Para los sectores más altos sigue, por ejemplo, la línea del Plan Procrear. Pero están destinados a personas con capacidad de ahorro, que representan tan solo un 10% de la población. Y luego hay viviendas sociales, lotes con servicios que son para otro 10% de la población. De lo que se desprende, que un 80% de la población no está alcanzada por ningún tipo de política de acceso a la vivienda.”
La calle no es un lugar para vivir
El decreto que el Gobierno nacional ha dejado sin vigencia tuvo como objetivo garantizar la vivienda de los hogares inquilinos en un contexto de emergencia sanitaria. La llegada de la segunda ola no hace más que evidenciar que la emergencia no terminó. Por tal motivo resulta necesario dar continuidad a las medidas de protección para evitar que miles de personas queden en la calle, y expuestas al virus.
Quizás la paradoja sea que mientras la sociedad es interpelada a cuidarse y quedarse en su casa, más de 10 mil personas están en situación de calle, y muchas otras pueden caer en la misma situación si no se aplican políticas habitacionales a corto y mediano plazo, que apunten a detener los efectos de la pandemia, y brinden soluciones estructurales para una crisis habitacional que alcanza ya a 600 mil personas.
Al respecto, Baldiviezo sostuvo: “Lo que se pide de manera urgente es volver a frenar la posibilidad de desalojar a las familias sin una solución habitacional, y un control de los precios en la renovación de los contratos. La ley de alquileres estableció un control de precios para el incremento del valor inicial, y no uno para el inicio de los contratos, el precio base. De allí, volviendo a la gravedad de los contagios y las restricciones de algunas actividades que afectan directamente a la economía informal, se requiere que las medidas de protección a las que se le dio fin, sean retomadas, pero cambiando también su lógica donde el Estado intervenga en el desendeudamiento, en el control de precios, en garantizar mediaciones obligatorias previas, acceso jurídico gratuito para las discusiones que se van a dar: cómo se van a pagar las deudas y la finalización de los contratos, para evitar que la situación de los hogares inquilinos sea aún más vulnerable”.
La implementación integral de la ley de alquileres puede mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. Sin embargo, para que el cambio sea efectivo, se requiere avanzar con mecanismos de distinto tipo que involucren a diferentes organismos del Estado: es necesario estimular y diversificar la oferta de viviendas; diseñar instrumentos de ayuda económica -subsidios y créditos- para los inquilinos; que el Estado intervenga en los valores del mercado a través de precios de referencia y realizar campañas de difusión masivas sobre los derechos de los inquilinos dispuestos por la ley de alquileres.
Asistimos al espectáculo de la política electoralista, que se dirime entre no pagar el costo de una muerte en un pasillo de hospital sin camas y una falsa presencialidad como bastión de votos. Ya no hay aplausos. Han regresado las cacerolas. Ante la llegada de la segunda ola de COVID 19, la interpelación es constante: ¡Quedate en casa!
Sobradas son las razones para cumplirla: más de 20 mil casos por día, un promedio de 300 muertes, y el sistema sanitario colapsado. Sin embargo, están ellos. Los que salen en la foto del tren lleno, o amontonados en el subte. Los que, si se quedan en casa, no comen ni alquilan. Y también están ellos, los que no salen en ninguna foto y no tienen donde quedarse.
Realmente no puedo ni imaginar cómo las flias e incluso comercios, están sosteniendo el pago de alquileres sin que se produzca un desorden masivo. Los precios de alquileres, materiales de la construcción y expensas, han aumentado desproporcionadamente respecto a los ingresos.
Me gustó mucho la nota. Es una situación lamentable la de los inquilinos y hay muy poca regulación por parte del Estado.
Muy buen artìculo, me alegro haber encontrado este sitio. Es de los pocos que refleja la extrema gravedad de la situaciòn. Nada tiene en cuenta todo lo que ocurre en este contexto.
La amenaza siempre vigente es que si pierden un céntimo de su rentabilidad deseada retiraran sus propiedades del mercado de alquiler. Siempre lo mismo. Y así siguen adelante con la sartén por el mango ¿Y, que pasaría gravaran fuertemente a las viviendas ociosas, tal como sucede en sus admirados países?