La Escuela Taller Casco Histórico no se toca
Creada en 1988 bajo las premisas de preservar el Casco Histórico porteño y fomentar la educación pública en ámbitos dependientes de la entonces Secretaría de Cultura de la Ciudad, la Escuela Taller del Casco Histórico tiene como función formar a sus alumnos y alumnas a través de talleres de artes y oficios orientados a la restauración, mantenimiento y protección del patrimonio histórico ciudadano: estatuas, museos, paredes interiores de iglesias, bibliotecas, edificios públicos, y todo aquello que debe protegerse porque exhibe ante nosotros la Historia de la Ciudad, que es la de sus habitantes y la de quienes la transitan.
Desde el inicio de la obra del denominado «Metrobús del Bajo» esta institución educativa viene resistiendo el desalojo. La intención de la actual gestión del Gobierno porteño es derribarla para dar lugar a dos carriles exclusivos para transporte de pasajeros. Desde 2018 hasta nuestros días, esta agilización del tránsito en el Paseo del Bajo ha arrasado con edificios y espacios emblemáticos de la Ciudad, se demolió el tradicional edificio Marconetti, se modificó la fachada del Instituto Isauro Arancibia, se trasladó el mural de Gasparini…. mientras que el Espacio de la Memoria el Atlético soporta estos embates a fuerza de resistencia.
El año pasado le tocó el turno a la Escuela Taller del Casco Histórico, en el mes de junio el ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad llamó a licitación para demoler la totalidad del edificio de avenida Brasil al 200. Un recurso de amparo presentado por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, profesores y alumnos puso freno a la piqueta. En diciembre de 2019 la jueza Romina Tesone hizo lugar a la demanda y ordenó suspender la demolición del edificio, «toda vez que la misma podría importar un perjuicio irreparable».
La fría noche del sábado 25 de julio de 2020, en el marco de la pandemia de Coronavirus, vecinos de la Escuela Taller del Casco Histórico alertaron a través de las redes sociales que se estaba retirando el mobiliario del ese establecimiento educativo. La inmediata intervención de profesores, alumnos/as, autoridades comunales, diputados/as de la oposición y del abogado patrocinante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad lograron frenar la mudanza. Quienes la estaban llevando a cabo no supieron explicar de qué organismo emanaba la orden, ni supieron decir qué funcionario estaba a cargo del traslado de los bienes muebles.
Nuevamente, la intervención de la justicia logró suspender el intento de mudanza. El fiscal penal y contravencional de faltas, Gonzalo Viña, ordenó en la madrugada del domingo, suspender cualquier movimiento sobre el inmueble hasta tanto se realicen las averiguaciones correspondientes por «presunta desobediencia» a una cautelar dictada en el marco del amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a alumnos y exalumnos para que se les otorgue «un edificio definitivo» en el área, y «previo a la demolición» del inmueble.
«En el primer día que habilitaban las mudanzas en la Ciudad por la nueva etapa de la cuarentena, el gobierno porteño intentó mudar la Escuela e incumplir la medida cautelar con total impunidad», señala Jonathan Baldivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El abogado, especializado en derecho ambiental y urbano, aseguró que las autoridades «aprovecharon la pandemia para resolver por la fuerza algo que no podían resolver jurídicamente», en un intento de «avanzar sobre los hechos consumados».
El pasado 28 de noviembre, la titular del Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, dictó una medida cautelar ordenando a la Ciudad que «suspenda las obras de demolición del inmueble (…) en el que actualmente funciona la Escuela Taller Casco Histórico, hasta tanto se encuentre efectivamente disponible otra sede para ser utilizada a tales fines, lo que será sometido a decisión del Tribunal»; lo que implica que el nuevo emplazamiento debe reunir condiciones ambientales, de seguridad y capacidad, así como contar con su correspondiente habilitación otorgada.
Tras la decisión de demoler el inmueble para avanzar con la etapa N° 2 del Metrobus del Bajo, el gobierno porteño llamó a licitación para la construcción de un edificio definitivo fuera del Casco Histórico y en el Parque España del barrio porteño de Barracas. Lo cierto es que como la Ciudad no puede construir edificios en un parque público sin autorización de la Legislatura, en juez Lisandro Fastman, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, suspendió las obras en octubre pasado.
El Gobierno porteño ofreció como alternativa el Edificio de la calle Alsina 963 donde se encuentra el Archivo de Partituras de la Banda Sinfónica de la Ciudad y la Dirección de Música; pero la jueza Tesone suspendió la demolición -y la mudanza- por encontrar que «no se ha adjuntado acto administrativo ni decisión formal alguna de la que surja dónde funcionará la escuela y si específicamente se ha destinado el espacio ofrecido», el cual al momento de la resolución «se encuentra ocupado» y no tiene proyectado «un plan de obra» para su adaptación ni tramitadas las correspondientes habilitaciones; según la resolución judicial.
«La causa judicial no discute la demolición del edificio, sino la reubicación de la escuela, que debe producirse dentro del casco histórico -porque la institución forma parte de su plan de manejo- y en un espacio con las condiciones adecuadas», dice Baldivieso y agrega: «Venimos solicitando mesa de trabajo para consensuar medidas que permitan compatibilizar el Metrobús y la permanencia del edificio; pero como no tenemos respuesta creemos que no es tanto por una cuestión de tránsito sino porque existe un trasfondo inmobiliario».