La Junta Comunal 1 cuestionó los desalojos del Gobierno porteño y declaró la emergencia habitacional
La Junta Comunal 1 de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una declaración impulsada por la comunera Luciana Grossi en la que se pronuncia contra el avance de los desalojos administrativos en el territorio y reclama la declaración de la emergencia habitacional. La iniciativa, que abarca los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, pone el foco en el impacto sobre familias con niñas, niños y adolescentes y denuncia la ausencia de políticas públicas integrales en materia de vivienda.
Grossi, abogada y comunera, trabaja en temas de acceso a derechos y políticas públicas a nivel territorial, articulando con organismos nacionales y locales. En esta oportunidad, logró que la Junta se expida formalmente frente a una problemática que, según advierte, se agrava año tras año: los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad sin alternativas habitacionales reales.
Denuncias sobre desalojos administrativos y vulneración de derechos
En el informe presentado por Grossi ante la Junta, se enumeran una serie de prácticas que, sostiene, configuran una “política de expulsión urbana” en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los puntos centrales se destacan: el notable incremento de los desalojos administrativos en el ámbito de la Comuna 1; la falta de informes técnicos que justifiquen estos procedimientos; la vulneración del debido proceso; la ausencia de alternativas habitacionales para las familias afectadas y el impacto específico que estas acciones tienen sobre niñas, niños y adolescentes.
la comunera sostiene que estos desalojos se llevan a cabo muchas veces sin que medie una evaluación social adecuada ni un acompañamiento estatal sostenido, lo que deja a las familias frente a una disyuntiva extrema: aceptar paradores transitorios o quedar directamente en situación de calle. Esta dinámica, advierte, profundiza la crisis habitacional y consolida un modelo de ciudad que expulsa a los sectores populares de las zonas centrales.
Lo que resolvió la Junta Comunal 1
La declaración aprobada por la Junta Comunal 1 incluye una serie de definiciones políticas y demandas concretas dirigidas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En el documento se repudian los desalojos impulsados por el Gobierno porteño; exige la suspensión de los mismos; reclama la declaración de la emergencia habitacional, además de la creación de un registro público de desalojos a los fines de transparentar esta problemática. Por último, se rechaza que las familias sean trasladadas y alojadas en los llamados paradores, o peor, que los vecinos y vecinas sean expulsados de la Ciudad. En este sentido, exige que se impulsen medidas específicas para la protección de las niñeces.
Esta acción se inscribe en el marco de las competencias de las Juntas Comunales, órganos de gobierno local creados por la Ley de Comunas de la Ciudad, que tienen entre sus funciones la elaboración de diagnósticos y propuestas sobre políticas públicas en su territorio.
“La vivienda es un derecho, no un negocio”
“El eje es claro: la vivienda es un derecho, no un negocio”, sintetiza el texto impulsado por Grossi. La comunera viene señalando en distintos espacios que la falta de políticas habitacionales integrales, sumada a la presión inmobiliaria en zonas centrales como San Telmo y Monserrat, deriva en procesos de gentrificación y desplazamiento de población de menores recursos.
En la Comuna 1, donde se concentran grandes contrastes urbanos —torres de lujo, oficinas, hoteles y, al mismo tiempo, inquilinatos, hoteles-pensión y personas viviendo en la calle—, la discusión sobre el uso del suelo y el acceso a la vivienda adquiere una dimensión particularmente aguda. La declaración de la Junta apunta a visibilizar esa tensión e interpelar al Ejecutivo porteño para que revise sus políticas.
1500 personas en situación de calle y la demanda de políticas reales
El informe de Grossi subraya que en la Comuna 1 hay alrededor de 1500 personas en situación de calle, una cifra que refleja la concentración de la problemática en el área central de la Ciudad. Esa realidad se vincula tanto con la falta de acceso a alquileres formales como con los desalojos de inmuebles ocupados o de viviendas precarias sin soluciones habitacionales alternativas.
En ese contexto, la Junta cuestiona el rol de los paradores nocturnos como respuesta casi exclusiva del GCBA. Para las familias con niñas y niños, señalan, los paradores no garantizan estabilidad, intimidad ni continuidad educativa, y muchas veces implican la ruptura de redes comunitarias y escolares construidas en los barrios de la Comuna 1.
La declaración reclama “políticas públicas reales”: programas de alquiler social, ampliación de la oferta de vivienda asequible, dispositivos de prevención de desalojos y acompañamiento integral a las familias en riesgo habitacional.
Organización vecinal y disputa por el modelo de ciudad
“Seguimos organizándonos para defender a nuestras vecinas y vecinos”, concluye el texto de Grossi, que se apoya en el trabajo territorial de organizaciones sociales, asambleas barriales y espacios comunitarios de la Comuna 1. La aprobación de la declaración por parte de la Junta es leída por estos actores como un paso político importante: no resuelve la crisis, pero instala el tema en la agenda institucional y abre una herramienta para exigir respuestas al Gobierno porteño.
La figura de la comunera, con trayectoria en el fuero contencioso administrativo y en la defensa de derechos sociales, se inscribe en una línea de trabajo que busca usar las herramientas de la descentralización para acercar las decisiones de política pública a los territorios.
En una Ciudad atravesada por la disputa entre un modelo de mercado inmobiliario desregulado y la demanda de vivienda digna para los sectores populares, la declaración de la Junta Comunal 1 sobre la emergencia habitacional se suma a otras voces que, desde abajo, cuestionan la lógica de expulsión urbana y reivindican el derecho a habitar la ciudad.