La Justicia dejó sin efecto el aumento del Subte
La jueza Elena Liberatori dejó sin efecto el aumento de pasaje de Subte y ordenó a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) readecuar cuadro tarifario en un plazo de cinco días hábiles. Esta decisión se enmarca en una acción de amparo colectivo presentada en dos causas específicas: “Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad c/ GCBA y otros s/ Amparo” y “Bregman c/ GCBA y otros s/ Amparo”, con números 55678/0 y 54528/0 respectivamente.
La medida cautelar dispuesta por la jueza Liberatori implica el retrotraer el precio del pasaje a 125 pesos y la suspensión de la Resolución N° 5/SBASE/24 desde el 4 de junio hasta el 10 de julio de 2024 inclusive. Durante este período, se espera que SBASE presente una readecuación de la tarifa que cumpla con los criterios de ser justa y razonable, tal como lo establece la Ley 4472.
La suspensión de esta resolución se mantendrá en vigor hasta que se evalúe nuevamente la situación el próximo 10 de julio. En caso de que SBASE no presente la readecuación del cuadro tarifario dentro del plazo establecido, la suspensión de la Resolución N° 5/SBASE/24 se hará efectiva de manera automática.
SBASE ahora se encuentra ante el desafío de ajustar el cuadro tarifario de manera que cumpla con los estándares de equidad y justicia establecidos por la ley. La readecuación requerida por la Justicia deberá ser cuidadosamente elaborada para reflejar de manera apropiada las necesidades y posibilidades de los usuarios, al tiempo que garantice la viabilidad financiera del servicio de transporte.
Por otra parte, la decisión de la jueza Elena Liberatori de ordenar a SBASE la readecuación del cuadro tarifario en un plazo de cinco días hábiles resalta la importancia de garantizar que las tarifas del transporte público sean justas y razonables. La resolución de este caso no solo tendrá un impacto inmediato en los usuarios de subterráneos, sino que también sentará un precedente relevante en materia de regulación tarifaria en el contexto urbano.
Al respecto, Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de una de las medidas cautelares y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, señaló: “La Justicia determinó que el cuadro tarifario propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se funda en una tarifa técnica cuya estructura de costos no es controlada por SBASE, que acepta llanamente lo que Emova declara y que luego de diez años continúa indefinida y sin reglamentarse».
El letrado calificó de irrazonable el cuadro tarifario propuesto por la administración porteña. «La tarifa al usuario se le incrementó un 359% mientras que la tarifa técnica tuvo un alza de un 116%», indicó y aseguró que de esta forma se superan desproporcionadamente los topes históricos de la relación entre estas dos tarifas. «El GCBA adoptó como criterio armonizar con las subas del transporte de colectivos que dispuso el Gobierno nacional, pero falseando los resultados, por lo que la Jueza consideró que dicho criterio no está prescripto legalmente y va en contra de la autonomía de la Ciudad», añadió Baldivieso.
«Se constató que no se cumplió adecuadamente con el procedimiento de participación ciudadana en audiencia pública porque ni el Gobierno porteño ni SBASE no fundaron sus respuestas a las intervenciones de las personas. En definitiva, quedó claro que nadie controla lo que Emova pasa como costos y el GCBA pretende trasladar la totalidad de la carga de sostener el SUBTE al usuario con el objetivo de minimizar el subsidio del GCBA. Ajuste irrazonable, con fundamentos falsos e ilegales», finalizó diciendo el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
La ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, opinó que en lugar de discutir ajustes como el propuesto, debería debatirse la estatización de la operación del servicio de Subte, un plan de mejoras en el servicio, la accesibilidad, un programa de descontaminación de asbesto en colaboración con trabajadores y usuarios, y la expansión de la red para llegar a todos los barrios. Koutsovitis criticó el ajuste propuesto, considerando que va en contra de la Ley 4472 que regula el servicio, que establece que este debe prestarse con tarifas justas y razonables.