Pettovello, el hambre y la Justicia
la Justicia emitió una orden para que el Gobierno nacional informe sobre la cantidad y especie de alimentos encontrados en los depósitos, así como también sobre aquellos, retenidos durante varios meses, destinados a los comedores populares. Además, se requiere que el gobierno cumpla en un plazo de tres días con un plan de entrega de estos alimentos a quienes los necesitan.
La medida intenta garantizar el acceso a la alimentación de aquellos que dependen de los comedores populares y asegurar que los recursos destinados a este fin sean utilizados de manera eficiente.
El juez federal Sebastián Casanello ha emitido una orden dirigida al Gobierno con respecto a la distribución inmediata de alimentos que se encuentran almacenados en depósitos pertenecientes al ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello. Esta decisión judicial incluye varias demandas detalladas que el Gobierno debe cumplir en un tiempo determinado.
En primer lugar, se requiere que se informe en detalle sobre el stock actual de alimentos almacenados en los depósitos situados en Villa Martelli y Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, así como en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Esta información debe abarcar el tipo de alimento, las fechas de adquisición y expiración de la mercadería, los registros de ingreso y egreso de los productos desde diciembre de 2023 hasta la fecha, y los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los alimentos, junto con cualquier otra documentación pertinente.
Además, el juez ha ordenado al Ministerio de Capital Humano que elabore un plan de distribución de estos alimentos de acuerdo con su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, asegurando su ejecución de manera inmediata. Este plan debe ser presentado de forma precisa en un plazo de 72 horas, es decir, tres días a partir de la emisión de la orden.
Este caso se enmarca en un contexto donde se ha observado una falta de distribución de alimentos almacenados en depósitos oficiales desde hace tres meses, lo cual ha afectado a organizaciones sociales y comedores que brindan asistencia a aproximadamente 45 mil personas. Los depósitos principales en cuestión se encuentran en Tucumán y en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones de la fábrica de PepsiCo en Vicente López, se ha denunciado que los alimentos almacenados pertenecen a la época en la que la fábrica cerró y despidió a cientos de trabajadores.