La libertad avanza y aumentan las prepagas
por Federico Coguzza
El 20 de diciembre de 2023, a diez días de asumir, Javier Milei, rodeado de su gabinete, grabó un video, que se pasó por cadena nacional, en el que dio a conocer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 denominado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. El documento de más de 90 páginas derogaba 41 leyes, entre ellas la Ley N°26.682, llamada “Marco Regulatorio de Medicina Prepaga”.
La justificación esgrimida en el documento dice textualmente: “Para aumentar la competitividad del sistema, se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”. Esto permitió que las prepagas, con total discrecionalidad y sin límites, aumentaran sus cuotas por encima de la inflación y sin ningún atisbo de consideración por la capacidad económica de sus afiliados y afiliadas. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, las variaciones de los aumentos de las cuotas de las prepagas fluctuaron en enero entre 39,8% y 44%; en febrero, entre 27,5% y 29,4%; en marzo, entre 19% y 22,9%; y en abril, entre 14% y 18,9%.
La desregulación del sector privado de salud, uno de los subsistemas que conforman el sistema de salud argentino junto con el sector público y la seguridad social, lejos de aumentar la competitividad, provocó una fuerte caída de la cartera y de planes, la presentación de amparos individuales y colectivos, medidas cautelares dictadas por jueces y un estado de ebullición entre los afectados que llevaron al Gobierno a intervenir, pese a sus postulados sobre los monopolios y el libre mercado.
Golpe político al modelo económico
El 8 de abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de X: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. El mensaje no hubiera resultado paradójico, por no decir cínico o perverso, si el decreto de Javier Milei, que le dedicaba 61 artículos al sector salud, además de desregular, no hubiera derogado la facultad de la Superintendencia de Servicios de Salud a autorizar los valores de las cuotas y sus aumentos, cuando los mismos estén fundados en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos.
La liberación de los precios de las cuotas, con aumentos de hasta un 150% en apenas 4 meses, significó que un afiliado pase a destinar más del 30% de su sueldo cuando antes destinaba el 17%. Todo en un contexto recesivo y de fuerte caída de los salarios, que provocó un efecto negativo en la clase media, un segmento de la sociedad que encuentra en las prepagas su primera línea de salud y al mismo tiempo, una referencia de status.
“A las prepagas se les fue la mano” o “Las prepagas se pasaron de rosca” fueron algunos de los eufemismos utilizados por Caputo y Milei para disimular el desastre. Un desastre que no es más que el reflejo del descontrol de una gestión liberal que, paradójicamente, parece desconocer el funcionamiento del mercado. Un desastre que para el Gobierno tiene un responsable: Claudio Belocopitt.
Cartelización y concentración
Claudio Belocopitt es el dueño de Swiss Medical, una de las cinco empresas de medicina prepaga que junto con OSDE, Galeno, Omint y Medifé concentran el 70% de los afiliados. Belocopitt era también el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara que representa a las prepagas. A principios de año, luego de la desregulación propiciada por el Gobierno, Belocopitt afirmó en una entrevista: “Ahora nos vamos a juntar y definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante, de manera ordenada”.
Palabras más, palabras menos, el también integrante del directorio del Grupo América, socio de Vila y Manzano, amigo de Sergio Massa, daba a entender que aumentarían los precios. Poniendo en evidencia que el DNU lejos de fomentar la competencia entre empresas, daba lugar a una decisión de carácter unilateral por las características del sector privado de salud en nuestro país: nos ponemos de acuerdo y decidimos cuánto aumentar.
En medio del conflicto, Belocopitt dejó su lugar en la UAS luego de que desde el Gobierno lo acusaron de cartelización. En un comunicado, el empresario explicó: “Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”.
Una cautelar frente a la cartelización
Pocos días después de la renuncia de Belocopitt, y a raíz de una denuncia realizada por diputados de la Coalición Cívica en enero de este año por posible cartelización de las prepagas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Pablo Augusto Lavigne, Secretario de Industria y Comercio, a instancias del presidente, dictó la Resolución N° 1/2024. Una medida cautelar que ordena a 7 empresas de medicina prepaga -las antes mencionadas más el Hospital Británico y el Hospital Alemán- a realizar una nueva liquidación de las cuotas disponiendo que el monto de éstas no podrá superar el cálculo que surja de tomar el valor de la cuota de diciembre indexada por el Índice de Precios al Consumidor.
Cabe señalar que la medida es tan sólo por seis meses y no implica devolución de dinero. Además, tampoco significa que las prepagas luego de los seis meses no incrementen nuevamente los precios para compensar y así perpetuar esta situación cíclicamente.
Un fuerte impacto para el Gobierno
Más de 30 millones de argentinos se atienden en la salud privada, incluido PAMI y obras sociales. Sin embargo, de ese total tan sólo 6 millones están en prepagas, y que un total de 1,5 millones de afiliados son los que la pagan de su bolsillo, es decir que no derivan aportes ni son clientes corporativos. Y más aún, la mayor parte se concentra en el AMBA, donde casi el 50% tiene prepagas. Se trata de un problema de pocos, poco federal, pero de fuerte impacto para el Gobierno.
En esta línea, es pertinente preguntarse si el accionar del Gobierno no habilitará en el futuro a denuncias, amparos y cautelares correspondientes a otros sectores como, por ejemplo, el de las telecomunicaciones que viene aumentando sostenidamente sus tarifas.
Queda por ver, cuál será el accionar de las empresas de medicina prepaga: ¿acatarán la decisión? ¿la vigencia del DNU las protege ante la cautelar? ¿lo planteado por el Gobierno es practicable? Interrogantes que con el correr de los días se irán respondiendo.
En el libro “La salud sí tiene precio”, de la editorial Siglo XXI y publicado en 2021, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak señalan que: “con un sistema de salud profundamente fragmentado y segmentado después de un largo proceso de debilitamiento progresivo del Estado en su capacidad de ordenarlo y dirigirlo, se va instalando el mercado como organizador del lucro, no del derecho”.
La contienda entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga evidencia, no sólo el desconocimiento acerca de cómo funcionan los mercados y una profunda incapacidad de administración por parte del Gobierno, sino también la necesidad de pensar el acceso a la salud de la población en una dimensión más amplia que el tarifario de las prepagas.