La oposición exige extender a las pesqueras las sanciones contra las petroleras
El bloque que conduce Germán Martínez buscará incorporar al sector pesquero en el endurecimiento de las sanciones anunciado por Javier Milei contra las compañías petroleras que operan en Malvinas. Las licencias de pesca aportan más de 32 millones de libras anuales y sostienen alrededor del 40% de la economía isleña. La iniciativa apunta especialmente a los grupos extranjeros que explotan los recursos del archipiélago mediante una sociedad y mantienen negocios en la Argentina con otra razón social.
por Melina Schweizer
Javier Milei convirtió la explotación petrolera en Malvinas en una cuestión de seguridad nacional, pero el peronismo acaba de señalar el calamar que el discurso presidencial dejó nadando fuera del encuadre: la pesca, la actividad que desde hace cuatro décadas sostiene materialmente la administración británica de las islas.
El bloque de diputados nacionales encabezado por Germán Martínez anticipó que, cuando llegue al Congreso la reforma de la Ley 26.659 prometida por el Presidente, propondrá que las sanciones no se limiten a las compañías petroleras. La oposición pretende incluir a las empresas pesqueras que compran licencias expedidas por las autoridades isleñas y, mediante firmas vinculadas, conservan negocios, permisos o intereses económicos en la Argentina continental.
El movimiento tiene una finalidad política evidente. Milei anunció sanciones contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion. Pero ambas ya estaban inhabilitadas para operar en el país. El peronismo quiere llevar la ofensiva hasta un terreno mucho más complejo: empresas españolas, sociedades mixtas, armadores, comercializadoras y grupos que participan de ambos lados del Atlántico.
Endurecer una pena contra firmas que ya están sancionadas permite construir un discurso. Extenderla a compañías con intereses concretos en el país obliga a pagar costos económicos y diplomáticos.
El petróleo es el futuro, pero la pesca paga las cuentas
Sea Lion concentra la atención porque proyecta comenzar a extraer petróleo en 2028 y podría transformar la escala económica del archipiélago. Sin embargo, ese negocio todavía no produjo un solo barril. La actividad que financia actualmente a las islas es la venta de permisos pesqueros.
La propia administración isleña reconoce que la creación de una zona de conservación y del régimen de licencias, en 1986, incrementó en un 500% sus ingresos y le permitió alcanzar la autosuficiencia en casi todas las áreas, salvo la defensa y las relaciones exteriores, que permanecen bajo responsabilidad británica. La pesca representa cerca del 40% del producto interno de las islas.
El presupuesto aprobado para 2026-2027 proyecta más de 32 millones de libras de recaudación únicamente por licencias. Ese dinero no queda en una estadística comercial: financia el funcionamiento del gobierno local, los servicios públicos y la infraestructura que vuelve económicamente sostenible la presencia británica.
El petróleo promete una renta futura. El calamar paga las cuentas del presente.
Por eso, si el Gobierno sostiene que Sea Lion fortalece la ocupación y amenaza los intereses estratégicos argentinos, resulta difícil explicar por qué no aplica el mismo razonamiento a una actividad que lleva cuarenta años financiando a la administración isleña.
Milei incluyó en su discurso una referencia genérica a “otras actividades” que afectan los recursos naturales. El peronismo pretende convertir esa frase en una obligación legislativa concreta y evitar que la reforma se limite al petróleo.
Un recurso que atraviesa fronteras y empleos
Las licencias británicas habilitan la captura de calamar Illex argentinus, calamar loligo, merluza negra, rayas y otras especies. El propio Departamento de Pesca de las islas reconoce que los ingresos dependen especialmente de dos variedades de calamar y de la valiosa merluza negra.
La cuestión no se limita a determinar de quién es el espacio marítimo. Muchas de estas especies son migratorias y se desplazan entre distintas áreas del Atlántico Sur. Una captura intensiva alrededor de Malvinas puede afectar su reproducción y reducir la disponibilidad en zonas controladas efectivamente por la Argentina.
El perjuicio, entonces, no es solamente territorial. Menos biomasa puede significar menos capturas para la flota nacional, menor actividad en los puertos patagónicos, menos trabajo en plantas procesadoras y una caída de las exportaciones argentinas.
Mientras la administración isleña vende licencias y cobra en libras, parte del costo ambiental y productivo se distribuye sobre un ecosistema que no reconoce las fronteras políticas. El pez migra; la renta queda.
La ausencia de cooperación científica también profundiza el problema. Administrar especies compartidas requiere información sobre volúmenes, ciclos reproductivos, temporadas y esfuerzo pesquero. Sin coordinación, cada parte tiene incentivos para capturar antes que la otra, una dinámica capaz de transformar un recurso renovable en una carrera hacia su agotamiento.
El agujero no está en la ley, sino en las sociedades
La Argentina ya cuenta con normas para sancionar la pesca sin autorización. El Régimen Federal de Pesca contempla multas, suspensión de registros, decomiso de capturas y otras penalidades. La reforma aprobada en 2020 estableció multas de entre 500.000 y tres millones de Unidades Pesca para las embarcaciones que operen sin permiso, con un valor actualizado según el precio del gasoil.
También existen restricciones destinadas a impedir que titulares de permisos argentinos mantengan relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen ilegalmente en aguas consideradas de jurisdicción nacional. Ese principio fue incorporado mediante la Ley 26.386.
El problema central no es la falta absoluta de legislación, sino la dificultad para aplicarla sobre redes corporativas organizadas para separar formalmente cada actividad.
Un grupo puede participar en una sociedad registrada en las islas, operar un barco con otra bandera, comercializar las capturas mediante una firma europea y mantener negocios en la Argentina a través de una empresa diferente. Cada pieza parece jurídicamente independiente, aunque los beneficios económicos terminen en los mismos accionistas.
La reforma tendrá valor si permite identificar a los beneficiarios finales, reconstruir las relaciones de control y demostrar quién obtiene ganancias de las licencias británicas. Si solamente sanciona al buque o a la sociedad que aparece formalmente en el permiso, bastará con cambiar una bandera o constituir una nueva empresa.
El caso Harbour Energy expuso la facilidad con que una reorganización societaria puede atravesar los controles argentinos. Premier Oil fue inhabilitada por actuar en Malvinas, luego adoptó el nombre Harbour y terminó integrada en Southern Energy, el primer proyecto de exportación de GNL beneficiado por el RIGI.
Cuando el Estado controla denominaciones comerciales, pero no sigue la continuidad jurídica ni el recorrido del capital, la soberanía queda atrapada en una planilla.
España, el aliado que aparece en los barcos
Una eventual ofensiva contra las pesqueras abriría una discusión inevitable con España. Compañías gallegas participan desde hace años en sociedades mixtas con firmas radicadas en las islas y utilizan licencias británicas para capturar y comercializar calamar.
Investigaciones periodísticas identificaron a Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña entre las empresas relacionadas con esta actividad. Algunas habrían consolidado permisos de largo plazo mediante asociaciones con compañías isleñas.
Esos antecedentes deberán comprobarse individualmente. No alcanza con que una empresa sea española o tenga barcos en el Atlántico Sur para imponerle una sanción. El Estado tendrá que demostrar su participación en licencias expedidas por las autoridades británicas, identificar a sus beneficiarios y acreditar sus vínculos con operaciones desarrolladas en la Argentina.
Pero el problema diplomático existe. España respalda habitualmente el llamado argentino a negociar la soberanía de Malvinas y, al mismo tiempo, parte de su industria pesquera obtiene ganancias mediante el régimen británico del archipiélago.
La contradicción revela una regla frecuente de las relaciones internacionales: los países pueden apoyar una causa en los comunicados y perjudicarla mediante sus empresas. La solidaridad diplomática suele terminar donde comienza la rentabilidad.
Una política argentina coherente tendría que llevar el tema al diálogo bilateral con Madrid y también a la Unión Europea. El desafío consiste en impedir que productos obtenidos mediante licencias consideradas ilegítimas accedan sin consecuencias a los mercados europeos.
¿Quién gana con el sistema actual?
La administración isleña es la primera beneficiaria. Cobra por conceder acceso a los recursos, financia sus servicios y sostiene una economía viable sin necesidad de desarrollar una gran flota propia.
El Reino Unido también obtiene una ventaja estratégica. Cuanto mayor sea la autonomía financiera de las islas, menor será el costo civil de mantenerlas. Londres conserva la responsabilidad de la defensa y las relaciones exteriores, mientras las licencias permiten que el territorio financie buena parte de su funcionamiento cotidiano.
Las empresas pesqueras extranjeras acceden a un caladero de enorme valor comercial. Las sociedades isleñas aportan las licencias; los grupos europeos ponen barcos, tecnología, capital y redes de distribución. El resultado es un negocio en el que cada socio proporciona la pieza que el otro necesita.
También ganan aseguradoras, operadores portuarios, proveedores navales, comercializadoras, estudios jurídicos y firmas intermediarias. La pesca no termina cuando el barco llena sus bodegas: continúa en los puertos, las plantas de procesamiento, los contratos de transporte y los mercados internacionales.
Las compañías capaces de dividir sus operaciones entre varias sociedades reciben un beneficio adicional. Pueden conservar el negocio malvinense separado formalmente de sus intereses argentinos y reducir el riesgo de sufrir sanciones.
El sistema premia a quien posee mejores abogados para fragmentar una misma renta en distintas personas jurídicas.
¿Quién pierde con la continuidad del negocio?
La Argentina pierde recursos naturales sobre un espacio cuya soberanía reclama y deja de percibir ingresos por una actividad que considera realizada bajo autorizaciones ilegítimas. Pero también pierde poder de negociación.
Cada licencia crea una empresa interesada en la continuidad del statu quo. Los permisos de largo plazo consolidan inversiones, asociaciones y mercados que luego presionan para impedir cualquier modificación política. La ocupación deja de apoyarse solamente en decisiones de Londres y comienza a sostenerse mediante una red internacional de beneficiarios privados.
Las provincias patagónicas pierden actividad portuaria, procesamiento industrial e ingresos fiscales potenciales. La flota nacional enfrenta una presión adicional sobre especies compartidas y los trabajadores argentinos compiten contra un circuito que captura el recurso en el Atlántico Sur, pero distribuye el valor en puertos y empresas extranjeras.
El Estado argentino, además, paga la vigilancia marítima, financia investigación científica y debe enfrentar la pesca ilegal en una extensión oceánica enorme. Los costos de conservación son nacionales; una parte considerable de los beneficios se cobra fuera del país.
También pierde la política exterior cuando la defensa de Malvinas se reduce a discursos y efemérides. Una estrategia soberana que no investiga accionistas, compradores, aseguradoras y cadenas de comercialización termina persiguiendo barcos mientras el dinero ya llegó a Europa.
El peronismo intenta transformar el anuncio en un problema
La estrategia opositora consiste en llevar el giro malvinero de Milei hasta sus últimas consecuencias. El Presidente construyó su política internacional alrededor del alineamiento con Estados Unidos e Israel y expresó reiteradamente su admiración por Margaret Thatcher. Ahora busca presentarse como el mandatario que enfrentará a las empresas extranjeras por la defensa de Malvinas.
El peronismo no rechaza el endurecimiento anunciado. Pretende ampliarlo hasta volverlo económicamente incómodo.
Además de incorporar a las pesqueras, el bloque analiza impulsar la eliminación del convenio de doble imposición con el Reino Unido, crear una comisión que investigue si empresas relacionadas con actividades en Malvinas recibieron beneficios del RIGI y prohibir que la futura base naval integrada de Ushuaia quede bajo el control de fuerzas extranjeras.
Cada propuesta obliga al Gobierno a definir el límite de su soberanía. Sancionar nuevamente a Navitas y Rockhopper supone un costo controlable porque ya estaban inhabilitadas. Investigar a Harbour toca el corazón del programa exportador de GNL. Avanzar contra grupos pesqueros españoles abre una tensión con Europa. Limitar la participación extranjera en Ushuaia puede afectar las negociaciones estratégicas con Washington.
El peronismo intenta convertir una cadena nacional en una política con consecuencias.
Una ley amplia también puede ser inaplicable
Extender el régimen sancionatorio no garantiza por sí mismo que las empresas abandonen el negocio. Para que la reforma funcione, será necesario crear un registro de beneficiarios finales y coordinar información entre Cancillería, Prefectura, la autoridad pesquera, ARCA, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
También deberán definirse cuidadosamente los niveles de responsabilidad. No es lo mismo comprar directamente una licencia británica que poseer una participación minoritaria en un fondo que, a su vez, invierte en una compañía relacionada. Tampoco puede recibir igual tratamiento una empresa que conoce el destino de sus servicios y otra cuya vinculación resulte accidental o demasiado remota.
Si la ley entiende por “empresa vinculada” cualquier contacto comercial, el universo sancionable será inmanejable y los tribunales podrían anular las decisiones por falta de precisión. Si solamente alcanza al titular formal de la licencia, será demasiado fácil eludirla.
El desafío consiste en seguir el beneficio económico sin abandonar el debido proceso. Una política de soberanía necesita más que indignación: requiere expedientes sólidos, organismos capaces de investigar estructuras societarias internacionales y decisiones que resistan una revisión judicial.
La pregunta que Milei deberá responder
La propuesta peronista no busca solamente agregar a las pesqueras en un artículo. Busca obligar al Presidente a identificar qué intereses está verdaderamente dispuesto a enfrentar.
Milei puede endurecer las sanciones contra las petroleras y dejar intacta la principal fuente de ingresos actuales de las islas. Puede castigar a compañías que no tienen negocios relevantes en el país y proteger a otras porque participan en Vaca Muerta o reciben beneficios del RIGI. Puede anunciar una base destinada a reforzar la posición argentina y reservarle un papel estratégico a Estados Unidos.
También puede impulsar una política integral que abarque petróleo, pesca, financiamiento, logística y control militar, aunque eso implique conflictos con aliados, inversores y cámaras empresariales.
Esa es la encerrona que prepara el peronismo. La oposición no intenta disputar quién pronuncia con mayor fuerza la palabra soberanía, sino demostrar que el discurso presidencial seleccionó cuidadosamente a sus adversarios.
Las licencias pesqueras convierten el reclamo de Malvinas en una discusión material. Cada permiso británico recauda dinero, financia servicios, sostiene empleos y suma compañías extranjeras interesadas en la continuidad de la ocupación.
Milei descubrió el valor político de Malvinas cuando decidió endurecer el discurso contra las petroleras. El peronismo ahora le exige algo mucho más difícil: que también toque la caja pesquera que financia a las islas y beneficia a empresas con negocios en la Argentina.
La diferencia entre una consigna y una política soberana empezará a medirse allí: no en las palabras pronunciadas por cadena nacional, sino en los intereses económicos que el Gobierno se atreva realmente a afectar.