La represión enfervoreció el reclamo por Santiago Maldonado

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) responsabiliza al Gobierno nacional y porteño de los incidentes ocurridos el viernes 1º de septiembre, luego de la movilización  pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

A través de un comunicado de prensa, este organismo antirrepresivo denunció que, pese a la operación mediática, los balbuceos mal articulados frente a las cámara, los periodistas amigos la policía de civil infiltrada en la movilización, las balas, los gases, las detenciones masivas y arbitrarias y las pintadas en el Cabildo, no logró opacar la movilización popular que “logró superar las barreras mediáticas para dejar en evidencia la podredumbre del gobierno y los multimedios a su servicio, al mismo tiempo que presionó con éxito para lograr la libertad de los detenidos en la represión a la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado”.
 
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1° de agosto en un corte de la Ruta Nacional 40, provincia de Chubut, en apoyo a la comunidad mapuche Pu Lof. Hay más de una docena de testigos, videos tomados en el lugar de los hechos, y el relato de amigos y familiares que sabían que Santiago iba a participar del corte.  Ese mismo día, tal como lo señalan los abogados, testigos, los familiares de la víctima y lo confirma la  CORREPI, “el Estado reprimió la manifestación con la Gendarmería Nacional a la cabeza. El comandante Balardi, sostiene que el operativo se llevó a cabo en cumplimiento de órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
 
Los testigos declararon que la última vez que vieron a Santiago fue cuando lo detuvo la Gendarmería. En este sentido, la CORREPI denuncia “El gobierno nacional se dedicó no sólo a criminalizar el reclamo, sino, directamente a negar la presencia de Santiago en el lugar, para luego afirmar una y otra vez, que ‘no hay indicios que inculpen a la Gendarmería’.  En este momento hay más de 60 gendarmes separados momentáneamente de la fuerza; más de 100 celulares y computadoras de la Gendarmería investigadas por la Policía Federal, y una caratula que pasó de ‘Averiguación de paradero’ a ‘Desaparición forzada’, entre otras cosas.
“Tan abrumadoras son las pruebas de que estuvo ahí, que escuchar esa respuesta de parte del gobierno lleva a toda la situación a un terreno casi de delirio. Sin embargo, no sorprende. Según Bullrich, ‘detrás de la RAM hay una organización inglesa’ que vendría a financiar las ‘acciones’ de la comunidad mapuche en el sur -quienes reclaman el derecho a tierras que hoy son propiedad privada de Bennetton-. ¿Qué acciones? ¿Esa organización inglesa mandaría plata para comprar aerosoles con los que se pintan las paredes? ¿Tendrían capacidad para financiarse internacionalmente, pero no para ser más de quince personas en una protesta en la ruta 40?”, se preguntan desde esta organización antirrepresiva y señalan: “Para el gobierno los culpables son también los propios mapuches, que no dejaron pasar a los Gendarmes que los habían reprimido días antes, y hasta la misma familia de Santiago, por no querer aportar ADN a la investigación -esto último desmentido por los hermanos Maldonado, y por la realidad misma, ya que esas pruebas figuran en la causa judicial-. Y de paso, la ministra de seguridad aprovechó para explicitar su adhesión a la teoría de los dos demonios, al decir: ‘Los ángeles no eran tan ángeles y los demonios no eran tan demonios'”.
La negación rotunda de la responsabilidad del Estado en la represión y posterior desaparición de Santiago, fue acompañada con la justificación de todo el hecho. “¿Para qué intentan justificar lo que ellos mismos niegan?”, se pregunta la CORREPI y sostiene que: “La indiferencia de Mauricio Macri, el titubeo de Marcos Peña y el papel patético asignado a Patricia Bullrich, se completa con el completo silencio del resto de los funcionarios de gobierno, donde hasta María Eugenia Vidal, no sabe qué responder cuando entre timbreo y timbreo le preguntan ¿Dónde está Santiago Maldonado?”
 
“El gobierno intenta salvar a las fuerzas de seguridad porque sabe que sin ellas sería imposible contener a los distintos sectores sociales que, además de reclamar la aparición con vida de Santiago, ven cómo su salario cae, al mismo ritmo en que los despidos crecen”, sostiene el comunicado que apunta a desmentir el “pescado podrido” que venden los medios de comunicación hegemónicos, que desde el 1º de agosto vienen sosteniendo hipótesis inconcebibles y pistas falsas: “La familia se ha cansado de aclarar con sobrados argumentos y pruebas la incongruencia de las publicaciones de Clarín, La Nación, Infobae y otros. Estos no sólo incurren en la irresponsabilidad de publicar noticias mal chequeadas, sino que además, con la repetición del ‘error’, utilizan su poder para generar una confusión generalizada. Detrás de todas esas teorías disfrazadas de primicia, se esconde el argumento que todo esto es un intento para desestabilizar al gobierno nacional”, señala la CORREPI, y concluye que la operación mediática para  ocultar la desaparición forzada de Santiago Maldonado se lleva a cabo con la colaboración de operadores mediáticos como, por ejemplo, Jorge Lanata quien desde hace un mes intenta instalar la idea de “una guerrilla mapuche” que, de existir, justificaría, para este periodista, su desaparición por parte del Estado.
 
“Lo que escuchamos y leímos este mes es una demostración clarísima de una operación tan vieja como eficaz: demonizar a la víctima para justificar, y luego defender al victimario”, señala el comunicado, tras lo cual señala: “el Cabildo (porteño) ya está limpio a la vez que se pregunta ¿Santiago dónde está?“.
La movilización en todo el país, concentró a casi 300.000 personas con un reclamo claro y unificado: aparición con vida ya, el Estado es responsable, y el pedido de renuncia de la ministra de seguridad”, dice la CORREPI, que atribuye la tapa de los diarios del día siguiente a la movilización, al accionar de la Policía de la Ciudad: “El operativo represivo del viernes 1° de septiembre en Plaza de Mayo, protagonizado por la flamante policía de Larreta, incluyó balas, gases, camión hidrante y 31 detenidos. Fue tal el mamarracho por parte del Estado, que a la falsedad de los argumentos en las actas de detención fue probada 48 horas después de las detenciones. Inventaron hechos, lugares y horas para disimular las detenciones arbitrarias. Hasta el mismo juez Martínez Di Giorgi, que no es simpatizante de las causas populares, tuvo que aceptar la falta de carga probatoria contra quienes fueron imputados por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”, asegura la CORREPI, que sindica este accionar policial como: “Una operación del gobierno, tan mal hecha, que ni la justicia puede establecer dónde y cómo comenzó el supuesto enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales. Si se sabe que estos hechos desencadenaron un razzia por parte de policías de civil y sin identificación, que detuvieron gente al boleo”.

Así y todo – dice la CORREPI-  hubo dos grupos de detenidos: los trabajadores de prensa que registraban el accionar represivo y aquellas personas que no tenían nada que ver. Y asegura, que la  liberación de los detenidos se debió al rápido y efectivo accionar de compañeros y organizaciones,  sostenida por más de 60 horas en Plaza de Mayo, cuatro comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Py, y por último, en la alcaldía de la Policía Federal en General Paz y Madariaga. Mientras tanto,los medios de comunicación y el gobierno nacional hacían convocatorias para limpiar la Plaza de Mayo: “Más preocupados por una pared que por mostrar la furibunda represión de las fuerzas de seguridad”. Pero no hay pantalla de humo que pueda tapar la movilización popular, ni clarinete que pueda callar la pregunta fundamental, que es y va seguir siendo: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

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