La última barricada del papel

por Cristina Peña

Cómo la derogación de la Ley del Libro amenaza a librerías, editoriales y a miles de trabajadores y trabajadoras en Argentina

En el ecosistema del libro argentino hay una escena que se repite: una librería de barrio, con estantes que crujen, mesas improvisadas para presentaciones y un librero que conoce a sus clientes por nombre y por su autor favorito. Ese espacio —que es comercio, pero también refugio, club social, archivo afectivo— podría desaparecer. No por una catástrofe natural, ni por una crisis económica más de las tantas que atraviesa el país, sino por una decisión política: la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la modificación de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura.
El gobierno sostiene que se trata de “modernizar” el mercado. Las cámaras del libro, las editoriales independientes y las librerías pequeñas responden que se trata de un ataque directo a la cultura. En el medio, miles de trabajadores del sector editorial observan cómo una norma que no le cuesta un peso al Estado podría costarles el trabajo a ellos y a ellas.

El precio del libro y la ficción del mercado libre
La Ley 25.542, sancionada en 2001, establece el precio uniforme del libro: un mismo título debe venderse al mismo valor en cualquier punto del país. La lógica es simple: evitar que grandes cadenas, supermercados o plataformas digitales “revienten” precios para atraer clientes y, en ese movimiento, destruyan a las librerías pequeñas que no pueden competir con descuentos agresivos. La ley no subsidia, no financia, no asigna partidas presupuestarias. No le cuesta nada al Estado. Pero sí protege algo que no suele entrar en las planillas de Excel: la bibliodiversidad.
La derogación abriría la puerta a un mercado donde los libros más vendidos se convierten en carnada para estrategias de dumping. Las grandes cadenas podrían vender best sellers a precios irrisorios, absorber pérdidas temporales y recuperar ganancias con otros productos. Las librerías independientes, que viven de esos mismos títulos para sostener su estructura, quedarían fuera de juego.

La experiencia internacional: cuando el mercado se lleva puestos a los libreros
No es una hipótesis teórica. En Inglaterra, la eliminación del precio fijo en los años 90 derivó en el cierre de miles de librerías independientes. Las cadenas y Amazon concentraron el mercado, redujeron la variedad de títulos y empujaron a la desaparición de editoriales pequeñas. El resultado fue un paisaje editorial más pobre, más homogéneo y más dependiente de los grandes grupos.
Francia, en cambio, mantiene desde 1981 la Ley Lang, que protege el precio del libro y garantiza la supervivencia de librerías y editoriales diversas. El Estado francés entendió que el libro no es un producto más: es un bien cultural que requiere reglas específicas para existir en pluralidad.
Argentina está hoy frente a esa bifurcación.

El impacto laboral: una cadena que empieza en el librero y termina en el lector
El sector editorial argentino emplea a miles de personas: libreros, editores, correctores, diseñadores, ilustradores, impresores, distribuidores, traductores, promotores de lectura. La derogación de la ley no solo afecta a quienes venden libros, sino a toda la cadena productiva.
Si cierran librerías, bajan las ventas. Si bajan las ventas, se imprimen menos títulos. Si se imprimen menos títulos, se publican menos autores. Si se publican menos autores, se reduce la diversidad cultural. Y si se reduce la diversidad cultural, pierde el lector, pierde la democracia, pierde el país.
La cultura no se desfinancia de golpe: se erosiona lentamente, por goteo, hasta que un día descubrimos que ya no existe.

La librería como territorio cultural
Las librerías independientes no son solo comercios. Son espacios de encuentro, de discusión, de formación. Organizan talleres, clubes de lectura, presentaciones, ferias. Funcionan como centros culturales sin subsidios, sostenidos por la pasión y la precariedad.
La derogación de la ley las empuja a competir con gigantes que no necesitan vender libros para sobrevivir. En ese escenario, la librería de barrio se vuelve un lujo imposible.

¿Qué se pierde cuando se pierde una librería?
Se pierde un lugar donde un adolescente descubre un autor que le cambia la vida. Se pierde un trabajo que sostiene no sólo a una o varias. Se pierde una editorial que apuesta por voces nuevas. Se pierde una comunidad que se reúne alrededor de un libro. Se pierde una parte de la memoria cultural del país.
La pregunta no es si el mercado puede regular el precio del libro. La pregunta es si queremos que el mercado decida qué se lee, quién publica y quién sobrevive.

La cultura como derecho, no como mercancía
La campaña del sector editorial es clara: “La ley del libro no se toca”. No porque sea perfecta, sino porque es una de las pocas herramientas que garantizan que la cultura circule más allá de los centros urbanos y de los grandes grupos económicos.
La lectura es un derecho. La diversidad cultural es un derecho. La existencia de librerías independientes es un derecho que sostiene otros derechos.
La derogación de la ley no es una reforma técnica: es un cambio de paradigma. Y como todo cambio profundo, tiene consecuencias que no se miden en pesos, sino en silencios.

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