Cuánto pierde la Ciudad tras el convenio con IRSA
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires renunció a más de 450 millones de dólares en la firma del convenio que habilita a la empresa IRSA a construir edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors», afirmó la legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira.
«Se llega a esa cifra porque en la operación se calculó el precio de las tierras tomando como referencia la zona del barrio de Soldati, aunque las mismas se encuentran en las inmediaciones de Puerto Madero», dijo y explicó que de acuerdo al ‘Mapa de Desarrollo Urbano’, la parcela de IRSA queda subsumida en la Zona 4, junto al barrio de Soldati, y no en Zona 1, como lo está Puerto Madero, que se encuentra lindero al predio. Lo que significa que esta decisión administrativa hace que la Ciudad pierda 450 millones de dólares de recaudación.
El convenio firmado entre el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la empresa Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA) para la construcción de un emprendimiento inmobiliario en la ex Ciudad Deportiva de Boca, obtuvo media sanción en la sesión de la Legislatura porteño. Los votos por la afirmativa provinieron del bloque oficialista, la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo que lidera Roy Cortinas.
«Cuando vemos que en las contraprestaciones se habla de 715 millones de dólares como la valuación global que deberá pagar IRSA al Gobierno de la Ciudad, lo que no se dice es que esta cifra ha sido calculada de forma arbitraria», apuntó Neira.
A cambio de la autorización para construir un complejo habitacional en un predio actualmente habilitado sólo para actividades deportivas, IRSA cederá al dominio público de la Ciudad una parte de las tierras y se hará cargo del mantenimiento de esos espacios por 10 años.
«No existe información sobre las parcelas que se darán al Estado de la Ciudad como contraprestación por el Convenio Urbanístico», advirtió Neira, que asegura esta operación trata de la entrega más grande de tierras a manos de un privado: «Nada menos que 71 hectáreas que incluye un espejo de agua que forma parte caudal de agua que forma parte del cauce del Río de la Plata».
«¿No estaremos aceptando como contraprestación algo que es de dominio del Estado?», interpeló la diputada, que afirmó «No tenemos claro a qué actores apunta el proyecto ni por qué se propone construir en esa zona de la Ciudad un emprendimiento que, por sus características de construcción en altura, sólo pueden llevar adelante tres grandes constructoras, en detrimento de los cientos de pequeñas y medianas que vienen esperando un incentivo del Estado. Mientras tanto, el Gobierno le otorga esta norma y beneficia en millones de dólares a una sola gran empresa».
El predio, ubicado sobre el Río de La Plata y al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, fue cedido en 1964 por el Estado nacional al club Boca Juniors, pero con la condición de que allí se desarrollaran actividades deportivas y que no fuera vendido a privados.
Sin embargo, en 1982, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la posesión legal del terreno al club de la Ribera, que en la década de 1990 lo vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA.
En 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad, que establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación; sin embargo, la ex Ciudad Deportiva se encuentra cerrada y abandonada hace al menos 30 años.
La arquitecta especialista en normativa urbana Gabriela Muzio, asegura tras la aprobación definitiva de este polémico convenio, la única beneficiada será empresa IRSA con el incremento del valor del suelo. «Los cálculos son aproximados porque no hay información y, además, las formas de negocio económico son variadas. pero lo cierto es que IRSA pagó 50 millones de dólares cuando adquirió ese terreno que, de aprobarse este convenio, pasaría a valer unos 730 millones de dólares».
Sobre esta estimación, Muzio explicó que «el suelo no es un bien que se produzca, por lo que no se toma el costo de producción como base del cálculo, sino que el terreno vale en función de lo que pueda realizarse en él: construcción, venta, alquiler, negocios que se puedan abrir».
«Por eso -agregó- el cambio de norma comporta un aumento sideral en el precio, ya que pasa de no poder hacerse más que un complejo deportivo a poder hacerse una urbanización de 72 manzanas, para un barrio de lujo y con multiplicidad de usos».
Tras el primer dictamen favorable que recibió el proyecto, en un plenario de comisiones de la Legislatura realizado el 26 de julio pasado, algunos medios nacionales informaron que las acciones de IRSA aumentaron su valor en un 28 por ciento, dato que fue mencionado en la sesión de este jueves por el legislador Javier Andrade (FdT).
Por incluir el cambio de una norma urbanística, el acuerdo entre IRSA y el Gobierno porteño debe tratarse como una ley de doble lectura, es decir que deben realizarse dos votaciones en el recinto y, entre ambas, una audiencia pública en la que la ciudadanía manifiesta su opinión.
Tras la primera aprobación del jueves pasado, donde el proyecto obtuvo 37 votos a favor y 20 en contra, debe realizarse la audiencia pública.
Foto: Télam