Marcha Urbana

El lunes  11 de junio se realizó una marcha en reclamo de planificación participativa  y ciudadana de los Códigos Urbanísticos y de Edificación. La misma fue convocada por las organizaciones sociales y vecinales nucleadas en el Frente por una Planificación Ciudadana.

Los principales reclamos ciudadanos fueron:

– El rechazo y la suspensión del tratamiento legislativo de los Códigos Urbanístico y de Edificación en la Legislatura porteña.

– La inmediata actualización del Plan Urbano Ambiental y de su Modelo Territorial, así como también el inicio de la discusión del Código Ambiental.

– El tratamiento y aprobación de la Carta del Derecho a la Ciudad (Expte. N° 849-P-2018) elaborada por las asambleas y ciudadanos y ciudadanas durante dos años de deliberación y concientización.

Más de doscientas organizaciones sociales, colectivos y asambleas presentaron a la Legislatura porteña el proyecto de ley Carta del Derecho a la Ciudad. Una iniciativa elaborada en forma conjunta durante dos años, concebido como un paradigma urbano, sobre como concebir, sentir, decidir y hacer la ciudad, confiriendo a quienes la habitan la legitimidad de acción y de organización para ejercer el derecho a la autodeterminación, a un nivel de vida y hábitat adecuado, como también el derecho de reapropiarse y transformar colectivamente la ciudad a partir del pleno ejercicio de los derechos humanos, su dimensión colectiva y comunitaria; sosteniendo su función social, ambiental y ecológica; e impulsando nuevos derechos urbanos que surgen de la relación de los ciudadanos y las ciudadanas con su territorio, con el espacio y con su hábitat.

Esta democratización de las ciudades alcanza al gobierno, en todo lo referido a decisiones y control de las políticas urbanas; a su planificación; al acceso y al uso de los recursos, a los servicios y bienes comunes que ofrece; a la distribución de las cargas y los beneficios que genera; a su construcción; a la posesión de su suelo, edificios y espacios; y a las oportunidades y a las condiciones de base de quienes habitan la Ciudad.

La transformación colectiva del uso, la ocupación, la gestión y la producción de la ciudad, debe ser entendida como un Bien Común, a fin de que:

  1. Cumpla con su Función Social, Comunitaria, Ambiental y Ecológica con prevalencia y expansión de lo público sobre lo privado.
  2. Sea ambientalmente sustentable y resiliente garantizando un equilibrio entre el campo y la ciudad, y entre esta y su área metropolitana.
  3. Sea planificada para alcanzar la igualdad urbana y la integración socio-urbana de la ciudad; para evitar la concentración de la tierra urbana en pocas manos y los procesos de inquilinización; con el objetivo de lograr una ciudad: integrada, compacta, conectada, con escala humana, socialmente incluyente, no descapitalizada, coordinada, segura, equilibrada y equitativa; que garantice principalmente el Derecho a vivir en comunidad, a la Movilidad y Circulación, a la Vivienda Adecuada y al Espacio Público
  4. Promueva una nueva economía urbana caracterizada por la desmercantilización de los bienes y servicios que brinda la Ciudad y el fortalecimiento de una economía social, solidaria, local y de pequeña escala.
  5. Camine hacia una nueva cultura urbana que sea comunitaria, participativa, colaborativa, horizontal, solidaria y descolonizada que genere una ciudad diversa y mixta.

La Carta del Derecho a la Ciudad, duerme en los cajones de la Legislatura bajo el Expediente N° 1.489-P-2018.

Las organizaciones sociales, colectivos y asambleas, que participaron el lunes de la Marcha Urbana, presentaron un Manifiesto por una Planificación Ciudadana y en rechazo al actual tratamiento del Código Urbanístico y del Nuevo Código de Edificación en la Legislatura porteña. Exigieron la inmediata suspensión del tratamiento de los proyectos de ley del Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación en la Legislatura de la Ciudad y el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental y, con posterioridad a su sanción, el tratamiento en forma conjunta del Código Urbanístico, del Código Ambiental y del Código de Edificación. Además, se solicitó que se adopte como base del diagnóstico y la discusión:

  1.  el relevamiento de las expectativas y propuestas ciudadanas que surgieron de la realización de diversos talleres llevados adelante por asambleas y colectivos, sintetizados en los doce puntos de la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal presentada en la Legislatura,
  2.  los principios, derechos e instrumentos propuestos en la Carta del Derecho a la Ciudad (Proyecto de Ley N° 1489-P-2018) firmada por más de doscientas (200) de organizaciones, colectivos y asambleas.

El rechazo ciudadano al contenido y forma del tratamiento del Código Urbanístico y del Nuevo Código de Edificación es absoluto y amplio. El apoyo dado a estos dos documentos así lo demuestran. No hay voces, más allá de los funcionarios de gobierno, que defiendan estos dos propuestas de instrumentos de planificación urbana.

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