Mirando al Tercer Malón de la Paz

¿Por qué el Tercer Malón de la Paz no figura en la agenda mediática? ¿Cuándo la poblada de Jujuy dejó de ser noticia? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia rehúsa a pronunciarse sobre la ilegalidad de la reforma constitucional de Jujuy? ¿Por qué el presidente de la Nación se niega a recibir a los representantes de las comunidades originarias? ¿Por qué los diputados, diputadas y senadores esquivan el bulto? ¿Qué rol debe jugar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ante sus reclamos? ¿Cuánto falta para que los mismos medios que hoy los ningunean comiencen a demonizarlos?

El 25 de julio de 2023 representantes de 460 comunidades de pueblos originarios de la provincia de Jujuy inicia una caravana de 2000 kilómetros entre La Quiaca y la Capital Federal, sede del Poder político nacional, o de lo que queda de él.

Miles de hombres y mujeres de las comunidades colla, aimara, chicha, guaraní, quechua y cocloya, emprenden este Tercer Malón de la Paz para visibilizar la violencia institucional desatada por el gobernador Gerardo Morales tras impulsar la reforma constitucional de esa provincia, sancionada con la connivencia del partido justicialista.

Arriban a estas pampas el 1 de agosto, día de la Pacha Mama, con tres propuestas concretas: Exigir a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre la ilegalidad de la reforma constitucional de Jujuy. Instar al Congreso de la Nación para que sancione una la Ley de Propiedad Comunitaria e Indígena de la Tierra, y que, ante la creciente escalada de violencia institucional, persecución política a los manifestantes y detenciones ilegales, tome las medidas necesarias para impulsar la intervención federal de la provincia de Jujuy.

Malón de la paz

Anhelan ser recibidos por el presidente de la Nación, atendidos por la Corte Suprema de Justicia, escuchados por los diputados y senadores. Pero nada de esto sucede. La clase política los ningunea al igual que la casta judicial y el poder mediático. Ni siquiera el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se atreve a recibirlos.

Son la contracara de la farsa electoral: denuncian el saqueo sistemático de los recursos naturales en manos de empresas extranjeras; la continua violación a los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales suscriptos con la OIT1 por parte de los gobiernos de turno y la ilegalidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, que atenta contra las tierras ancestrales de las comunidades originarias.

Sobre plaza Lavalle, situada frente al palacio de Justicia, el Gobierno porteño impide acampar a los y las integrantes del Tercer Malón de la Paz. No son bienvenidos en esta planicie plagada de humedades y descomposición. No se les brinda ninguna oportunidad de ser escuchados o visibilizados. Ellos y ellas persisten y permanecen en una vigilia ininterrumpida a la intemperie del frío, del sol, de la calamidad de la noche y del constante hostigamiento de la policía de la Ciudad.

Entregan un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución, pero los cortesanos se niegan a recibirlos. Marchan hacía la Casa Rosada, ningún funcionario los atiende.

Malón de la paz

El viernes 4 de agosto el Tercer Malón de la Paz convoca a una conferencia de prensa que se celebra en Plaza Lavalle a las 12 horas. Los y las representantes de cinco comunidades relatan lo vivido desde su arribo a Capital Federal.

“Nadie quiere cortar una ruta o dormir en una plaza, lo hacemos porque estamos siendo vulnerados, porque no nos escuchan y porque los pueblos originarios también somos argentinos”, dice el referente de la comunidad Guacalera, Eloy Mamaní.

Y enfatiza sobre el derecho de los pueblos a vivir dignamente. “La precarización en Jujuy es tal, que hasta los trabajadores privados están pidiendo aumento de sueldo. Antes de que se desatara este conflicto un docente cobraba 36.000 pesos de básico, un policía $46000 ¿Quién puede sobrevivir con esos sueldos en la actualidad con el nivel de inflación que hay en el país?”, señala y advierte que la reforma constitucional de la provincia de Jujuy establece una suerte de “Ley del más fuerte en Jujuy. Sólo quien tenga dinero y conexión con los partidos políticos y con la justicia en especial podrá sobrevivir”.

Verónica Chávez, una joven madre referente de la comunidad Santuario de Tres Pozos, amamanta a su niño antes de tomar la palabra. “A lo largo y a lo ancho de la provincia de Jujuy habitamos 460 comunidades que no fuimos consultadas por el Gobierno provincial a la hora de hacer la reforma constitucional. Quienes aprobaron vulneraron todos los derechos internacionales vigentes, también decidieron sobre nuestras vidas, nuestros territorios, nuestras economías. Nos han pegado donde más nos duele y no vamos a bajar los brazos. Queremos respuestas y no nos vamos a mover de aquí hasta conseguirlas”.

Sobre la invisibilización mediática, tanto de la pueblada jujeña como del arribo a Capital Federal del Tercer Malón de la Paz, el representante de la comunidad Guacalera expresa: “Antes se hacían golpes militares para a permitir que las empresas de países extranjeros nos dominen, pero ahora los golpes se hacen a través de los medios de comunicación. Es impresionante que lo que está pasando en Jujuy no tenga repercusión a nivel nacional e internacional. ¿Estamos en la era de las comunicaciones y nadie nos ve? ¿Nadie nos escucha? La gente cree vinimos acá para promover el turismo. No es así”.

Con relación al destrato de la clase política, el cacique Néstor Jeréz apunta: «Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que permanecemos en Plaza Lavalle a la intemperie porque no se nos permite colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos. No nos permiten ni siquiera cubrir las necesidades básicas, ni garantizar los derechos humanos más elementales. No solo denunciamos el atropello del gobernador Gerardo Morales, también el del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires».

La propuesta de esta nota es mirar. Que el lector y la lectora porteña se saquen la venda mediática y se acerquen a plaza Lavalle para mirar, preguntar directamente y conversar con esta gente -que son todos muy amables y lúcidos-, para saber lo que les pasa, a ellos y también a nosotros.

 

1. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fotos: Télam

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