No queremos ser más esta humanidad
por Miranda Carrete
En el marco del debate por la reforma de la Ley de Alquileres que se debate en el Congreso nacional, conversamos con Gigi Krein, integrante de Consejerías de Viviendas, que describe un crudo mapa de la realidad, donde predomina la informalidad, el incumplimiento de la ley y la falta de inclusión de un gran porcentaje población víctima de estafas, aumentos desmedidos o discriminada por cuestiones de género, edad o por tener menores a cargo. ¿Qué pasa con ese sector social que abarca un alto porcentaje de quiénes alquilan en la Ciudad? ¿Cuáles son las principales necesidades y los reclamos para que la ley contemple a esas personas?
La crisis habitacional reflejada en números
En el mes de julio se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el II Encuentro Nacional de Alquileres organizado por el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios Metropolitanos. En este espacio se dieron a conocer datos y estadísticas sobre la situación de los inquilinos a nivel nacional y en la CABA, como también sobre las condiciones de precariedad habitacional, es decir, personas que viven en hoteles, inquilinatos, pensiones o bien en situación de calle.
En la ciudad de Buenos Aires, como en otras grandes urbes del país, cada vez existen más dificultades para acceder al techo propio. Si bien hay un 65% de viviendas propias en Argentina, en la CABA esta cifra alcanza apenas al 52 por ciento, casi la mitad de la población no es propietaria. Proceso donde los precios de los alquileres aumentan de forma desmedida, no se cumplen las legislaciones vigentes y muchas personas, en su mayoría trabajadores informales o jefas de familia, quedan excluidas por el elevado precio de las locaciones, por estar endeudadas, por falta de papeles o, en el extremo de la vulnerabilidad, porque viven en la calle.
La falta de políticas de Estado para dar solución a la problemática habitacional fue uno de los temas centrales del debate. Desde que se aprobó la ley de alquileres los valores quedaron atados a la inflación. El método de ajuste se apoya en el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central y las previsiones de inflación y remuneración promedio. Por esta razón, para quienes cuentan con un contrato de alquiler, las subas anuales alcanzaron este año el 80, el 90 y hasta 100%, cifra que difícilmente se ve reflejada en el salario.
En 2021 el 24 por ciento de la población dedicó más de la mitad de su salario a pagar el alquiler, mientras que este año ese alcanza al 32 por ciento de las familiar inquilinas. Además de altos niveles de endeudamiento, desde ACIJ y el CELS observaron situaciones más precarias de solución del hábitat, alquileres en hoteles-pensión y de habitaciones. Se trata de una realidad que abarca a un tercio de las personas del AMBA.
El 50% de los inquilinos del AMBA carece de contrato oficial y más del 60% debe asumir aumentos por fuera de la ley, este dato se desprende la encuesta sobre la situación de los hogares inquilinos en el AMBA, realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET) entre otras organizaciones. El relevamiento indica, también, que más del 63% de los inquilinos están endeudados, en tanto que los hogares sostenidos por mujeres se encuentran en una peor situación financiera: más atrasados en el pago de impuestos, servicios, tarjetas de crédito, fiado en comercios y préstamos bancarios informales.
La brecha de género en el acceso al hábitat es otra de las variables preocupantes, las posibilidades de acceso a la vivienda empeoran en los hogares de jefatura femenina.
“Hay personas que piensan que el tema del alquiler es un acuerdo entre privadas donde el Estado no tiene por qué meterse”, señala Gigi Krein, integrante de Consejerías de Viviendas, organización comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, que desde 2017 acompaña en situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado.
Entre esas personas está el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién, en una entrevista con Julio Leiva, expresó que “El tema del alquiler es un tema de mercado”. Lo cierto es que para una gran mayoría de la población es la principal preocupación. Sobre todo, cuando se le niega la posibilidad de habitar un hogar por tener hijos o cuando te es imposible pagarlo porque para el mercado lo importante es la ganancia y no el bienestar social.
En el territorio porteño esta crítica situación se ve reflejada en el informe de agosto publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad. El estudio da cuenta de un incremento de hasta el 140% anual en los alquileres de viviendas, muy por arriba Índice de Precios al Consumidor, que osciló en el 115%. En paralelo, la oferta se redujo un 50% respecto al año anterior: 3.000 publicaciones en 2022 contra 1.500 publicaciones en 2023.
Campaña “Ni unx pibx sin techo”
Las Consejerías de Viviendas realizan semanalmente asambleas donde concurre gente que habita en hoteles, pensiones, villas o directamente en situación de calle. “Personas que no necesariamente viven en la calle pero que están yendo de casa en casa, o van de un primo, una hermana, un amigue”, explica Gigi Krein. Las charlas son un espacio de contención, pero también de acción directa que, ante la falta de una entidad pública, acompaña a cada situación en particular. “La falta de respuesta para los hogares monomarentales o la discriminación a las personas migrantes o distintas identidades de género son las principales consultas”, subraya.
La campaña Ni unx pibx sin techo nace con el objetivo de visibilizar la creciente imposibilidad de alquilar que sufren las familias con menores a cargo, y establecer acciones de denuncia y exigencia al Estado. En lo que va del año, fallecieron dos niñas menores de edad (3 meses y 12 años) producto de la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. “¡No queremos ser más esta humanidad! Necesitamos juntarnos para pensar estrategias y acciones directas desde distintos sectores para recibir una respuesta inmediata a esta situación”, argumenta Krein.
En 2019, el 2° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, contabilizó 871 niñxs sin techo. La pandemia, el aumento de los desalojos y las crisis económica e inquilina empeoraron el panorama que, en el actual contexto electoral con la derecha siendo protagonista, enciende aún más alarmas.
“Cuando te dicen con chicxs no, cuando te discriminan por tu identidad, por tu edad, se incumple la ley. Pero cuando el Estado avala, se hace inhumano”, reafirma Gisella. Desde el inicio de la pandemia, más de 500 familias con niñxs han sido desalojadas. La falta de acceso a la vivienda digna hace que varias familias deban compartir un mismo espacio, lo que plantea riesgos, especialmente para lxs niñxs, al estar expuestos a situaciones desconocidas y peligrosas. Mientras que, el 90% de lxs niñxs en situación de calle ven vulnerados sus derechos básicos, como escolaridad y salud, entre otros.
La vivienda digna fue reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28). No obstante, el análisis de la situación durante el II Encuentro Nacional de Alquileres dio cuenta de un déficit habitacional de casi 4 millones de viviendas: 1,3 millones de familias necesitan una vivienda nueva mientras que 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras. Es decir, uno de cada tres hogares tiene problemas habitacionales en nuestro país.
Generar debate social
Según la Cámara Inmobiliaria Argentina, “el 76 por ciento de las personas menores a 35 años no llega a cumplir los tres años de contrato en el marco de la actual ley de alquileres”. La encuesta de la dirección de Vivienda Asequible del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) indica que la mitad de las personas no acordó sus alquileres con inmobiliarias, sino bajo la modalidad “dueño/a directo/a”; el 80% cuenta con un contrato escrito, pero sólo el 40% lo hizo dentro de los márgenes de la vigente ley.
Entre las conclusiones del II Encuentro de Alquileres se indicó que “la actual ley de alquileres no benefició a los inquilinos como se esperaba y, a la hora de hablar de la crisis habitacional, se le da excesiva centralidad a la norma, cuando el problema es mucho más profundo”. Por estas horas el proyecto para modificar esta normativa acaba de recibir media sanción de la cámara baja. Sin ningún tipo de beneficio para los inquilinos, las modificaciones aportadas por el bloque opositor apuntan, una vez más, a beneficiar al sector inmobiliario.
Al respecto, Gigi Krein considera necesario generar debate social sobre el acceso a la vivienda en el país: “Todo el mundo acepta que hay que pagar un alquiler y que no se considera que tan solo por haber nacido merecemos un pedazo de tierra y un techo sobre nuestras cabezas”.
“El acceso a la vivienda digna debe ser reformulado a nivel nacional. Es un problema que afecta a todo el país, y debemos denunciar estas situaciones para poder abordarlas”, sintetiza Krein y se pregunta: “¿Qué pasa con la regulación de alquileres temporarios? ¿Con las viviendas ociosas? ¿Quién establece el precio inicial del alquiler?”.
Los desalojos violentos, son una de las variables que da cuenta del desamparo al que se encuentra expuesta una gran mayoría de la población en la ciudad Buenos Aires. “El actual jefe de Gobierno pronto se retirará y, todo indica que será reemplazado por alguien que busca revitalizar el mercado inmobiliario en detrimento de la vivienda digna. Además, el actual ministro, Burzaco, tiene un historial preocupante, incluidas las trágicas muertes durante una toma en Indoamericano”, explica Krein en referencia al desalojo de Casa Pringles, en junio pasado, cuando la Policía de la Ciudad reprimió y dejó en la calle a un grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad. “La informalidad se asocia a la pobreza, sin embargo, los mayores ocupas son los sectores de clase alta”, remata.
Ley de alquileres ¿Para quién?
Hace dos semanas Cámara de Diputados de la Nación daba curso al proyecto de reforma la ley de alquileres que reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece la actualización del monto del alquiler cada cuatro meses en base a mecanismo pactado entre propietarios e inquilinos, pudiendo aplicar el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o bien la combinación de los tres indicadores. La reforma, que no es tal, no aporta ningún beneficio a la población inquilina, si se ocupa de otorgar demasiados incentivos fiscales a los propietarios a fines de facilitar el incremento del stock de viviendas en alquiler o bien ociosas.
Mientras que el proyecto para los alquileres temporarios no logró entrar en el temario a falta de las mayorías especiales. En pocas palabras debido de la ausencia de dos tercios de los diputados y las diputadas que debían garantizar el tratamiento de esta iniciativa.
Por estos días el proyecto de reforma impulsado por la oposición se trata en el Senado de la Nación, sin mayores modificaciones. En un comunicado de prensa emitido por las agrupaciones sociales que nuclean a lxs inquilinxs informales de todo el país expresaron que nuevamente este amplio sector de la población quedó fuera del debate a nivel parlamentario. en la Cámara alta
“Cada vez más personas y familias nos vemos volcados a los alquileres informales ante una crisis habitacional sin precedentes, con precios de alquiler impagables y un retiro casi total de viviendas para alquiler en todo el país. En esta modalidad, no existe ningún derecho en tanto inquilinos, no contamos con ningún contrato, y tanto los plazos como los precios de alquiler se definen caprichosamente desde quienes viven de nuestra renta. Tampoco observamos ningún proceso legal frente a desalojos, debiendo enfrentar métodos mafiosos de expulsiones violentas”, señalan en el comunicado y expresan la preocupación por “la creciente prohibición de alquilar con niñxs, lo cual deja en situación de calle a cada vez más personas, afectando principalmente a familias monomarentales”.
También exigen ser tenidos en cuenta en el debate para que la ley de alquileres incluya a todxs lxs inquilinxs. Al tiempo que advierten que la solución a la crisis habitacional no pasa por el alquiler. Debe ser acompañada por un genuino plan de tierra y vivienda.