Observatorio Lucía Pérez

Una radiografía de la violencia patriarcal

por Miranda Carrete

Anabella amamanta a su hija de cinco meses mientras charlamos sobre el inmenso trabajo que realizan en el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas, como indican en su página web http://observatorioluciaperez.org/quienes-somos/ Se trata de un registro sistemático y diario, con el que buscan construir una radiografía de la violencia patriarcal. “Empezamos en 2014, contabilizando femicidios y travesticidios, después sumamos crímenes que estaban en investigación y que podrían ser femicidios, también desaparecidas, tentativas de femicidios y hace dos meses incorporamos un nuevo padrón, el de funcionarios denunciados por violencia”, explica Anabella Arrascaeta, que participa del espacio desde que se fundó, en cooperativa lavaca.

Para las integrantes del Observatorio es un honor y una gran responsabilidad llevar el nombre de Lucía Pérez, la adolescente asesinada en Mar del Plata el 8 de octubre de 2016. Su caso impulsó movilizaciones en todo el país en lo que fue la antesala del primer paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hoy el Observatorio trabaja en conjunto con la familia de Lucía, familiares de sobrevivientes, organizaciones sociales y territoriales. “Fueron ellas las que proporcionaron un montón de información que era importante sumar, como por ejemplo: cuántos hijes tenía cada víctima, quién es la o el fiscal y la fiscalía de la causa, qué imputación pusieron en la causa, si hubo denuncias previas, si estaba embarazada, si el femicida era policía o pertenecía a las fuerzas de seguridad, entre otras cosas”, detalla Anabella, atenta a su hija y a las preguntas.

Foto: Eliana Obregón/ Télam

El aumento de violencia durante el primer año de pandemia fue alarmante y las cifras no cesaron durante el 2021. Al cierre del último año el Observatorio Lucía Pérez contabilizó 318 Femicidios y travesticidios  en todo el país. “Mi hija no es una cifra”, dijo una madre durante una reunión y ese fue el disparador para que el Observatorio sea más que una estadística. Con las familias consensuaron mostrar detalles de cada historia, en los padrones ves la foto, el nombre, la edad, de dónde era, si tenía hijos, qué fue lo que pasó y otras anotaciones que llevan adelante durante las investigaciones. Se trata de una reconstrucción de cada historia de vida, más allá del registro sistemático necesario para contabilizar la violencia patriarcal en nuestro país. Anabella señala que esa información debería estar en manos del Estado y lamenta que no exista en la actualidad un Observatorio público de femicidios que se actualice a diario.

“No vemos políticas públicas fuertes para disminuir el aumento e impacto de la violencia y estamos preocupadas por la intención del recorte del 40% del presupuesto en el monto nominal destinado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad”, expresa la entrevistada. Y es una inquietud que comparte con sus compañeras, con las que trabajan a diario y ponen el cuerpo en el territorio. En tanto desde el Ministerio aseguran que la Cartera recibió 3 ampliaciones presupuestarias que elevaron su crédito durante el año, lo que implicó un aumento de la partida inicial en un 183%, situación que podría repetirse en 2022. Sin embargo, son varias las organizaciones y espacios políticos que señalan que el recorte presupuestario en el área es una realidad. En esa línea, durante el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Myriam Bregman señaló: «En el presupuesto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ejecutó sólo un 71,11 % de lo que se había previsto. Menos de lo que se ejecutó para otros organismos. Para 2022, dicho Ministerio tiene asignado un 39% menos en términos nominales respecto al presupuesto vigente de este año. ¿Por qué recortan ese presupuesto, si sigue habiendo una muerta por violencia de género cada 30 horas en la Argentina?». Pregunta que se repite, también, a lo largo de la nota con Anabella.

Foto: Diego Izquierdo / Télam

Traveticidios y Tranfemicidios Sociales

La decisión de incluir en el informe un detalle sobre travesticidios y transfemicidios sociales fue una necesidad colectiva, cuenta Anabella, ya que no había registros al respecto. Además de las muertes violentas, se suman las que son producto de violencias simbólicas como la falta de acceso a derechos fundamentales como vivienda y salud. Situaciones que dan cuenta de la deuda histórica de políticas públicas que contemplen a la población travesti, trans. “Es una forma de hacer memoria, un proceso de reparación, poder nombrarse y que tus compañeras te reconozcan”, concluye.

Luchar hasta encontrar justicia

Los brazos en alto y un grito que transmite euforia, emoción, bronca, tristeza y refleja la lucha incansable de una madre que perdió una hija, es una de las postales del juicio por el femicidio de Araceli Fulles. El tribunal condenó a prisión perpetua a tres de los cuatro responsables del asesinato de la joven. La protagonista de esa foto es su madre, Mónica Ferreyra, quien se puso al hombro la búsqueda de justicia y encontró en esa pelea una red de organizaciones, familiares, amiges, funcionaries y personas autoconvocadas que la acompañaron estos años. “Dentro de todo estamos conformes, pero por más que condenen a quien condenen, mi hija no vuelve más”, reflexiona Mónica y continúa: “Nosotros lo que hicimos fue molestar, a la gente, a los políticos, a la Corte Suprema, a los jueces, a todos, esto lo conseguimos luchando durante 4 años y 6 meses”.

La voz de Mónica es firme cuando describe cada lugar que recorrió, las innumerables marchas de las que participó y las que se organizaron para exigir justicia por Araceli en el país y en otras partes del mundo. Repasa la primera vez, que después de muchos intentos, el presidente Alberto Fernández leyó una de sus cartas. Fue en Chapadmalal, un lugar muy significativo para ella y su familia, ya que Araceli participó en varias oportunidades del programa educativo -Jóvenes y Memoria-. “Me acerqué a la Casa de Gobierno con una cartita atrás de una foto de mi hija, lo metí en un sobre y le di la carta con un barbijo que decía justicia por Araceli. Lo recibió y gracias a eso me contacte con el Ministerio de Mujeres”.

Foto: Eliana Obregón / Télam

Mónica está muy agradecida con el acompañamiento que recibió y recibe, desde el 2 de abril de 2017 cuando su hija desapareció, y luego cuándo 25 días después el cuerpo de Araceli fue hallado bajo unos escombros, en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez. Hasta el juicio los tres acusados estuvieron en libertad, el único detenido en la causa, Darío Badaracco, murió tras ser atacado por dos presos en el penal de Sierra Chica. “Ella ahora va a descansar en paz, le volverán a crecer las alas y volará bien alto”, dijo el 5 de noviembre cuando el tribunal dio a conocer la condena. La mamá de Araceli, destaca también el trabajo de los jueces que les asignaron en la causa, afirma que se sintió escuchada y acompañada. Pero también es consciente que no todas las familias corren la misma suerte, ya que tal como indican los informes del Observatorio Lucía Pérez, las irregularidades abundan, llegar a un juicio es una odisea, y tanto la perspectiva de género como el acompañamiento a las familias escasean en el poder judicial.

Los pies en la calle contra la impunidad

Las familias de víctimas y sobrevivientes de femicidios se reúnen todos los segundos miércoles del mes en Plaza de Mayo. El último encuentro fue el pasado 9 de diciembre en el que le entregaron una carta al presidente Alberto Fernández solicitando una reunión, de la que aún no obtuvieron respuesta. En esa ronda estuvo presente la familia de Cecilia Basaldúa, una joven que fue encontrada sin vida el 25 de abril del 2020, tras 20 días de intensa búsqueda. Su cuerpo fue hallado cerca de un basural de Capilla del Monte, en Córdoba. Desde que comenzó la investigación la familia pudo comprobar irregularidades en la causa y falta de perspectiva de género en el abordaje de la misma. De hecho la investigación se cerró y el juicio se postergó para 2022. Guillermo Basaldúa, hermano de Cecilia, contó a Periódico VAS que la causa judicial no incorpora elementos claves como testimonios, pericias y complicidades de la policía provincial. “Como querellantes apelamos, a pesar de que no podíamos hacerlo y quedó la elevación a juicio pero la investigación cerrada, más allá de los pedidos a indagatoria que quedaron pendientes”, afirma y explica que por el momento hay un detenido e imputado, Lucas Bustos, acusado de abuso sexual y homicidio doblemente calificado por violencia de género. Sin embargo, tanto la querella como la defensa acuerdan que no hay pruebas suficientes para incriminarlo. La familia de Cecilia explica que la policía es la que dice que el acusado confesó, sin embargo no hay testigos de ese momento y más tarde negó todo y declaró que lo obligaron a decir que él la mató. “La fiscal Paula Kelm no se preocupó por investigar a ninguna otra persona”, incluso se viralizó un audio de una testigo que detalla las últimas horas de Cecilia en Capilla del Monte, un relato que involucra a policías de la zona y a la fiscal a cargo, que según Guillermo esconde más de lo que investiga. Para ilustrar la situación que se vive en la fiscalía de Cosquín, dónde llevan adelante el caso, el hermano de Cecilia agrega que el jefe de policía que llevaba adelante la investigación y el jefe de bomberos que intervino durante la búsqueda, hoy están detenidos, ambos por causas de violencia de género.

Foto: Eliana Obregón / Télam

Es por eso que la familia tiene muchas expectativas puestas en el juicio, a pesar de la conocida impunidad que hay en Córdoba “se van a presentar los testigos que quedaron pendientes durante la investigación y después de eso, se verá, queremos justicia”, concluye Guillermo.

La convicción de Mónica Ferreyra en la lucha colectiva, también se puede escuchar en la voz de Guillermo, cuando asegura que para conseguir justicia, para dar la lucha hay que organizarse con otrxs “si no hubiésemos tenido el apoyo de organizaciones, medios independientes, nuestra abogada Daniela Pavón y otras familias que vivieron lo mismo, no hubiéramos llegado a esta instancia”, reflexiona agradecido por el acompañamiento que recibió desde el primer día, en el que tuvo que poner su voz para ir en búsqueda de la verdad tras el femicidio de su hermana.

“Luchar sirve”, decimos cada vez que se logra conquistar un derecho en las calles, cuando se hace justicia gracias a la insistencia y el reclamo colectivo de las familias. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, sabe de esos grandes pasos que representan un descanso entre la hostilidad de los procesos judiciales en nuestro país. En una medida histórica y ejemplificadora el pasado 23 de noviembre, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por falta de perspectiva de género en la causa, quienes en 2018 absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía, resolución revocada por la Cámara de Casación el año pasado. El Jurado resolvió la suspensión de los magistrados y el embargo del 40% de su sueldo. Ahora se dará inicio a un debate público para establecer si se dispone la destitución, un reclamo que sostiene la familia de Lucía.  

Foto: Télam

Las cifras del terror

Según el informe 2021 del Observatorio Lucia Pérez se contabilizaron en 2021:
– 308 femicidios
-10 travesticidios
-57 travesticidios sociales
-Hay 241 personas desaparecidas, Y la pregunta: ¿Dónde está Tehuel?, sigue resonando en las calles.

Durante el año se llevaron adelante 371 marchas y movilizaciones exigiendo ¡Paren de matarnos!
Además, del total de  femicidios, 32 fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Violencia que se suma al entramado policial-judicial y la violencia institucional a la que están expuestas las familias que buscan justicia.
Mientras que en los primeros 10 días de 2022, 5 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Lo cierto es que detrás de las estadísticas y los números que retratan la violencia patriarcal en nuestro país, hay historias de vida, familias, hijxs que quedan huerfanxs, amigxs y compañerxs que hoy siguen buscando respuestas.
No se trata sólo de cifras, sino de la carencia  de políticas públicas, campañas de prevención, recursos que lleguen a tiempo para evitar los femicidios, a lo que se suma, en la mayoría de los casos, tanto la falta de escucha a las familias de las víctimas de femicidio, como a las mismas a las víctimas de violencia machista.

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