Octavos de Final y un festejo sangriento
Disturbios en el Obelisco: la fiesta, la policía y la segregación social
La jornada del martes 7 de julio de 2026, el Obelisco volvió a ser el escenario donde se cruzan dos Argentinas en la misma fiesta: la que festeja y la que trabaja para sobrevivir. Lo que empezó como una celebración masiva por la clasificación de la Selección argentina a cuartos de final del Mundial terminó en un operativo policial desbordado, corridas, botellas volando y un saldo de entre 15 y 19 detenidos, y además heridos.
Las fuentes coinciden en el punto de partida: la Policía de la Ciudad avanzó para desalojar a vendedores ambulantes que ofrecían choripanes y bebidas en los alrededores del Obelisco. Ese gesto, aparentemente menor, encendió la mecha. Los incidentes comenzaron luego de que se montara un impresionante operativo para desalojar a los y las vendedores ambulantes. Esta frase es breve, pero contiene la esencia del conflicto: la policía interviene no para frenar la violencia, sino para ordenar el espacio urbano (el consabido eslogan repetido hasta el hartazgo: Ley y Orden), expulsando a quienes sobreviven de la precaria economía popular.
La frontera social del festejo
En cada celebración masiva, el espacio público se convierte en un territorio de disputa. Los hinchas ocupan la calle como ritual colectivo; los vendedores la ocupan como fuente de ingreso. La policía, en cambio, la administra como si fuera un escenario que debe permanecer “limpio”, “transitable”, “seguro”. Nuevamente, la puesta en práctica del eslogan parafraseado, tomado de una noventosa serie norteamericana: Ley y Orden.
De esta manera, la algarabía de la noche/tarde del 7 de julio se convirtió en represión. El operativo policial —que incluyó a la Infantería, el Grupo de Acción Motorizada (GAM), la Unidad de Contención e Intervención Táctica (UCIT) y personal motorizado— avanzó sobre vendedores y vendedoras. La respuesta fue inmediata: corridas, botellas de plástico y vidrio arrojadas contra los agentes, tensión creciente.
Si bien los medios oficialistas describieron el operativo como un “importante despliegue de seguridad” que derivó en cortes de tránsito y un clima de incertidumbre para quienes intentaban circular por la zona. Otros medios documentaron los momentos de tensión y enfrentamientos que se extendieron durante varios minutos. Pero detrás de la narrativa del caos aparece otra lectura: la policía actuó como «filtro social», separando a quienes podían estar en la fiesta y a quienes no.
La magnitud de la violencia se evidenció al momento de hacer el conteo de los heridos. Según datos oficiales, entre 3 y 9 civiles heridos fueron atendidos por el SAME. Y cinco policías resultaron heridos, dos de ellos con fracturas. Obviamente, la violencia no fue unilateral: la multitud respondió con furia contenida. Ni los escudos policiales ni los bastones ni el avance táctico pudieron frenarla. Pero el origen del conflicto, que no es otro que el pretendido desalojo de trabajadores informales, marca una asimetría estructural que concibe el tan exógeno precepto de Ley y Orden.
Los detenidos, que según el Ministerio Público de la Defensa alcanzan a 11 personas, fueron imputados por arrojar objetos; por atentado y resistencia a la autoridad, por un intento de robo de celular, y por desobediencia. Uno de los detenidos fue trasladado con el torso desnudo mientras los familiares intentaban impedir el procedimiento, es una imagen repetida en los operativos de control urbano en CABA.
La narrativa oficial considera «La fiesta» como territorio de control, en el cual la policía actúa para “recuperar el espacio público” y evitar que los incidentes se extiendan. Pero la secuencia de los hechos muestra otra realidad. En primer término, el desalojo compulsivo de los vendedores ambulantes. Ante lo cual la multitud reaccionó con cierto nivel de violencia, lo que incrementó la escalada policíaca a través de las llamadas «unidades tácticas»; y como consecuencia, lo que debió ser un festejo popular terminó en una oleada de corridas, balacera, heridos y detenidos.
«La fiesta» se convierte entonces en un dispositivo donde la desigualdad se vuelve visible: quienes festejan pueden ser tolerados; quienes trabajan son expulsados. El operativo, más que contener la violencia, parece haber buscado disciplinar la precarización laboral, una práctica recurrente en la Ciudad de Buenos Aires.
La violencia policial se tradujo también en otra provincia. Mientras el Obelisco ardía, Córdoba reportaba 30 detenidos durante los festejos en el Patio Olmos. Según el Ministerio de Seguridad provincial, hubo robos, corridas y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad.
«La ciudad que celebra y la ciudad que expulsa», tal vez ese sea el epílogo de la crónica de un festejo marchito. El 7 de julio dejó una postal conocida: miles celebrando, decenas trabajando, cientos reprimiendo. La violencia no fue un accidente, sino el resultado de una política urbana que segrega y controla.
Así, la fiesta popular, lejos de ser un espacio de igualdad, se convierte en un escenario donde se reproduce la desigualdad: unos festejan, otros sobreviven, y la policía decide quién puede quedarse.