Persecución en el Subte: criminalización como política de Estado
La ofensiva judicial contra los trabajadores y trabajadoras del subte volvió a activarse. Una nueva imputación contra trabajadores y trabajadoras del subte. Como si el tiempo no hubiera pasado desde aquel 2018 en el que fue recusada por irregularidades, la fiscal Celsa Ramírez volvió a imputar a integrantes de la AGTSyP por el delito de asociación ilícita, una figura penal que —según denuncian las y los metrodelegados— intenta criminalizar la protesta gremial.
La acusación sostiene que las medidas de fuerza realizadas durante los últimos meses: paros escalonados, apertura de molinetes, acciones coordinadas con la CATT y reclamos por condiciones laborales y de seguridad. Todas ellas, prácticas históricas del movimiento obrero, ahora forman parte de un supuesto “plan delictivo”.
La fiscal Ramírez no es una figura nueva en este conflicto. Como si se tratara de un déjà vu, su nombre aparece cada vez que el Gobierno porteño necesita apretar el torniquete sobre las y los trabajadores del subte. En 2018, su actuación fue cuestionada tanto por su parcialidad como por un uso discrecional de la figura de “asociación ilícita”. Hoy, la historia se repite.
La nueva causa judicial presenta elementos que el gremio califica como escandalosos. En primer término, porque Emova, la empresa concesionaria de los subterráneos porteños, actúa simultáneamente como denunciante, proveedora de pruebas y notificadora de los propios imputados, «con el agravante de que estas notificaciones presentan errores y contradicciones», apuntan los metrodelegados y agregan que «la selección de trabajadores imputados parece responder más a criterios políticos que jurídicos». En tanto que la AGTSyP considera que estas actuaciones corresponden a una estrategia sistemática. «Quieren disciplinar al sindicato, quebrar la organización y avanzar sobre derechos conquistados», señalan.
El trasfondo del conflicto tiene cuerpo y forma concreta; se llama asbesto y se traduce en la precarización del servicio. «Al tiempo que la Justicia avanza sobre las y los trabajadores, la red de subterráneos continúa arrastrando problemas estructurales: material rodante contaminado con asbesto, falta de inversión, trenes obsoletos y un servicio que se deteriora al ritmo de los tarifazos», apuntan desde el gremio.
En este contexto, las medidas gremiales no son caprichos aislados, sino respuestas a un riesgo real. Los trabajadores denuncian que la persecución judicial busca silenciar reclamos legítimos y despejar el camino para una gestión empresarial que prioriza la rentabilidad por encima de la salud y la seguridad.
Como respuesta ante esta avanzada, la AGTSyP declaró el estado de alerta y movilización. Exigen la nulidad de las notificaciones, la recusación de la fiscal Ramírez y el cese inmediato de la criminalización. «Nos imputan por defender nuestros derechos y los de los usuarios. Pretenden convertir la protesta en delito. No lo vamos a permitir», expresaron desde el sindicato.
La situación de las y los trabajadores del subte no es un caso aislado. «En los últimos años, la Ciudad viene desplegando un modelo de gestión basado en la judicialización del conflicto social: docentes, enfermeras, manteros, artistas callejeros, cartoneros y ahora las y los metrodelegados han sido blanco de causas penales que buscan desactivar la protesta y desarticular la organización colectiva», señalan y apuntan que «la imputación por ‘asociación ilícita’, una figura legal pensada para perseguir mafias y redes criminales, aplicada a trabajadores que ejercen su derecho constitucional a huelga, traduce la profundidad del problema».
Por otra parte, aseguran que lo que «está en juego no es solo el futuro de un gremio, sino el derecho a la protesta en una ciudad donde la justicia parece alinearse cada vez más con los intereses empresariales». De esta forma, explican: «La causa contra las y los metrodelegados funciona como mensaje disciplinador: si protestás, te judicializan; si te organizás, te criminalizan».
En un escenario de ajuste, tarifazos y precarización, la ofensiva contra las y los trabajadores del subte se inscribe en una disputa mayor: quién paga la crisis y quién tiene derecho a reclamar.