Persecución en el Subte: criminalización como política de Estado
La ofensiva judicial contra los trabajadores y trabajadoras del subte volvió a activarse. Una nueva imputación contra trabajadores y trabajadoras del subte. Como si el tiempo no hubiera pasado desde 2018 cuando fue recusada por irregularidades, la fiscal Celsa Ramírez imputó nuevamente a integrantes de la AGTSyP por el delito de asociación ilícita, una figura penal que —según denuncian las y los metrodelegados— intenta criminalizar la protesta gremial.
La acusación sostiene que las medidas de fuerza realizadas durante los últimos meses: paros escalonados, apertura de molinetes, acciones coordinadas con la CATT y reclamos por condiciones laborales y de seguridad. Todas estas prácticas históricas del movimiento obrero desde ahora forman parte de un supuesto “plan delictivo”.
La fiscal Ramírez no es una figura nueva en este conflicto. Como si se tratara de un déjà vu, su nombre aparece cada vez que el Gobierno porteño necesita apretar el torniquete sobre las y los trabajadores del subte. En 2018, su actuación fue cuestionada tanto por su parcialidad como por un uso discrecional de la figura de “asociación ilícita”. Hoy, la historia se repite.
La nueva causa judicial presenta elementos que el gremio califica como escandalosos. En primer término, porque Emova, la empresa que explota la concesión de los subterráneos porteños, actúa en forma simultánea como denunciante, proveedora de pruebas y notificadora de los propios imputados. «Con el agravante de que estas notificaciones presentan errores y contradicciones», apuntan desde el gremio, al tiempo que afirman que «la selección de trabajadores imputados parece responder más a criterios políticos que jurídicos». En este sentido, la AGTSyP considera que estas actuaciones corresponden a una estrategia sistemática. «Quieren disciplinar al sindicato, quebrar la organización y avanzar sobre derechos conquistados», señala.
El trasfondo del conflicto tiene cuerpo y forma concreta; se llama asbesto y se traduce en la precarización del servicio. «Al tiempo que la Justicia avanza sobre las y los trabajadores, la red de subterráneos continúa arrastrando problemas estructurales: material rodante contaminado con asbesto, falta de inversión, trenes obsoletos y un servicio que se deteriora al ritmo de los tarifazos», apuntan desde la AGTSyP .
En este contexto, las medidas gremiales no son caprichos aislados, sino respuestas a un riesgo real. Las y los trabajadores denuncian que la persecución judicial busca silenciar reclamos legítimos y despejar el camino para una gestión empresarial que prioriza la rentabilidad por encima de la salud y la seguridad.
Como respuesta a la avanzada judicial, la AGTSyP declaró el estado de alerta y movilización. Exige la nulidad de las notificaciones, la recusación de la fiscal Ramírez y el cese inmediato de la criminalización. «Nos imputan por defender nuestros derechos y los de los usuarios. Pretenden convertir la protesta en delito. No lo vamos a permitir», expresaron.
La situación de las y los trabajadores del subte no es un caso aislado. «En los últimos años, la Ciudad viene desplegando un modelo de gestión basado en la judicialización del conflicto social: docentes, enfermeras, manteros, artistas callejeros, cartoneros y ahora las y los metrodelegados han sido blanco de causas penales que buscan desactivar la protesta y desarticular la organización colectiva», señalan desde el gremio y advierten que «la imputación por ‘asociación ilícita’, una figura legal pensada para perseguir mafias y redes criminales, aplicada a trabajadores que ejercen su derecho constitucional a huelga, traduce la profundidad del problema».
«Lo que está en juego no es solo el futuro de un gremio, sino el derecho a la protesta en una ciudad donde la justicia parece alinearse cada vez más con los intereses empresariales», apuntan desde la AGTSyP, que considera que la causa contra las y los metrodelegados funciona como mensaje disciplinador: «si protestás, te judicializan; si te organizás, te criminalizan».
En un escenario de ajuste, tarifazos y precarización, la ofensiva contra las y los trabajadores del subte se inscribe en una disputa mayor: quién paga la crisis y quién tiene derecho a reclamar.