Presupuesto 2017: Tarifas en aumento, deuda en en alza

La Legislatura porteña aprobó esta tarde el proyecto de Presupuesto 2017 enviado por el Poder Ejecutivo. El mismo,  contempla un nivel de gastos de 178.223 millones de pesos, una inflación del 17 por ciento, un incremento en la tasa del ABL del 30 por ciento promedio y un sensible aumento en las partidas para el área de la vivienda social.
La proyección de gastos diseñada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para el próximo año, fue sancionada con 34 votos positivos del PRO y de los integrantes del bloque de Confianza Pública que lidera Graciela Ocaña y el bloque Peronista. Se abstuvieron 12 diputados de las bancadas Suma+, Socialismo, Coalición Cívica y el Frente Renovador; y se pronunciaron de manera negativa 13 diputados de la Izquierda, el Frente para la Victoria y el Socialista Auténtico.
El debate en torno al presupuesto del año entrante, la ley Tarifaria -que incluyó la suba del ABL- y el Código Fiscal vigente, se extendió por más de cuatro horas. Puntualmente, el proyecto de ley de Presupuesto 2017, elaborado por el Ministerio de Hacienda, prevé un nivel de gastos de 178.223 millones de pesos, con un incremento de 26,7 por ciento con respecto al año en curso.
El cálculo de gastos y recursos estimado para el próximo año presenta las mismas variables macroeconómicas que las proyectadas por el Gobierno nacional ya que estima un crecimiento del 3,5 por ciento, un tipo de cambio promedio de 17,92 pesos y una variación de precios del 17 por ciento.
Respecto de la tasa de ABL, la cartera de Hacienda informó que “en el 2011, la ley que reformó el sistema de valuación inmobiliaria previó que las partidas con valuaciones más retrasadas fueran aumentando el pago anual progresivamente, con topes del 50, 75 y 100 por ciento hasta alcanzar el valor real de la propiedad”.
Sin embargo, remarcaron que “durante los últimos cuatro años esto no se aplicó”, pero indicaron que “en este actual contexto de recuperación económica, se decidió nuevamente acompañar el esfuerzo de los contribuyentes, proponiendo a la Legislatura un tope del 38 por ciento para el incremento de este impuesto para el año próximo”.
De acuerdo a lo aprobado, este tope “producirá una incremento promedio del 30 por ciento”: más de la mitad del padrón pagará como máximo 62 pesos por mes y un 8,5 por ciento continuará exento (para jubilados y personas con discapacidad).
En tanto, que un 13, 5 por ciento de los contribuyentes pagarán un incremento menor al 20 por ciento; un 27 por ciento tendrá aumentos de entre un 20 y 30 por ciento; un 23 por ciento de entre un 30 y un 37 por ciento y el 28 por ciento restante de un 38 por ciento.
Según el escrito, del gasto total, las áreas sociales “continúan siendo una de las prioridades de la gestión”, por lo que destaca que “para el 2017, incrementa su participación, ascendiendo al 53,48 por ciento del total, es decir 95.315 millones de pesos”.  Con respecto a estos gastos, la inversión en Educación alcanzará los 32.990 millones de pesos para el año próximo, lo que representa un incremento del 23 por ciento en su presupuesto.
En cuanto a Salud, alcanzará los 29.403 millones de pesos, mientras que Desarrollo Humano y Hábitat ascenderá a 14.600 millones de pesos.
Además, “se observa un importante crecimiento en lo destinado al área de Vivienda, pasando de los 3.500 millones de pesos presupuestados para el corriente año a los 9.164 millones que se destinarán para el 2017”.
“De esta manera, más que se duplica la inversión en este rubro, alcanzando el 5,2 por ciento en la participación del presupuesto total. Este incremento sustancial en Vivienda se corresponde con la política de integración social y urbana impulsada por esta gestión, con el fin de urbanizar las villas 31, 20, Papa Francisco, Fraga y Saldías, entre otras”, consignaron.
Según explicó el legislador del PRO y presidente de la comisión de Presupuesto, “este proyecto expresa las prioridades de las políticas públicas para el ejercicio fiscal del año próximo y que es fruto de una planificación de acciones posibles, regido por la prudencia y la búsqueda de eficiencia a la hora de invertir los fondos públicos y que se destaca por ser un presupuesto realista, sin desequilibrios financieros y con superávit económico y primario”.
En disidencia, el legislador de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, dijo que “a nosotros no nos sigue cerrando la definición de prioridades o de temas en materia de inversión en áreas que para nosotros son estratégicas y sirven para pensar en no sólo cómo invertimos los recursos públicos, sino de qué manera definimos el modelo y desarrollo de la ciudad que queremos”.
En la misma línea, el presidente de SUMA, Hernán Rossi, afirmó que el proyecto “no reflejó las prioridades que deberíamos tener en la Ciudad” ya que “áreas como la educación, salud y desarrollo humano no han sido las más favorecidas”; mientras que su compañera de banca Natalia Fidel expresó que “la prioridad debería ser avanzar hacia una sociedad más equitativa. Creemos que eso no se puede lograr con un déficit estructural y con aumentos sistemáticos de la deuda pública”.

Más deuda
Tras la aprobación de la ley de Presupuesto, los diputados porteños sancionaron tres proyectos del Poder Ejecutivo en el que solicitó autorización para contraer nuevos empréstitos por un total de 775 millones de dólares.
En una de esas iniciativas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió la ampliación del Programa de Financiamiento en el mercado local creado por ley 4.315, por un importe de 285 millones de dólares “o su equivalente en pesos, otra u otras monedas”.
El texto -sancionado con 33 votos positivos, 22 negativos y una abstención- contempla que el plazo del empréstito será de un año, con una tasa que podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales.
En su pedido, Rodríguez Larreta explicó que “el producido de la o las operaciones autorizadas se destinará a la cancelación de amortizaciones de la deuda a operar durante el año 2017”.
El segundo proyecto remite a un empréstito con organismos multilaterales de crédito, bancos de desarrollo, instituciones financieras de fomento de las exportaciones “por un monto máximo de hasta 170 millones de dólares o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, con un plazo de amortización mínimo de un año”.
En ese marco, se consignó que el destino de las operaciones de crédito público será “la ejecución de un programa integral de desarrollo sostenible y mejora del hábitat de asentamientos informales en el área de la Ciudad, con priorización en el programa de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis”.
En tanto, el tercer pedido apunta a un empréstito por 320 millones de pesos “para la ejecución de obras de infraestructura, mejoramiento, conectividad y tránsito de la Ciudad en el marco del Programa de Movilidad Sustentable, el Programa de Seguridad Vial y Movilidad Urbana y el Plan de Inversiones para la Modernización del Subte”.

Protesta docente
En tanto los legisladores porteños debatían el presupuesto 2017, El personal agrupado en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) exigió frente a la Legislatura “un incremento del presupuesto educativo, que se redujo del 30 al 18 por ciento, y una recomposición salarial ante la pérdida de diez puntos del poder adquisitivo por la inflación, que debe ser “remunerativa, escalafonaria y bonificable para todas las horas y cargos”.
La UTE, adherida a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y conducida por Eduardo López, participó hoy en la protesta junto con la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y su par Autónoma (Ctaa), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y entidades como La Poderosa, La Dignidad y Patria Grande.
López también exigió “el respeto del Estatuto Docente, que el gobierno porteño procura modificar de forma unilateral en relación con la capacitación”, y explicó que “el conocimiento se construye, se deconstruye y reconstruye, pero el Ejecutivo intenta fijar fecha de vencimiento a la capacitación para fomentar un mercado de cursos, desoyendo así el reclamo histórico de gratuidad”, añadió.
También el dirigente demandó que el presupuesto incluya una solución para “la falta de vacantes, ya que se incumple la Constitución de la ciudad y se deja en la calle a once mil niños”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.