Promesas incumplidas / funcionarios cuestionados

por Antonio Lizzano y Romina Sánchez

Hoy, en octubre de 2016, tras no haber cumplido con la Ley del año 2009 que ordena la urbanización de la Villa 31, el Gobierno porteño promete la ansiada urbanización. Qué se oculta en esta promesa y cuál es el rol del ingeniero Raúl Bertero, el técnico puesto por el Gobierno y denunciado por los vecinos.

La situación de la Villa 31 es compleja. La eterna promesa de una urbanización que nunca se cumple se ha transformado en un estigma para los habitantes. En este caso, el dios terrenal que les habla de la tierra prometida no es otro que el Gobierno de la Ciudad. La trampa es que repite la misma promesa desde hace años para ganar voluntades, nunca la concreta.

Como si sufriera de amnesia y volviera a repetir cada tanto la misma patología, el dios terrenal, encarnado en Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño (y también jefe de hecho en 2009), presentó el proyecto “Treinta y todos”, un plan de acción integral social y urbano para los barrios 31 y 31 Bis, el miércoles 10 de agosto.

“Es un día muy emocionante, estamos realizando uno de los proyectos y sueños más fuertes que tenemos, que es lograr que todos los vecinos tengan acceso a la misma calidad de servicios, apoyo del Estado, calidad educativa y acceso a los centros de salud, espacios verdes, transporte y seguridad”, dijo Rodríguez Larreta. Hermosas palabras. El problema es que la urbanización debió concretarla hace varios años, durante la gestión en que se desempeñó como jefe de Gabinete.

El 3 de diciembre de 2009, la Legislatura aprobó el proyecto de ley 3.343, del entonces legislador Facundo Di Filippo, que ordenaba:

  1. La urbanización de la Villa 31.
  2. La prohibición de los desalojos.
  3. La participación de los vecinos en las decisiones que derivarían en las mejoras del barrio.

Se creó entonces una Mesa de Gestión y Planeamiento, integrada por funcionarios públicos de los Gobiernos porteño y nacional, por los organismos propietarios de los predios, por académicos, y por delegados de la Villa. Esta Mesa, “multidisciplinaria y participativa”, tuvo a su cargo la elaboración de una propuesta de urbanización y radicación antes del 31 de mayo de 2011. Y si bien esta propuesta fue presentada en tiempo y forma, la urbanización nunca se concretó. El motivo fue que el bloque del partido que integra Rodríguez Larreta, PRO, no posibilitó que el proyecto fuera tratado en el recinto legislativo.

“La urbanización de las Villas 31 y 31 bis, sigue siendo una asignatura pendiente por parte del Poder Ejecutivo local. La Ley creó una Mesa de Gestión y Planeamiento que elaboró un plan de urbanización. No obstante, la propuesta resultante de dicha Mesa fue presentada en la Legislatura en dos oportunidades y no fue aprobada por los legisladores del PRO”, dice a  Periódico VAS, el vicepresidente de la Comisión de Vivienda y legislador del Frente Renovador (FR), Javier Gentilini. Las palabras del diputado desnudan el funcionamiento del Poder Legislativo en la Ciudad: el PRO maneja la presidencia y tiene mayoría en todas las comisiones legislativas, de esta manera, el avance o no un proyecto depende pura y exclusivamente de su voluntad.

El círculo vicioso nunca termina. Y la promesa de urbanización la instalan nuevamente los responsables de no haberla concretado. En ese contexto, llega el anuncio del 10 de agosto y, como en una espiral, todo vuelve a empezar.

La trampa de la confidencialidad

El 6 de septiembre de 2016, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) aprobó el convenio, firmado con la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad, que tiene por objeto llevar adelante el “Diagnóstico y Modelo de Seguridad Estructural” de los Barrios 31 y 31 Bis para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto.

La FIUBA se encargará de realizar los informes para determinar qué vivienda se encuentra en peligro de derrumbe. Esto implicará la restauración o, más probablemente, la demolición de dicha vivienda y toda su consecuencia social. El plazo de concreción de este estudio es el 31 de diciembre de 2016. Hasta acá, la cuestión avanzaría hacia un conflicto de intereses que podría resolverse en la Mesa de Gestión y Planeamiento -antes mencionada- si no fuera por un detalle nada menor: la cláusula octava del convenio establece que “las partes y las personas que intervengan en la ejecución de este convenio, se obligan a mantener la confidencialidad de toda la información generada y obtenida”. Esto significa que los vecinos de la Villa no tendrán acceso a los informes. Es decir, no podrán decidir sobre qué se planea hacer en el lugar donde viven.

Un vecino de la Villa 31, en diálogo con Periódico VAS expresó su preocupación: “Resulta preocupante que dos entidades públicas decidan la confidencialidad de los estudios e informes que generen utilizando presupuesto público. Sobre todo cuando esa información tiene estrecha relación con el derecho a la vivienda y al hábitat. La cláusula octava lesiona el derecho de los habitantes afectados por este convenio, ya que les impide acceder a información pública y relevante para su vida”, dijo.

La Ley 3343, aprobada en 2009, que dispuso la urbanización de la Villa, está asentada en los principios de la democracia participativa. Garantiza el acceso a la información pública y promueve la participación obligatoria, real y efectiva de los habitantes del barrio y sus representantes en cada una de las etapas y decisiones del proceso de urbanización. El convenio firmado entre la Gobierno porteño y la FIUBA da por tierra la posibilidad de participación vecinal. No respeta el carácter público de la urbanización, dado que hay implicadas personas, y mucho menos el derecho al acceso a la información. En pocas palabras, va en contra de lo ordenado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Esto no es todo, tampoco establece mecanismos de rendición de cuentas del “Diagnóstico y Modelo de Seguridad Estructural” en los barrios 31 y 31 Bis que realizará la Facultad de Ingeniería de la UBA. Lo paradójico del asunto es que, así y todo, el convenio en cuestión fue avalado por la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno porteño.

Gatopardismo del Gobierno porteño

El repudio de los vecinos a un convenio que los deja fuera de todo, no se hizo esperar. Las protestas tampoco. El Gobierno tuvo que mover algunas fichas y esto dio lugar a una nueva promesa: “Se derogará el primer convenio y se redactará uno acorde a los términos de la democracia participativa”.

 

El oficialismo tiene un modus operandi perfectamente aceitado en la desmembrada Legislatura porteña: ante la necesidad de contar con votos de la oposición para imponer un proyecto, le introduce modificaciones superficiales que no cambian su esencia pero facilitan su aprobación tras un intercambio de favores. Los supuestos cambios del nuevo convenio, no son tales. Mantiene firmes, al menos dos puntos conflictivos: el convenio cerrado con la FIUBA (sobre la confidencialidad) y la designación del cuestionado ingeniero Raúl Bertero como autoridad máxima en la coordinación de los trabajos.

Los criterios del ingeniero Raúl Bertero suelen coincidir sólidamente con las opiniones del Gobierno porteño. Vale recordar la denuncia penal que le hicieron los vecinos de Núñez por parcialidad profesional en la elaboración del informe sobre los efectos de las vibraciones producidas por los recitales en el club River Plate (ver abajo). Pese a estos antecedentes, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y la FIUBA volvieron designar a Bertero para que realice un estudio sobre los efectos de las vibraciones transmitidas por el suelo sobre los edificios del Conjunto Habitacional Colonia Sola ubicado en el barrio de Barracas. También con una cláusula de confidencialidad. Y ahora el nombre de Bertero reaparece a la hora de abordar la pre-urbanización de la Villa 31. Los vecinos dudan de que sea capaz de hacer una evaluación imparcial respecto a los intereses de la Villa y del Gobierno porteño.

Las promesas son maravillosas cuando salen de la boca de los políticos. El mundo adquiere inmediatamente una belleza y una perfección de la que carece. El problema es que los funcionarios que las realizan juegan con algo que no tiene repuesto: los sueños y la vida de quienes las escuchan.

Las oscilaciones de River

Para los vecinos quedó claro que Bertero realizó “un informe muy parcial a favor del Gobierno de la Ciudad y del club River Plate”, dice a Periódico VAS, Ana Paulesu, ex presidenta de la Asociación Vecinal de Fomento de Belgrano.

En 2010, Ante la queja de los vecinos por las vibraciones que se producían cada vez que había un evento masivo, el Gobierno porteño envió un equipo profesional de la FIUBA, liderado por el ingeniero Raúl Bertero, para medir la intensidad de las oscilaciones que se producían en los edificios cercanos al estadio de River.

“En ese entonces”, relata Ana Paulesu, “cuando se tomaron mediciones en diversos puntos próximos al estadio de Núñez. De esos estudios, formaron parte miembros del Cuerpo de Investigación del Poder Judicial porteño y nuestros ingenieros. ¿Cuáles fueron los resultados?”, se pregunta Paulesu, “Los informes de la FIUBA minimizaron la cuestión. Dejaron serias dudas sobre la verdadera capacidad para analizar tan serio problema, razón por la cual la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano solicitamos audiencias con el decano de la FIUBA y el rector de la UBA, pero no fuimos recibidos. De allí en más, hubo una cantidad impresionante de notas  periodísticas destacando numerosas irregularidades al respecto, debido a los desastres generados por recitales”.

Entre otras irregularidades, vecinos denunciaron que en el informe elaborado por la FIUBA y refrendado por el director general de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño, Hernán Alonso, “se estaba omitiendo y/o desconociendo parámetros de riesgo y de dominio público, como la Norma IRAM 4077-2, IRAM 4078-2 y sus consideraciones”

 

 

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