¿Qué es el Gobierno Comunal?
¿Se acuerdan de los cien barrios porteños? En realidad son 48. ¿Se animan a nombrarlos de memoria? Si no los recuerdan a todos, no se preocupen. Dentro de muy poco tiempo todo será más fácil: sólo será cuestión de memorizar apenas 15 comunas. Claro que esta nueva división política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no significa que los habitantes de la Reina del Plata, nacidos y criados en la Capital Federal, habremos de perder nuestra denominación de origen. O sea, oriundo de Caballito, Paternal, Barracas o Mataderos, para citar sólo algunos ejemplos.
Lo que cambiará, en el transcurso del año próximo, cuando elijamos a los 105 ciudadanos que integrarán las Juntas Comunales, es el sistema de participación de la sociedad civil en determinados aspectos del gobierno local. Es decir que se llevará a cabo un proceso de descentralización, previsto por la Constitución de nuestra Ciudad, que después de una larga espera se pondrá finalmente en vigencia.
Por si ustedes no tuvieron oportunidad de informarse sobre estas modificaciones, le comentamos algunos datos relevantes, de modo que puedan ejercer sus derechos y ser protagonistas en este novedoso escenario.
En primer lugar, veamos cómo define la Carta Magna porteña a las Comunas: estas son “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”. Las mismas reemplazarán a los Centros de Gestión y Participación (CGP), por lo cual tendrán a su cargo determinados trámites y reclamos, También se ocuparán del mantenimiento de algunas plazas y calles. Asimismo, deberán controlar algunos servicios, y generar políticas culturales y sociales para la jurisdicción.
La conducción estará a cargo una Junta Comunal, integrada por siete miembros, cuyas decisiones deberán aprobarse con el voto de la mayoría.
Según los anuncios conocidos hasta el momento de redactar esta nota, las elecciones para dichas Juntas Comunales tendrán lugar entre marzo y octubre el año próximo. La fecha exacta será fijada oportunamente por la Legislatura de la Ciudad.
Si usted, vecina o vecino, desea candidatearse para cubrir alguno de esos puestos, tendrá que tener dos años de residencia en la zona. La presidencia de la Junta corresponderá al candidato de la lista más votada. Y, por supuesto, habrá una asignación para quienes resulten honrados con la voluntad de la ciudadanía. Los miembros de estos flamantes organismos percibirán el equivalente al 60% de lo que percibe un legislador porteño
Los recursos financieros que administrarán en conjunto las Juntas Comunales, no pueden exceder el 5% del presupuesto de la Ciudad. Esto supone una cifra que podría superar, según los datos del año en curso, alrededor de los 350 millones de pesos. Obviamente, no es poco dinero, aunque habrá que ver cómo se aplica en función de las prioridades que fije cada Junta Comunal. También debemos estar atentos a los resultados de esta gestión, para procurar que no se desnaturalice el objetivo de esta descentralización y cumpla adecuadamente con las necesidades y expectativas de todos los vecinos.
Hasta aquí los datos más significativos sobre las normas vigentes en la materia. Ahora les proponemos compartir algunas reflexiones acerca de la democracia participativa. Un tema que, desde hace bastante tiempo, ocupa el interés de politólogos, sociólogos y otros especialistas de las ciencias sociales.
Habitualmente se define a la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. También se podría decir que “democracia es vivir juntos los que somos diferentes”. En una y otra definición está implícito el respeto por los derechos humanos, incluyendo los denominados económicos, sociales y culturales.
La instrumentación de estos conceptos, tal como lo venimos experimentando desde que tenemos memoria, se limita por lo general al acto de emitir el voto cada dos o cuatro años, delegar poder en tales o cuales candidatos y luego mirar por televisión o leer en los diarios de qué modo ejercen las atribuciones que les hemos otorgado.
O sea que, salvo en ese instante en el cual salimos del cuarto oscuro e introducimos el sobre con la boleta elegida en la urna, no tenemos posibilidades de expresar nuestra voluntad ciudadana. El resto –nada más y nada menos que gobernar – lo hacen ellos, los elegidos, para bien o para mal. Y, como hemos podido comprobar en carne y bolsillo propios, no siempre lo hacen bien. Es decir que una vez ungidos con el cargo para el cual los hemos designado, gobiernan en función de los intereses más poderosos y concentrados. Esos que votan todos los días mediante su incidencia en los mercados, a través de grupos de presión, utilizando influencias, vinculaciones, medios periodísticos de su propiedad y, cuando todo eso no alcanza, recurriendo a la violencia.
Sobre esto último, bastaría con enumerar la sucesión de golpes de estado desde 1930 hasta 1976, para demostrar que hay un poder real más o menos visible, que siempre está allí, dispuesto a dar un zarpazo a la Constitución y la leyes, cuando el curso de los acontecimientos no le conviene.
Todo esto indica que nuestra democracia tiene carencias. Tiene una gran dosis de formalidad que puede convertirse en retórica, si es que el ejercicio de los derechos ciudadanos no se traduce en acciones concretas destinadas a resolver las necesidades de la gente –el pueblo, para utilizar la categoría correcta– y velar por los intereses del conjunto de la comunidad, y no sólo por los del pequeño sector privilegiado.
Desde ese punto de vista, todo lo que contribuya a la descentralización del poder y estimule la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las grandes decisiones de gobierno, es un paso positivo hacia la democratización de la sociedad.
Esto último no se resuelve sólo con la promulgación de leyes o actualizando a cada tanto la Carta Magna, sino a través del ejercicio concreto de la democracia participativa y mediante una fuerte y continua dosis de educación. Educar para la democracia debería ser una de las premisas del sistema educativo, uno de sus grandes fines. Y es oportuno señalarlo en este mismo instante, cuando se debate sobre la futura Ley General de Educación.
Se trata de lograr que cada persona, ciudadana o ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la República Argentina, ejerza un grado mayor de protagonismo en la definición de las políticas que le incumben, pero no una vez cada tanto y cuando los efectos de las medidas de gobierno aplicadas resulten virtualmente irreversibles, sino en forma regular, controlando la gestión gubernamental mediante consultas populares y otras formas antiguas y modernas de participación cívica.
Para ello, además del marco legal, hay que producir profundos cambios culturales. Esto es, despojarse de los resabios nefastos de individualismo extremo, del egoísmo y del sálvese quien pueda, elevados a categoría de “valores” por el neoliberalismo, para incorporar los verdaderos valores de la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio en función del interés común.
Si lo logramos, seremos una nueva y gloriosa Nación, aunque nos lleve algún tiempo. Y, en lo inmediato, tenemos la oportunidad de poner en práctica nuestra voluntad, para que la inminente configuración comunal de la Ciudad de Buenos Aires d todos los argentinos comience a ejercitar, aunque sea de a poco, ese cambio cultural indispensable.
E. F.