Marcha Federal en defensa de la Salud Pública
por Cristina Peña
Miércoles 20 de mayo. La protesta de trabajadores y trabajadoras de la salud avanzó desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo con una consigna que resume el clima de época: “La salud no puede esperar”. Organizaciones gremiales, residentes, profesionales, pacientes y familiares confluyeron en una Marcha Federal que reunió a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo réplicas en distintas provincias. Aunque no hubo una cifra oficial unificada, algunas coberturas hablaron de “decenas de miles” y otras ubicaron la movilización por encima de los 60.000 asistentes. En cualquier caso, la masividad dejó expuesto un malestar extendido: el reclamo por presupuesto, medicamentos, vacunas, salarios y condiciones mínimas para sostener la atención pública.
La marcha surge como respuesta a una secuencia de recortes y tensiones acumuladas en hospitales nacionales, provinciales y municipales. El punto de inflexión fue la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, que oficializó un recorte de $63.021 millones en gastos corrientes y de capital del Ministerio de Salud. La reducción impacta sobre transferencias a provincias, compra de medicamentos, prevención del cáncer, respuesta al VIH, salud sexual, enfermedades endémicas y otros programas sensibles.
El diagnóstico indica que el sistema sanitario argentino agoniza: hospitales con guardias saturadas, faltantes de insumos, demoras en la entrega de medicación, salarios que perdieron poder adquisitivo y programas nacionales vaciados o reducidos. Entre los reclamos centrales aparecieron la restitución de fondos para el sistema público, la normalización del programa Remediar, la provisión regular de vacunas y tratamientos de alto costo, y una respuesta concreta para residentes y trabajadores precarizados.
La convocatoria tuvo además un carácter federal. Hubo movilizaciones en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Gualeguaychú, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otros puntos del país. En varias ciudades, la protesta se articuló con paros, asambleas y actos frente a hospitales y plazas centrales. Esa extensión territorial reforzó uno de los argumentos de los organizadores: que el deterioro no se limita a los grandes centros urbanos, sino que atraviesa a todo el sistema sanitario.
La respuesta del Poder Ejecutivo fue rechazar la idea de un ajuste con impacto asistencial. Voceros del área sanitaria sostuvieron que las modificaciones presupuestarias buscan “eficientizar” recursos, centralizar compras y evitar superposiciones, sin abandonar prestaciones. Sin embargo, esa explicación no logró desactivar la protesta. Del lado legislativo, sí hubo señales de apoyo político: en la Legislatura bonaerense se presentó un pronunciamiento de respaldo a la marcha y distintos sectores opositores acompañaron públicamente el reclamo, aunque no se registró hasta ahora una respuesta institucional de alcance nacional que altere el cuadro de fondo.
Los números del ajuste
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, oficializó un recorte de $63.021 millones en gastos corrientes y de capital del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
El recorte quedó distribuido en áreas estratégicas del sistema. La mayor quita recayó sobre el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, con $25.000 millones menos. Le siguió el programa de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, con una reducción de $20.000 millones. También hubo bajas en cáncer, cobertura sanitaria compensatoria, enfermedades endémicas, salud sexual y respuesta a VIH, ITS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
Este es el cuadro que da cuenta del estrepitoso recorte en las distintas áreas o programas:
| Área o programa | Monto recortado |
| Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud | $25.000 millones menos |
| Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica | $20.000 millones eliminados |
| Prevención y Tratamiento del Cáncer | $5.000 millones menos |
| Cobertura Sanitaria Compensatoria | $5.000 millones recortados |
| Control de Enfermedades Endémicas | $1.500 millones menos |
| Salud Sexual y Procreación Responsable | $900 millones quitados |
| Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis | $800 millones eliminados |
Los efectos de este recorte presupuestario también alcanzaron a organismos descentralizados y hospitales nacionales. El ANLIS-Malbrán, el INCUCAI, la ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud quedaron alcanzados por reducciones o reasignaciones que, según especialistas y trabajadores, comprometen controles, compras y capacidad operativa. Aunque en 2025 el Gobierno había reasignado fondos hacia hospitales nacionales como el Garrahan y otros centros de alta complejidad, el cuadro de 2026 volvió a encender alarmas por la ejecución parcial del presupuesto y por la persistencia de faltantes, sobrecarga de guardias y conflictos con residentes.
El recorte también pasó por el INCUCAI (casi $1.000 millones menos), la ANMAT ($344 millones recortados en tareas de fiscalización), la Superintendencia de Servicios de Salud ($1.743 millones) y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud ($3.196 millones).
Colapso en las provincias y crisis de PAMI
En las provincias, el ajuste se sintió con fuerza en las transferencias y en la presión creciente sobre hospitales y centros de salud. Según la ASAP, las transferencias corrientes a provincias y municipios en el área de Salud se desplomaron 98,8% interanual en abril y acumularon una caída real de 92,6% en el primer cuatrimestre. Al mismo tiempo, la demanda sobre el sistema público creció de manera sostenida en los últimos tres años, impulsada por el deterioro del empleo formal, la pérdida de cobertura y el encarecimiento de las prepagas.
Los indicadores disponibles muestran una tendencia consistente. Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, unas 742.000 personas dejaron de contar con cobertura médica y pasaron a depender exclusivamente del sistema público. En ese mismo lapso, la población sin otra cobertura que la estatal pasó de 9,55 millones a 10,29 millones de personas. El salto no fue uniforme, pero sí visible en distintos distritos: en la Ciudad de Buenos Aires crecieron las cirugías y las consultas hospitalarias; en Neuquén se reportó un aumento del 30% de usuarios respecto de dos años antes; y en distintos municipios bonaerenses y cordobeses se multiplicaron las advertencias por saturación de guardias y consultorios.
En Neuquén, el dato más repetido por autoridades y trabajadores fue que una porción creciente de quienes llegan al hospital público todavía conserva obra social o prepaga, pero ya no puede afrontar copagos, medicamentos o prestaciones no cubiertas. En la provincia de Buenos Aires, el sistema viene absorbiendo pacientes derivados de coberturas privadas debilitadas, mientras PAMI arrastra recortes y deudas que impactan en la provisión de remedios y en la red de prestadores. En Córdoba, varios municipios denunciaron que los centros locales absorben prestaciones que antes resolvía ese organismo nacional.
En materia de mortandad, los datos públicos permiten describir un deterioro general. Distintas coberturas y organizaciones advirtieron sobre aumentos en indicadores sensibles, como la mortandad infantil y materna, en un contexto de retracción de programas y mayor vulnerabilidad social. Al mismo tiempo, la judicialización del acceso a tratamientos creció como síntoma del problema: en 2025 y 2026 se multiplicaron fallos de amparo que obligaron al Estado a garantizar medicación oncológica y otras terapias para pacientes sin cobertura suficiente o con prestaciones interrumpidas.
Ese cuadro explica por qué la marcha no se limitó a un reclamo salarial ni a una disputa presupuestaria. En los hospitales nacionales y provinciales, el problema se traduce en guardias más cargadas, más pacientes en espera y más profesionales que intentan sostener servicios con menos recursos. La discusión de fondo, plantean trabajadores y pacientes, es si el sistema público puede absorber una demanda en ascenso mientras se recortan partidas clave. El Gobierno insiste en que no hay abandono, sino reorganización; la calle, en cambio, respondió con otra palabra: emergencia.
Fuente / Foto: La Izquierda Diario