Ricardo Monner Sans: Soy un Cuestionador del Poder

En 1995 su denuncia determinó el inicio de la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Menem. Causa que puso en jaque a la corporación política al desnudar la imbricada red de corrupción en las instituciones del Estado. Este notable abogado penalista ha sido nominado: Presidente Honorario de la Asociación Anticorrupción. Es autor de varias columnas periodísticas en las que opina sobre la relación entre el Estado y la sociedad. En esta entrevista, Ricardo Monner Sans reflexiona sobre la lógica del Poder y señala que ésta se disocia cada vez más del pueblo que es en realidad el fundamento del Poder.

Periódico VAS: ¿En que estado está la causa sobre la venta ilegal de armas, iniciada por usted en marzo de 1995?

Monner Sans: La causa por la venta ilegal de armas la inicié en la más absoluta soledad. Ningún gobernador del Norte, del Centro o del Sur del país me acompañó en esta demanda. Considero que tanto el fiscal Carlos Stornelli, como la Sala II de la Cámara Federal, cumplieron un papel muy importante en la investigación; y esto devino en una tardía actuación de parte del ex juez Urso. Lo cierto, es que recién en junio 2000 quedan presos Carlos Saúl, Martín Balsa -actual embajador Argentino en Colombia-, Erman González, y Emir Yoma entre otros personajes. En Noviembre de ese año, la Corte Suprema hace lugar a la apelación presentada por Emir Yoma, pasando por alto al Tribunal de Casación Penal y bate un récord histórico: sus miembros leen en tan sólo 20 días las 4400 fojas que tenía el expediente. Y resuelve, por mayoría, que no existía el delito de “decretos ideológicamente falsos” y por lo tanto, que no estaba lo suficiente probada la asociación ilícita; y que en todo caso, quedaba como remanente el contrabando para ser investigado. Entonces la causa pasa del fuero federal al penal económico, y cae en manos del ex juez Julio Speroni que no hizo nada, salvo intentar sobreseer a Menem. Por suerte, la Cámara en lo Penal Económico le revocó la sentencia. Dicen que el actual juez subrogante, Rafael Caputo, que reemplazó a Speroni, está ahondando en la investigación. Si es así, todavía hay alguna esperanza de que los responsables principales sean juzgados.

P.VAS: Esta causa ha tenido también una serie de implicaciones y hechos derivados…

M. S.: Así es. En primer lugar la explosión de la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero en noviembre de 1995 que -estoy seguro- es una consecuencia necesaria de la causa por la venta ilegal de armas. Por Río Tercero pasó la mayor cantidad de armas con destino a Ecuador, Croacia y, en menor cantidad, a Bosnia. Allí se lijaban los escudos, se embarcaban y se trasladaban. Presumiblemente, hasta la Terminal 6 del Puerto de Buenos Aires, entonces patrocinada por el estudio jurídico de la familia Corach. En la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Río Cuarto, avanza la hipótesis de que hubo “intencionalidad” en la voladura de la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero. Tendríamos entonces el delito de “estrago doloso seguido de muertes”. Espero que los responsables de este horror terminen condenados, como en el derecho corresponde. Nunca ocurrió un hecho tan horroroso durante un gobierno constitucional. ¡Para ocultar el contrabando de armas hicieron volar una ciudad! Lo terrible es que cuando horas más tarde, Carlos Menem viaja a Córdoba, sin ningún informe o dato comprobado, asegura que fue un accidente. Y peor, les dice a los periodistas que tienen “la obligación de decir que fue un accidente”. Por otra parte. Ya se ha comprobado que la muerte de Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, tampoco fue producto de un accidente y existen muchísimas coincidencias entre sus declaraciones y las investigaciones que he venido haciendo. Particularmente, en lo referido a las visitas de Al Kasar a Yoma. De manera que tenemos: venta ilegal de armas, el presunto depósito de la Terminal 6, y la salida de aviones a Ecuador, por un lado. La explosión de Río Tercero y la muerte de Lourdes Di Natale, por otro. Y, finalmente, la caída del helicóptero en el Campo de Polo frente al Hipódromo, donde muere el agregado militar en Perú que sabía de la salida de armas hacia Ecuador, y muere junto a otras personas que también iban a ser testigos esenciales en la causa. Las investigaciones que estamos haciendo sobre la caída del helicóptero no demostrarían casualidades o accidentes.

P.VAS: Pero la justicia parece no expedirse nunca…

M. S.: Algún día podría dedicarme a escribir por qué los juzgados tienen esa lentitud intencional frente a los temas que se vinculan con el Poder. Ahora este tema se agravará profundamente, porque con el Consejo de la Magistratura que se viene el temor de los jueces de primera instancia y de cámara será mayor. ¡Ojalá la Corte Suprema siga teniendo perfiles interesantes como los ha tenido en el tema de cárceles y en el tema de pensionados y jubilados! Pero como a Kirchner no le gustó en nada ese pronunciamiento de la Corte, la tiene castigada y comete el delito de no designar a los miembros que faltan para integrarla. Esta actitud forma parte de esa personalidad especial, para decirlo de alguna manera barata, que adorna al Presidente de la República.

P.VAS: Usted ha manifestado que uno de los temas que más le preocupan, además del contrabando de armas, es el tema del juego en la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué?

M. S.: Por un lado está el tema de la defensa de la autonomía porteña, tal como lo señala el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad Buenos Aires: “la ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas…” Entonces es competencia de nuestra ciudad controlar el juego en su jurisdicción, y eso incluye el Casino Flotante emplazado sobre la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires. Sin embargo, Lotería Nacional Sociedad del Estado que es un organismo federal, sostiene exactamente todo lo contrario. Dice que el Gobierno de la Ciudad no puede controlar el Casino porque está emplazado sobre un curso de agua que es jurisdicción federal ¿Acaso no se ingresa por tierra a eso que es federal? Y se ingresa hasta tal punto, que se permite el acceso de menores de edad y se promueve descaradamente la ludopatía. Lo primero en este caso es averiguar la conformación del grupo catalán CIRSA que ingresó de contrabando el Barco Casino y que, según se dice, habría financiado varias cajas políticas en nuestra ciudad. En concreto. Detrás de la pugna entre la autonomía local y la jurisdicción federal hay intereses “non santos”. En enero de 2002 demostré que bajo factura del Barco Casino se pagaban viajes de ida y vuelta a España al jefe de los fiscales que era entonces Becerra, cuya mano derecha era nada menos que Carlos Bettini el actual embajador argentino en España. CIRSA llegó a pagar 15 mil dólares en pasajes aéreos a Madrid durante el 2001. Existen intereses terribles en la pugna por regentear el juego en la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, Kirchner trajo a Cristóbal López, un hombre del Sur, para que administre el Hipódromo.

P.VAS: La mayoría de las causas que usted ha presentado en el fuero federal criminal, desde 1994 a la fecha, han sido sobreseídas, archivadas o bien descartadas, por los jueces por “inexistencia de delito” ¿Qué opinión le merece esta estadística?

M. S.: Ese dato lo publicaron en un libro que se escribió en contra de mí, que según dicen, estuvo financiado por el Barco Casino. Pero la realidad es que este dato lleva a plantearnos un tema gravísimo en la organización institucional argentina. En el Derecho Procesal Penal, cuando usted no es parte, no puede ni siquiera mirar el expediente. El artículo 204 del Código Procesal Penal, dice que el expediente es público solamente para las partes. En estas causas yo no soy querellante porque no soy particularmente damnificado, entonces no puedo ofrecer pruebas, no puedo acceder al expediente, no puedo apelar… Una vez presentada la denuncia, los únicos que pueden obrar son el juez y los fiscales. El día que se haga una reforma en serio, el artículo 204 tiene que quedar limitado a los delitos de instancia absolutamente privada; pero en los delitos del Poder -cohecho, administración fraudulenta, etc.-, todos los ciudadanos deberíamos ser co-fiscales.

P.VAS: ¿Es decir, una justicia para las mayorías?

M. S.: Así es. Desde que me recibí de abogado siempre creí que el derecho debe estar al servicio del pueblo que es “el soberano” del artículo 33 de la Constitución Nacional. Y no al servicio de las distintas corporaciones de poder económico y político. Creo que el poder, cualquiera sea la camiseta que use, tiene una lógica muy distinta al fundamento del poder que es el pueblo. Esa distancia se acentúa cada día más. Y esto se pone de manifiesto en la actualidad, por ejemplo: en este momento tenemos un notable crecimiento del producto bruto. Y, paradójicamente, es también notable como se ensancha la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. No es sólo un problema de crecimiento sino un problema de distribución democrática del ingreso. Pero los medios masivos no informan nada de esto, porque no conviene hablar sobre estas cosas. El gobierno actual maneja la pauta publicitaria con una “inteligencia” un poco extraña, entonces no hay espacio para que los que pensamos de otra manera podamos hablar.

P.VAS: ¿Cómo se define ideológicamente?

M. S.: Hay gente que me ha encasillado en la variable antimenemista, porque no conoce mi tarea como abogado en la época del terrorismo de estado o durante los gobiernos de Alfonsín, de De la Rúa, y tampoco en la actualidad. Pero si yo me tuviera que identificar diría que soy un anarquista, porque soy un gran cuestionador del Poder. Con un defecto, soy del anarquismo individualista más que del social. Digo esto porque no he aceptado muchas candidaturas, ni siquiera para el Consejo de la Magistratura que viene, ni para diputado nacional. Porque considero que si uno acepta termina convirtiéndose en una mercadería, entonces le hacen creer a la gente que hay votar a esa mercadería. Estoy seguro que si aceptara, a los dos minutos de estar en un organismo colegiado doy un portazo y me voy. Porque los organismos colegiados, aún los más honestos, son organismos de transacción y esto les quita perfil y autonomía de vuelo.

P.VAS: Existe un nuevo anarquismo que plantea la posibilidad de cambiar el mundo sin tomar el poder…

M. S.: Holloway plantea una hipótesis anti-leninista, porque Lenín decía que no solamente había que tomar el poder, sino destruir el Estado preexistente para construir un nuevo Estado. Particularmente, yo no lo tengo resuelto… entre otras cosas, porque creo que soy un aceptable crítico de lo dado, pero tengo serias dudas sobre si sabría construir lo que digo. De manera tal que acepto mi limitación.

P.VAS: ¿Qué puede hacer el ciudadano común ante el avasallamiento de sus derechos?

M. S.: Creo que la manifestación pacífica en la plaza pública es muy importante, sobre todo si la sociedad puede demostrar que es capaz de reunirse en la plaza pública no solamente por sus ahorros. También es muy importante que la gente se acerque a todas aquellas organizaciones o personas que están luchando por los derechos de los ciudadanos. Porque si, por ejemplo, hoy tuviéramos por delante la posibilidad tanto yo, como Mario Cafiero (con quien recientemente hicimos una presentación en la justicia sobre el posible daño fiscal producido por las exportaciones ilegales hidro-carburíferas), o el grupo MORENO, o la gente de la Causa Olmos, de dar 15 conferencias en todo el país para explicar la importancia de nuestros recursos y por qué los estamos defendiendo creo que lograríamos ponerle freno a muchas maniobras del gobierno y de las corporaciones. Porque de esto no se habla en los medios masivos. Hay muchas cosas para hacer, sobre todo si clausuramos la idea de que la política sólo pasa por los partidos políticos. En realidad la política no pasa por los partidos políticos, sino que éstos pasan por las corporaciones del dinero. La política real pasa por el ciudadano.