«Saber la verdad nos costó años de lucha, garra y corazón»

Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna, asesinado durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001, afirma que, durante 20 años, su familia padeció «una impunidad que vulneró sus derechos», y asegura que con «años de lucha, garra y corazón» se pudo conocer la verdad de lo que sufrieron las víctimas de la violencia institucional ejecutada durante el estallido social.

Karina recuerda que en diciembre de 2001, Diego había viajado desde Córdoba donde vivía hasta la localidad bonaerense de Avellaneda para pasar las fiestas junto a su madre, en un momento en el que atravesaba «una gran incertidumbre económica y duelo para la familia» por la muerte de su hermana, sucedida en marzo de ese año.

«Diego trabajaba en una panadería desde los 11 años. Veía como todo lo que se había construido con mucho sacrificio se iba cayendo por la cuestión económica. Inclusive mi mamá, que era pensionada, sufrió recortes ese año. Estábamos todos recontra precarizados con trabajos que no cubrían para nada los consumos básicos», recuerda Karina.

Diego y su mamá siguieron «muy atentos» las noticias sobre lo que sucedía en esos convulsionados días que marcarían el final del gobierno de la Alianza, con el «corralito, que fijaba un límite para la extracción de dinero en efectivo de los bancos, saqueos a los comercios, Estado de Sitio, y la represión policial del día 20.

La imagen de las Madres de Plaza Mayo reprimidas cuando intentaban hacer la tradicional ronda de los jueves lo movilizó a salir a las calles y protestar contra un estado de cosas que parecía arrasarlo todo.

«Eso de las madres para él cómo que se cruzara un límite. Sintió que si las vulneraban a ellas, le podían hacer lo mismo a su mamá. El siempre fue muy protector y solidario, y esa situación significó para Diego como la representación del ‘que se vayan todos’. Entonces decidió salir a la calle a protestar», recuerda su hermana.

Como miles de personas que ese día ganaron las principales arterias del centro porteño en abierto desafío al Estado de Sitio, Diego se integró a las columnas espontáneas de manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo.

Eran grupos de personas de a pie que avanzaba y retrocedían en un intento de copar la Plaza de Mayo, mientras los efectivos de Policía Federal los dispersaban con balas de goma, gases y cargas de caballería.

En una de esos embates de los efectivos de la Federal, y cuando Diego se encontraba sobre Avenida de Mayo en el cruce con Tacuarí, recibió un perdigonada de plomo, disparada por una escopeta.

Los demás manifestantes intentaron socorrerlo; buscaron ayuda, pero no pudieron salvar su vida. Diego murió cuando la asistencia llegó al lugar donde había caído.

El 21 de diciembre, los amigos del joven fueron los primeros en percatarse de que en la portada del diario Clarín había una foto de su cuerpo sin vida, e inmediatamente buscaron a la madre para llevarla a la morgue judicial, donde «les decían que los cuerpos eran NN y no sabían a quién pertenecían», evoca Karina.

Ella buscó al médico del SAME que en la foto le estaba haciendo técnicas de respiración y verificó que en las actas del hospital Argerich, el cuerpo de Diego entró documentado.

Karina recordó que gracias al aporte de una enfermera supo también que habían llevado la vestimenta del joven a una comisaría del barrio porteño de La Boca.

«Me arrojaron sus ropas ensangrentadas y en mi desesperación yo les decía ‘¿esto no es prueba? ¿no se lo tienen que quedar ustedes?’. Después me enteré que había una intención de desaparecer los cuerpos y una decisión de (la jueza federal) María Servini (de Cubría) la que logró impedirlo».

El 22 de diciembre, Karina recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la idea de que la causa abarque a los responsables políticos de la orden emanada y a los responsables materiales del asesinato.

Desde su perspectiva, el accionar de la fiscalía «fue paupérrimo y tuvo graves desinteligencias», y señala que las pruebas, testimonios y filmaciones (hasta de las cámaras de la Policía) las aportaron los familiares y el CELS.

«Llegar a saber cómo fueron los hechos que causaron la muerte de Diego y las otras víctimas fue todo lucha y garra por parte de las las familias. En la causa se sabe de dónde partió la perdigonada que mató a Diego y que fueron escopetas usadas por la Policía Federal», afirma Karina.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el lunes pasado las condenas al exsecretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, acusados de haber ordenado la brutal represión en diciembre de 2001, un caso que se ventila en los Tribunales desde hace 20 años.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a 3 años y 6 meses para Santos, con 7 años de inhabilitación para ejercer como funcionario.

Las defensas de ambos funcionarios habían recurrido a Casación para que se reconsideraran los montos de las penas por el homicidio y las lesiones culposas de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, además de una veintena de lesiones culposas de otros manifestantes.

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