Territorios en disputa y CineMigrante

“La Patria es un dolor que aún no sabe su nombre”, dice citando a Leopoldo Marechal, Rita Cortese desde el escenario del cine Gaumont – Espacio INCAA. Es martes 18 de septiembre, y la actriz oficia de maestra de ceremonias en la apertura de la novena edición del Festival Internacional y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes – CineMigrante.
El público abuchea al responsable de festivales del INCAA cuando intenta hacer una disquisición original del concepto migrante en el marco del contexto de opresión económica y social que lleva a cabo el Gobierno del que forma parte. Afuera una tormenta está a punto de estallar. El funcionario opta por ceder la palabra a Ariel Wilknis, el decano de la Universidad Nacional de San Martín UNSAM, quien resalta el rol de CineMigrante a la hora reivindicar el derecho a la movilidad de las personas. “Concebimos este proyecto como una forma de expresar una posición frente a los dramas de la migración contemporánea”, dice Wilknis.

Afuera, en las inmediaciones de estación Constitución, la Policía de la Ciudad reprime ferozmente a cuatro migrantes senegaleses. Abdou Ndiaye, Alé Jall, Ibra Kall y Modou Mbaye son golpeados y detenidos. ¿El delito?, negarse a pagar coimas a los uniformados. Los acorralan y apresan como si fueran animales. Luego, hacinados en un camión, los conducen a la Comisaría 18 de avenida San Juan 1750. La noticia estalla en las redes sociales a través de un video que evidencia la violencia policial. La reacción de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales es inmediata. Se congregan frente comisaria, exigen la liberación de los compañeros migrantes. Se desata entonces una intensa represión con balas de gomas y gases lacrimógenos y detienen a Jacky Flores, Juan Grabois, Rafael Klejzer y a otros referentes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular.

Existe una continua disociación entre las políticas que aplica el Gobierno y las que propaga o promociona. Este hecho, sucedido en forma simultánea a la apertura de CineMigrante, deja en evidencia el estado psicótico que atraviesa a la clase gobernante.

Para Florencia Mazzadi, directora del Festival CineMigrante, vivimos como humanidad una existencia que nos condena a ser los cuerpos de las guerras, las historias de sus hambrunas o los rostros de las secciones de noticias policiales. En este sentido, la necesidad de reflexionar sobre el futuro se constituye en una pulsión de vida. Una intervención necesaria en el marco de la llamada ‘Modernidad Occidental’.

¿Cuáles son los modos de reflexionar sobre el futuro desde territorios y cuerpos nacidos bajo ‘la herida colonial? ¿Cómo se aborda el pasado desde un trauma parido en las vejaciones del colonialismo, al que Occidente denomina modernidad? ¿Cuál es la relación entre pasado y futuro? ¿Hay otros futuros posibles? Estas son algunas de las preguntas que se hace Florencia Mazzadi y que van dando forma a la consigna de esta novena edición de CineMigrante: “El Futuro Puede Ser Pensado”.

Futuridades nómadas, se denomina la sección central del Festival. Curado por Jean-Pierre Bekolo, exponente del cine decolonial africano, este espacio propone un diálogo entre tecnología, cine, literatura, realidad virtual, música y performatividad, con el objetivo de ‘recuperar las visiones del futuro desde los márgenes de Occidente’.

Entre las sesiones especiales destaca una que atraviesa la realidad cotidiana porteña: ‘Territorios en disputa’, que aborda los conflictos y disputas que se dan en los espacios públicos, y la generación de políticas de hábitat en grandes las ciudades. “Para los migrantes, el desarrollo de actividades en el espacio público se convierte en su único modo de subsistencia”, explica el abogado Horacio Corti, representante del Ministerio Público Fiscal porteño, y da cuenta de la cantidad de denuncias que recibe a diario sobre violencia institucional contra poblaciones migrantes.

Afuera ha estallado la tormenta y se desata un diluvio. Frente a la Comisaría 18 del barrio de Constitución se han congregado miles de manifestantes. Larreta no resiste la presión y ordena liberar a las personas detenidas. La recuperadora urbana, Jacky Flores, es la primera en salir. Se muestra dolida y consternada, denuncia que ha sido golpeada ferozmente en la vagina. 1

Más tarde liberan a los demás detenidos: Grabois, Klejzer, militantes sociales y a los jóvenes senegaleses.

El racismo y la violencia cotidiana que se ejerce sobre los cuerpos migrantes parece naturalizarse a medida que avanza la ‘Modernidad Occidental’ en el afán peatonalizador del Jefe de Gobierno porteño. Manteros, manteras y vendedores ambulantes se han convertido en el ‘enemigo interno’. No se los visibiliza como personas, sino como obstáculos. “Desde que fuimos detenidos, Espacio Publico (Ministerio a cargo de Eduardo Machiavelli) avanzó más encarnizadamente contra los trabajadores de la vía publica”, denunciará un día después Rafael Klejzer.

“El encarcelamiento de activistas sociales se ejerce como política de disciplinamiento hacia los sectores más afectados por la crisis económica y los planes del FMI”, señala la legisladora porteña Myriam Bregman y añade: “El día que fue encarcelado, Juan Grabois había presentado un recurso de habeas data contra la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lo señaló como posible instigador de conflictos sociales, argumentando que ‘se lo ve siempre en las calles’”.

Jaime Sorín, arquitecto y decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Avellaneda, coordina junto a Marta García una sección temática, con una selección de 5 largos y 5 cortos urgentes y excepcionales, que propone como manifiesto que los territorios son de quienes los habitamos. Nuestros.
Territorios en Disputa, visibiliza los procesos de gentrificación, desplazamiento y migración a las que se ven forzadas poblaciones empobrecidas y saqueadas por la especulación inmobiliaria en las grandes urbes. Habitar en tierras sensibles de ser exprimidas,“turístificadas”, extractivizadas, consumidas, se ha convertido en un peligro para la vida. La privatización del espacio público y de la vida cotidiana avanza en la medida que se criminaliza la vida en comunidad y armonía con la tierra. Cada plaza, cada calle, cada casa, cada río, cada bosque son potenciales objetos para el beneficio privado. Y sobran los sujetos. Criminalizar a quien vive, a quien sobrevive, a quien migra, es el único paradigma que entiende la sociedad de consumo. Y el turismo aparece como la reconversión del capitalismo de servicio. Un capitalismo rosado, vestido con luces y papel de celofán. Con onda. Ciudades, pueblos, montañas, cascadas, no son nada sin el turismo. El territorio es para el consumo y para la versión más salvaje del turismo: nunca para la vida.

La cuestión de la igualdad

Dice el arquitecto Jaime Sorín: “Hacer ciudad sobre la ciudad, garantizar el uso plural del espacio público, mezclar las actividades, romper los guetos, componen el discurso mediático de la Agenda Urbana de los gobiernos. Un contexto mundial de concentración de la riqueza y crecimiento de la desigualdad genera en cambio grandes bolsones de pobreza, segregación social, discriminación, exclusión e injusticia espacial. Las ciudades se fragmentan en espacios exclusivos del exceso y la sobreabundancia y, como su contracara, en espacios de marginalidad, aislamiento y discriminación. El muro, el alambrado y la reja, límites entre lo público y lo privado, aparecen como expresión de la discriminación social. Y la segregación que producen señala la inscripción territorial de sus diferentes formas. La exclusión residencial, la xenofobia y marginación de los pobres toman así formas equivalentes en el espacio urbano”.
“La cuestión de la igualdad ocupa el centro de la cuestión urbana: y al hablar de igualdad no lo hacemos en nombre de una abstracción que considere a todos los seres humanos como “idénticos” sino que, por el contrario, reconozca que lo único que asegura la igualdad es la libertad de posibilidades para que se escuchen todas las voces. Es la posibilidad de desplazarse, de migrar, de sobrevivir, y del derecho a vivir y expresarse por fuera de los cánones uniformadores de la sociedad del beneficio, del capital y el consumo”.


  1. El Registro Nacional de Casos de Tortura, detectó durante 2017 a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. Estas son cifras de base, se estima que los casos son muchos más. Las agresiones físicas se presentan nuevamente como el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia y marcan “la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el ‘criqueo/motoneta’ o el ‘Plaf-plaf’”, explican los investigadores.
    La violencia ocurre desde el primer momento de la detención, dentro de las comisarías, durante traslados, en alcaldías, destacamentos. Casi la mitad de los casos se registraron en los grandes complejos penitenciarios del Área Metropolitana: Ezeiza (55%), Marcos Paz (30%) y Devoto (15%).

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