¿Va a estar buena Buenos Aires?
En medio de los fuegos de artificio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, El jefe del Ejecutivo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, opera para que el próximo jueves la Legislatura porteña apruebe la ley que modifica el Código de Procedimiento Penal. Una herramienta que otorga facultades ilimitadas a la Justicia para avanzar sin controles en las escuchas, la vigilancia remota a través de dispositivos electrónicos, el uso de agentes encubiertos y actas secretas.
Gabriel Solano, legislador porteño por del Frente de Izquierda, calificó esta iniciativa del Ejecutivo como un “escandaloso engendro represivo, dado que viola el más elemental derecho a la defensa y a la intimidad de las personas», y denunció que “bajo el pretexto de afrontar el traspaso de delitos nacionales al ámbito de la Ciudad, el oficialismo está estableciendo un Estado policial. El proyecto da amplias facultades a jueces y fiscales para dictar escuchas hasta por 90 días, infiltrar agentes y detener personas de manera arbitraria hasta por 4 días, duplicando lo permitido actualmente. A su vez amplía los motivos para dictar la prisión preventiva para los delitos que sean de cumplimiento efectivo».
El proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal, introduce una serie de “medidas especiales de investigación”. Una de estas técnicas autoriza el ingreso remoto a dispositivos como celulares y computadoras. El acceso remoto es una amenaza grave a la intimidad, ya que puede conducir a la vigilancia en tiempo real a través de la cámara, el micrófono o el GPS, de manera encubierta. Estas tecnologías permiten registrar: capturas de pantalla de lo que la persona está viendo, pulsaciones sobre el teclado y lo que escribe (nombres de usuario, contraseñas, historial de navegación) y acceder a todas las comunicaciones (mensajes, correos electrónicos, llamadas). El acceso remoto también permite manipular los datos almacenados, adulterarlos o borrarlos. Todas estas actividades pueden realizarse y al mismo tiempo eliminar el rastro de esa intrusión. Este acceso del poder punitivo a la esfera de la intimidad personal se realizaría, además, sin límites adecuados para su aprobación y ejecución.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a una veintena de organismos defensores de derechos humanos, se expresaron contra el proyecto de Larreta. Consideran que “vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada,protegido por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos”. Y advierten: “De aprobarse este proyecto de reforma se podrían aplicar a delitos menores e, inclusive, a la investigación de contravenciones”.
El organismo cuestiona también el libre albedrío de los jueces a la hora de disponer la duración de la vigilancia. “El proyecto no establece limites temporales, sino que habilita a la renovación indefinida de las medidas. Este tipo de intervenciones, que deberían ser de última ratio, deben disponerse en plazos cortos, entre los 15 y 45 días».
«Tampoco se establecen mecanismos de salvaguarda ni de destrucción de la información que se obtenga, ni se regula qué autoridad estará a cargo de la información recopilada ni qué se hará con la misma. Esto alimenta la divulgación, las filtraciones y otros usos indebidos que ya han sucedido bajo la órbita del mecanismo nacional actual que intercepta comunicaciones”, explica.
“Larreta quiere imponer un Estado espía contra la población de la Ciudad que lucha contra el ajuste en la educación, la salud y la defensa de derechos democráticos”, señala el legislador porteño Gabriel Solano. Efectivamente, el proyecto en cuestión incorpora las figuras de agente encubierto, el agente revelador, informante y la entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar.
“Las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control. De lo contrario, se da lugar a injerencias abusivas y arbitrarias en el ámbito de la autonomía individual”, finaliza diciendo el CELS.
Fotografía: Rocío Bao