Veredas. Una más, y van…
En la sesión del jueves 23 de noviembre, la Legislatura porteña aprobó la ley propuesta por el Ejecutivo de la Ciudad, que establece que la obligación primaria y principal para la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de la vereda compete al propietario frentista. Pudiendo el Ejecutivo, a través de un ente fiscalizador, aplicar multas por su falta de mantenimiento o reparación, como también, poner en marcha un sistema de facilidades financieras para que los responsables de las aceras puedan ejecutar estas obras.
Una normativa controvertida dado que hace tiempo el Gobierno porteño viene asignando partidas presupuestarias a licitaciones públicas destinadas a la “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con presupuestos millonarios que se reparten siempre entre las mismas empresas de construcción, y cuyos contratos se extienden por períodos de dos o más años. Una normativa polémica, si observamos que de los 3.360 millones de pesos asignados para Obras de Infraestructura Urbana en el presupuesto de este año, el 57%, es decir, 1.910 millones, fue destinado a calzadas y reconstrucción de las aceras. Una normativa contradictoria si consideramos que, hasta 2016, cada una de las quince Comunas de la Ciudad recibió partidas de hasta seis millones de pesos para obras de “reparación y/o reconstrucción de vías de tránsito peatonal”. [1]
El 30 de septiembre de 2016, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, prorrogó las licitaciones a las ocho empresas adjudicatarias de las obras de “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, argumentando que: “Si bien la obligación de mantener las aceras en buen estado es de los frentistas (…), la potencialidad dañosa que ostentan las aceras de la Ciudad en sí mismas imponen al Gobierno la obligación de actuar en forma preventiva y correctiva en la atención de todas las aceras de edificios y espacios públicos correspondientes al GCABA“.[2] Prórroga inútil, si las hay, porque las veredas no fueron refaccionadas en los términos y condiciones pactados en los contratos de obra.
El 12 de diciembre de 2016, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público publicaba un nuevo pliego de bases y condiciones para la “Ejecución, reparación y mantenimiento de aceras, período 2017/2018”[3] por un monto de 1.333 millones de pesos. La operación la llevó a cabo el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), organismo que actúa en el ámbito de la Subsecretaria de Medio Ambiente, como autoridad de aplicación, observación, supervisión y control de las obras, y es el encargado de: “… Planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de aceras y todo otro servicio que tenga relación con el servicio de Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires…”, y los montos asignados para cada zona o Comuna, fueron:
ZONA 1 ó Comuna 1 = $ 68.345.329,53
ZONA ó Comuna 2 = $57.213.336,17
ZONA ó Comuna 3 = $61.330.871,68
ZONA ó Comuna 4 = $115.761.111,12
ZONA ó Comuna 5 = $81.761.252,81
ZONA ó Comuna 6 = $83.117.497,53
ZONA ó Comuna 7 = $ 91.862.931,62
ZONA ó Comuna 8 = $107.832.270,27
ZONA ó Comuna 9 = $118.753.966,59
ZONA ó Comuna 10 = $ 86.437.193,97
ZONA ó Comuna 11 = $ 106.178.828,20
ZONA ó Comuna 12 = $ 113.524.226,18
ZONA ó Comuna 13 = $ 79.013.775,57
ZONA ó Comuna 14 = $64.059.179,05
ZONA ó Comuna 15 =$97.748.880,66
El 23 de enero de este año, cuando los pliegos de Bases y Condiciones de esta licitación estaban a la venta, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, contrató vía licitación directa a la empresa norteamericana Mc Kinsey, para que en el plazo de 90 días releve las 49020 veredas de porteñas y elabore una nueva propuesta de reparación. Este asesoramiento significó al erario público una erogación de $14 millones de pesos. Unos 150 mil pesos por día contratado. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desea revisar el modelo actual de gestión de veredas con el objetivo de mejorar la experiencia de los ciudadanos”, fue la argumentación que utilizó Machiavelli para justificar la contratación de la norteamericana Mc Kinsey, explicando, además que el Gobierno porteño no estaba conforme con el resultado de las veredas pese a la inversión de $831 millones realizada en 2016.[4] Pregunta de rigor científico: ¿Entonces, por qué un mes antes se licitó la obra?
El 31 de octubre de este año, el Ejecutivo de la Ciudad a partir de una singular versión sobre el deterioro de las aceras, presenta a la Legislatura porteña el proyecto para «la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas y/o aceras», sancionado el jueves 23 de noviembre. Para fundamentar esta propuesta, esgrime la siguiente hipótesis: “De la simple observación del estado de las veredas de la ciudad se infiere categóricamente que el régimen vigente (…) ha fracasado en generar los incentivos e incorporar los elementos necesarios para alcanzar su propósito. Actualmente, más del cincuenta por ciento (50%) de los frentes se encuentra dañado, lo cual apareja un alto nivel de insatisfacción por parte de los habitantes de la ciudad que se ve reflejada en la numerosa cantidad de reclamos que se remiten mensualmente a la Administración. Cabe destacar que de ese porcentaje, casi la mitad se corresponde a deterioros por el uso o transcurso del tiempo cuya reparación y/o reconstrucción corresponde al propietario frentista”. En síntesis criolla, a los frentistas les compete la responsabilidad sobre el 50% de la totalidad de las aceras porteñas deterioradas. En tanto que del 50% restante se omite adjudicar responsabilidades (al menos eso se desprende de la letra del escrito).
Eludiendo cualquier compromiso que le puede caber a esa Administración por la falta de control de las obras de “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, licitadas y adjudicadas, pero escasamente ejecutadas, el Jefe de Gobierno porteño, señala que “El origen de la problemática radica en que, por una parte, el setenta y cinco por ciento (75%) de la ciudadanía desconoce su responsabilidad de mantenimiento y reparación de la vereda y, por otro, estriba en la falta de capacidad del frentista para asumir los costos que derivan de su obligación”.
La normativa recientemente sancionada, tampoco contempla el pedido de las ONG’s para ejercer la fiscalización de la construcción de las rampas que facilitan el desplazamiento de las personas con problemas de movilidad. En este sentido, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), constató que en su mayoría están mal construidas y elaboró un proyecto de Emergencia en la conservación de veredas y vados[5], que fue presentado por los legisladores Adrián Camps, Marcelo Ramal y Laura Marrone, y actualmente duerme el sueño de los justos en algún cajón de la Comisión de Planeamiento Urbano.
«El Gobierno reconoce que el 74% de las veredas están deterioradas por el accionar de las empresas de servicios y las raíces del arbolado; esas aceras serán reparadas por la Ciudad. El 24% restante, según el proyecto del Ejecutivo, tendría que ser pagado por los vecinos. Nos parece absolutamente injusto que después de décadas de abandono de nuestras veredas, se cargue la responsabilidad y el costo de ese deterioro sobre los frentistas. Solamente deberían hacerse cargo cuando pueda demostrarse en forma fehaciente que la rotura fue provocada por el vecino», señaló en el recinto el legislador Adrián Camps, que votó en forma negativa el proyecto del oficialismo.
Otro de los cuestionamientos es la omisión de las Comunas en la nueva normativa, sobre todo si tenemos en cuenta que una de las competencias exclusivas de estos organismos descentralizados es, precisamente, el mantenimiento de calles y aceras que se encuentran en su jurisdicción.
En forma paralela y simultánea al proyecto que responsabiliza a los frentistas del estado de las veredas, el Ejecutivo elevó el Proyecto de “Ley Aperturas y/o Roturas en la Vía Pública”, que obliga a “toda persona humana o jurídica, pública o privada, que en razón de su actividad deba realizar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública tiene la obligación de cerrarla/s y tiene a su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute, quedando comprendida en el régimen establecido por la presente”. Creando, además, un Registro Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública, encargado de autorizar, supervisar, ejecutar permisos de obra y multar a las empresas que incumplan esta normativa. Competencias que, cómo señalamos más arriba, se superpondrán a las del EMUI.
En síntesis, es penoso ver como los ediles votan leyes a tontas y ciegas, sin procurarse previamente un mínimo informe de cada situación, ni controlar licitaciones, adjudicaciones de obras, informes periodísticos, o al menos caminar algunas vez por las aceras de la Ciudad.
Cosas vered(a)s, Sancho
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[1] Mucha plata y pocas obras /Veredas rotas. Bolsillos llenos /La empresa polirubro que cobra 14 millones de pesos por supervisar veredas
[2] B.O. 4977 del 30.09.16. Resolución 1952/16 MAYEPGC., y separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
[3] B.O. 5023 del 12.12.16. Decreto 606/16.
[4] https://www.periodicovas.com/la-empresa-polirubro-que-cobra-14-millones-de-pesos-por-supervisar-veredas/
[5] Expediente: 2643-D-2017