Marcha Mundial de la Marihuana
por Cristina Peña
El sábado 3 de mayo, se realizó una nueva Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) en 25 ciudades bajo el lema “Por una nueva ley de drogas. Basta de presos por marihuana”. Organizaciones cannábicas, de derechos humanos y otros actores sociales exigieron una nueva ley de drogas, reparación para usuarios y cultivadores criminalizados por la Ley 23.737 y el fin de la violencia estatal. Denunciaron que esta ley de 1989, a diferencia de modelos internacionales centrados en la salud pública, permite allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y estigmatización, afectando especialmente a jóvenes de barrios populares, pueblos originarios, mujeres y personas trans.
En un contexto político y social marcado por crecientes tensiones, esta nueva edición de la marcha cannábica reunió a diversas organizaciones y activistas en torno a una consigna que refleja la urgencia de reformar el marco legal vigente. Nermi, activista cannábica y referente de El Jardín del Unicornio, señaló que fue acordada colectivamente por las organizaciones integrantes de la Mesa Organizadora a nivel nacional, lo que permitió elaborar un documento que fue leído en el Congreso frente a unas seis mil personas.
El documento que resume estas demandas no es sólo símbolo de lucha, sino también un acto formal de diálogo con el Estado; fue entregado días antes del sábado en la Casa Rosada, junto a una nota dirigida al presidente Javier Milei, donde se señala la necesidad imperiosa de una nueva ley de drogas que abandone la lógica criminalizadora, especialmente respecto al cannabis. La petición se funda en principios esenciales —derechos humanos, salud pública, perspectiva de género y justicia social— que buscan transformar un enfoque punitivo por uno integrador y respetuoso.
Uno de los aspectos centrales mencionados en el texto es la compensación de daños producidos por la Ley 23.737, norma vigente desde principios de los años ’90 y que ha sido ampliamente criticada por su carácter represivo y persecutorio. En este sentido, las organizaciones solicitan explícitamente medidas como la amnistía, la absolución, el sobreseimiento, la cancelación de antecedentes penales y, además, una reparación económica para quienes han sufrido las consecuencias de una política criminalizadora que, según sostienen, ha erosionado derechos y afectado vidas.
La reivindicación trasciende lo judicial y penal para ingresar en el terreno del trabajo y la cultura. El documento impulsa el reconocimiento del trabajo asociativo y artesanal vinculado al cannabis, incluyendo el cultivo y procesamiento. Esta propuesta busca que el esfuerzo, el saber y la experiencia de quienes se dedican a estas actividades sean valorados y formalmente regulados, reconociendo así su aporte a la economía popular y a la identidad cultural de numerosos sectores sociales.
En materia de salud pública, el escrito pone un fuerte énfasis en la implementación de políticas basadas en la reducción de daños. Esto implica que el Estado debe asumir un rol activo en la prevención de riesgos asociados al consumo de sustancias, y complementar esto con la capacitación obligatoria en derechos humanos dirigida a las fuerzas de seguridad y a funcionarios públicos, con el fin de erradicar la violencia institucional y la represión cotidiana hacia consumidores y activistas.
Asimismo, se reclama la puesta en marcha urgente del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Iacop), una iniciativa estatal que busca garantizar el apoyo, el acompañamiento y el tratamiento adecuado para personas en situación de consumo problemático. Desde la perspectiva de la Mesa Organizadora, este plan es indispensable para abordar el fenómeno con un enfoque de salud y respeto a los derechos humanos, dejando de lado la criminalización que ha marcado la política nacional durante décadas.
La Mesa Organizadora de la Marcha no solo planteó propuestas, sino que también denunció el contexto de violencia institucional que ha señalado al movimiento social. Criticaron la existencia del denominado “Protocolo Antipiquete de Bullrich”, una serie de procedimientos implementados desde el Ministerio de Seguridad en años anteriores que ha derivado en detenciones arbitrarias y representa, en palabras de los activistas, un ataque frontal al derecho a la protesta pacífica. Este punto fue reforzado por uno de sus referentes, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, quien sostuvo en diálogo con este diario: “Haber marchado ya es un montón. Nos dieron dos carriles nada más, es la primera vez que nos pasa, con un cordón policial al lado continuamente, durante toda la movilización”.
Salech profundizó en la problemática del tratamiento legal y social hacia consumidores, enfatizando que “el momento de luchar por una nueva legislación es éste; no podemos permitir que usuarios ocasionales o con consumo problemático sigan siendo tratados como criminales. Pero no basta sólo con pedir que se deje de criminalizar, sino que vamos a pelear porque haya una ley que además acompañe, que sea más humana, desde una perspectiva de la salud”. Para la activista, la lucha actual significa un “paso histórico”, marcado por la conciencia colectiva de que los marcos regulatorios existentes son insuficientes y que la Ley 23.737, “a la luz de los hechos, ha fracasado y debe ser derogada; vamos por una nueva ley de drogas”.
La marcha, con la lectura del documento frente a miles de asistentes, mostró que el movimiento cannábico en Argentina no solo sigue activo, sino que se encuentra en un momento de articulación y definición, orientado a influir en las políticas públicas para garantizar respeto y justicia. En un escenario donde las tensiones políticas y sociales prosperan, la vocación por transformar paradigmas represivos en políticas de inclusión, salud y derechos humanos resuena fuerte y clara. La consigna urgen a un cambio profundo, desde las calles hasta los despachos oficiales, exigiendo que se reconozca el valor histórico, social y económico del cannabis y de quienes luchan por una regulación más justa e integral.
Este capítulo más de la larga lucha por la despenalización y el reconocimiento social del cannabis en Argentina se inscribe dentro de un proceso global que cuestiona viejos prejuicios y busca nuevas formas de convivencia que prioricen la vida, la equidad y el respeto. Así lo demuestran activistas, organizaciones sociales y una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de repensar las políticas de drogas, saldando una deuda histórica con las personas afectadas directa e injustamente por las leyes represivas.