Desfinaciamiento Integral

 

El programa de Educación Sexual Integral sufre un fuerte desfinanciamiento a nivel nacional y  en particular en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a esa conclusión arribó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) ante la respuesta a un pedido de informes del Ministerio de Educación de la Nación sobre la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual ESI.

En dicho informe, el Ministerio de Educación de la Nación reconoce el desfinanciamiento del Programa de Educación Sexual Integral, indicando que durante 2017 la inversión en el Programa fue de 12 millones de pesos menos que en 2015 que impactó en el achique de las capacitaciones presenciales para docentes de todo el país: En 2015, 55000 docentes accedieron a las capacitaciones, mientras que en 2017 tan sólo lo hicieron  1050  docentes.

La Ley de Educación Integral Sexual, sancionada en 2006, obliga a todas las escuelas del país, tanto de gestión pública como privada a brindar educación sexual integral a los educandos, supone destejer la violencia sexual y  promover la valoración positiva de la diversidad sexual, con el objetivo de prevenir situaciones de abuso y maltrato de niños y niñas, embarazos no deseados y garantizar la posibilidad de continuar los estudios a madres y padres adolescentes.

Para la correcta aplicación de la ESI, se implementaron distintas líneas de acción en forma coordinada entre el Ministerio de Educación, los establecimientos educativos y los gremios docentes. También, desde el año 2008, se abrió una línea de capacitación virtual a docentes, estudiantes y profesores. En 2012 se pone en marcha la capacitación presencial. Esta formación docente tiene como objetivo garantizar la contextualizar y adecuar la propuesta en todo el territorio nacional a fin de que la ESI pueda ser materializada en todas las aulas, para lo se provee a los docentes de materiales didácticos.

Durante los doce años de existencia, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral ha sufrido altibajos y su aplicación ha sido despareja. En los últimos dos años las denuncias sobre la desinversión tanto en capacitaciones como en materiales que llegan al aula se constata al revisar la cantidad de cursantes del Postítulo Docente de ESI de parte del Ministerio de Educación, se han transformado en una patología. El informe del Ministerio de Educación de la nación da cuenta de que mientras que en 2015 las capacitaciones se llevaron a cabo en 14.000 escuelas de 10 provincias, en 2007 las mismas e restringieron a 500 escuelas en dos provincias. Respecto a la formación virtual, la cantidad de docentes también experimento una importante merma: de 16914 formados en 2015 la cifra se redujo a 4450 en 2017.

El debate sobre el acceso al aborto legal, seguro y gratuito que se abrió este año, no sólo en el congreso sino a nivel social, principalmente entre lo que concierne al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo,  habilitó que en las escuelas se hablara con mayor énfasis de Educación Sexual Integral. Incluso los sectores más refractarios de la sociedad, ven en este programa la alternativa a la legalización del aborto. Cuando en realidad se trata de un derecho, que debiera estar siendo aplicado desde hace doce años en todos los niveles educativos, con un presupuesto acorde para cada necesidad y sector social donde se implementa. La Ley de Legalización del Aborto, se complementa con la estricta aplicación del Plan de Educación Sexual Integral, porque precisamente lo que intenta esta normativa es terminar con el negocio de los abortos clandestinos, asegurar la vida de las mujeres y sobre todo aplicar políticas de prevención de embarazos no deseados a partir de una política pública integral.

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