La reja ilegal de Plaza de Mayo

Buenos Aires bate el récord. Es la ciudad del mundo con mayor extensión de espacios públicos enrejados. La cuarta parte de plazas y parques de la ciudad ostentan rejas. Extraña determinación de un Gobierno que aspira posicionar a esta metrópolis como polo turístico de preponderancia en Latinoamérica.
La obsesión por las rejas de Horacio Rodríguez Larreta arribó a la Plaza de Mayo. Una extensa hilera de puntiagudas y amenazantes rejas, que la atraviesa y clausura las calles circundantes fue el resultado de la llamada puesta en valor de ese sitio histórico.

La reja que divide la Plaza de Mayo resulta insólita y hasta ridícula a los contados turistas que arriban a estas tierras. Entienden esta medida como un retroceso al medioevo y sostienen que no alcanzan a imaginar plazas enrejadas en las ciudades más importantes del mundo. Tampoco les resulta fácil explicar el sentido de las rejas a los guías de turismo, ni en inglés ni es castellano. Sostienen que hablar de inseguridad no resulta un buen negocio.

A la hora de analizar significados y significantes la reja simboliza la distancia que el cenáculo del poder gobernante mantiene con el pueblo que lo votó. No expresa un espíritu de dialogo, sino de confrontación. Así se desprende de la lectura de la sentencia donde el Juez Osvaldo O. Otheguy, declara ilegal la instalación del enrejado, haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta por el Observatorios del Derecho a la Ciudad y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas

La síntesis del desmadre

En 2017, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño adjudicó, mediante licitación privada, la obra de puesta en valor de Plaza de Mayo a la empresa URBASER ARGENTINA S.A por un monto inicial de $43.800.000. El proyecto original que no contemplaba enrejado alguno, consistía en la ampliación del volumen total de la plaza, restando dos carriles del tránsito vehicular a las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia. El resultado de esa puesta en valor devino en un tosco, desnivelado e incandescente embaldosado blanco, una profusa ausencia de especies arbóreas y una abrumadora escasez de sombra. Por último, y de forma repentina, se produjo la irrupción de un cerco transversal que atraviesa la plaza por detrás de la Pirámide de Mayo e irrumpe el ancho de las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia

Cuando la obra estuvo concretada, el Gobierno porteño manifestó que la división de la Plaza, contaba el beneplácito de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, organismo que tiene la potestad de autorizar o desestimar la intervención materiales sobre los bienes patrimoniales de la Nación. Cabe acotar que la Plaza de Mayo integra de ese patrimonio desde junio de 1942, cuando fue declarada Lugar Histórico Nacional.

En la causa judicial, quedó demostrado que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos denegó la instalación del enrejado que atraviesa la Plaza de Mayo. En una nota fechada en enero de 2018, remitida a la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad, este organismo desaprueba la colocación de las rejas “toda vez que implica una división física permanente que fragmenta la lectura integral de este espacio público, la plaza cívica más importante del país por ser este el ámbito físico donde se localizan los organismos centrales”. Cuatro meses después, en mayo del año pasado, el Ejecutivo porteño hizo instalar el enrejado.
En un fin de semana el cerco irrumpió en Plaza de Mayo, dotando el llano paisaje en un aspecto que da cuenta del divorcio que existe entre quienes gobiernan y el pueblo que lo colocó en el poder.

En la causa judicial, una vez dada por tierra la argucia del consentimiento o beneplácito de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. El Gobierno porteño ensayó una serie de estrategias para justificar lo injustificable. La primera de ellas fue hacer una interpretación sui generis respecto a una nota remitida en 2017 por el organismo contralor de Sitios Históricos, donde requería el inmediato retiro de las vallas móviles instaladas en Plaza de Mayo desde 2008. Fue a partir de esta misiva que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público pergeñó una nueva estrategia defensiva para argumentar mecanismo de enrejado plegable, dejando en evidencia que no actuó para cumplir con lo solicitado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, sino para dar respuesta a una explícita demanda de asegurar la Casa Rosada, emanada de la Presidencia de la Nación y de la Casa Militar de la Presidencia.

La advertencia de“la posible afectación a la seguridad pública que podría tener la orden judicial de remoción de las rejas en la Plaza de Mayo”,  manifestada en la causa judicial el Ejecutivo porteño, es otra tácita demostración de la divisoria de aguas existe entre pueblo y gobierno.

En síntesis,  para el Juez Otheguy todos y cada uno de los argumentos expresados por el Ejecutivo porteño, resultaron manifiestamente insostenibles y hasta engañosos. No así los expuestos por la querella: el magistrado pudo corroborar todas y cada una de las irregularidades denunciadas en la demanda. De manera que resolvió declarar ilegal la instalación del enrejado que atraviesa la Plaza de Mayo, instando al Gobierno de la Ciudad para que, en el plazo de 90 días y en el marco de un estricto cumplimiento de las normativas vigentes, sancione una ley que apruebe la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo o, en caso contrario, retire la reja y restablezca la Plaza de Mayo al estado anterior.

¿Será justicia?

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