El derecho a la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires
Por Gloria Menéndez
Desde inicio del presente año, millares de cooperativistas se vienen movilizando en trono a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad por la reivindicación del derecho de los sectores populares a vivir en Buenos Aires. Reclamando viviendas dignas para todos, y solicitando el cumplimiento de la Ley 341. Esta ley garantiza el acceso a la vivienda de las familias organizadas en cooperativas, mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante el otorgamiento de créditos blandos con garantía hipotecaria. Créditos –no subsidios– que deberán ser pagados puntualmente.
La Ley 341 fue sancionada en el año 2000 y desde entonces se constituyeron 400 organizaciones regidas por el principio de la autogestión. Sin embargo nunca fue aplicada plenamente y hoy, de acuerdo con la lógica imperante que equipara el problema habitacional con el negocio inmobiliario, va en camino de transformarse en letra muerta. Sólo cuatro organizaciones –con estrechos vínculos en el Gobierno– pudieron concretar sus propósitos. El resto está en veremos. Algunas, tras comprar el terreno, pudieron iniciar las obras en medio de grandes dificultades para cobrar los certificados correspondientes –llegaron a estar 18 meses paradas– y están lejos de terminar la construcción. Otras compraron el terreno, pero el crédito otorgado para la construcción nunca fue desembolsado por el Instituto de la Vivienda (IVC). Finalmente, otras que eligieron el terreno han visto como se caía la operación por las demoras burocráticas características del IVC.
Hoy la situación se ha agravado. El gobierno de Mauricio Macri ha comunicado que sólo terminará cinco proyectos que tienen el 70% de la construcción avanzada, pero que no desembolsará un peso para iniciar obras o comprar terrenos. Mientras tanto los equipos técnicos de las organizaciones (arquitectos, trabajadores sociales, abogados y contadores) no cobran sus honorarios desde hace años. Pero lo que es más grave: miles de familias organizadas colectivamente y participando activamente a través de la autogestión, tras años de lucha ven diluirse una vez más sus derechos y esperanzas a una vivienda digna.