El Estado asesina una persona cada 21 horas

Cada 21 horas el Estado asesina a una persona. Este dato se desprende del último informe sobre la situación represiva nacional elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y presentado el 15 de marzo pasado en Plaza de Mayo.
Al inicio de la gestión de Cambiemos, la CORREPI alertó sobre el incremento de la represión de parte de las fuerzas de seguridad contra la sociedad civil. Lo hizo a partir de una certeza: La única forma de cumplir con el objetivo de reestructuración profunda y a largo plazo de la relación capital-trabajo que la presente gestión de gobierno se propuso, era con la implementación de todas las herramientas represivas con las que cuenta el Estado.

Los argumentos
“El avance sobre los derechos sociales y particulares, el intento de disciplinar toda forma de protesta social, el aumento de las estrategias de control social en las calles; son algunas de las primeras iniciativas que el oficialismo puso en práctica”, señala este informe y da cuenta de cada una de estas intentonas. Las que resultaron un rotundo fracaso, como, por ejemplo, el protocolo antipiquetes, elaborado por Patricia Bullrich, que declaraba la emergencia nacional en seguridad ciudadana y establecía ‘corralito’ para que los trabajadores y trabajadoras de prensa pudieran desarrollar las coberturas. Y las que se aplican con rotundo éxito, como la profundización en el uso de las herramientas para interceptar y detener personas arbitrariamente; la militarización masiva de las barriadas populares; las reformas regresivas al código penal y al procesal; la creación de la Policía de la Ciudad, la conformación del ‘comando unificado’ de fuerzas federales y locales para la intervención en manifestaciones; el incremento de la presencia policial de civil con la consecuente infiltración y espionaje en organizaciones políticas y sociales, etc., etc.
“Esta profundización de todas las modalidades de represión estatal, que se descarga sobre los sectores organizados y del pueblo trabajador, afecta cotidianamente a los más vulnerables en las barriadas populares, sobre todo en la población joven, con resultados letales: El aumento del poder de fuego en las calles, a partir de la saturación policial y de otras fuerzas, hizo crecer, como nunca antes, los fusilamientos por gatillo fácil”, dice CORREPI en el informe presentado en marzo, donde enfatiza también que el uso masivo de las facultades para detener personas arbitrariamente y el endurecimiento por vía judicial y luego legislativo del sistema contravencional y penal multiplicó la población en comisarías y cárceles, con el consiguiente aumento de torturas y muertes bajo custodia.
“Macri no había completado su primer año de gobierno cuando ya se acercaba al récord histórico de una muerte diaria por fusilamientos en las calles o en lugares de detención, pero era sólo el principio. A mediados de su segundo año de gobierno, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, rápidamente seguido por el fusilamiento de Rafael Nahuel, decretó la apertura de una segunda etapa en la estrategia represiva, signada por la explícita reivindicación de lo actuado por gendarmería y prefectura, en el marco de una enorme campaña mediática de legitimación de la represión, con el protagonismo estelar de la prensa hegemónica”, explica el estudio de CORREPI, donde puntualiza que desde el primer día el gobierno macrista revindicó el terrorismo de Estado y el genocidio cometido durante la última dictadura cívico – militar y eclesiástica. Prueba de esto fue la negación del número de desaparecidos, la presencia de genocidas en actos públicos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedía el beneficio del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad y el nombramiento de funcionarios como Pablo Noceti, defensor de represores de la dictadura, en el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
A fines 2017, tras el triunfo electoral, Mauricio Macri avanzó con la llamada reforma previsional. Ante el fuerte rechazo social y para lograr que el Congreso diera el visto bueno a esta normativa, recrudeció la represión estatal, con el resultado de 250 personas detenidas en todo el país y la puesta marcha de una nueva táctica judicial para procesar a quienes se manifiestan para defender sus derechos, violando así la privacidad de las las comunicaciones y la libertad de opinión: “En todas las causas iniciadas en 2017, los jueces federales ordenaron descargar todos los contactos, mensajes recibidos y enviados por cualquier sistema, fotos, videos y archivos de todo tipo de ordenadores y celulares”. También instalaron como medida habitual el “ciberpatrullaje”, a cargo de una división de la Policía Federal Argentina creada en abril de 2017, para acceder y analizar perfiles y contenidos de las redes sociales, de manera de extraer cualquier opinión vertida en Facebook, Twitter, Instagram, etc., que sirva como elemento incriminatorio para graves imputaciones como “intimidación pública”, “sedición” o “rebelión”, mientras utilizan fotos y videos personales para realizar cotejos con las imágenes de las movilizaciones a través de la División Reconocimiento Antropométrico de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2018 se dio intervención preferencial a la justicia de la Ciudad, el fuero construido a lo largo de más de 10 años por el PRO, en alianza con sectores de la UCR, durante las dos gestiones de Macri al frente del gobierno local, cuyo sistema procesal prolonga los tiempos de las detenciones iniciales. Tanto en esas causas, como en su contracara, los procesos que impulsamos desde las organizaciones populares contra represores por fusilamientos de gatillo fácil y muertes en la tortura, los jueces llevaron a la práctica la directiva de Macri a 48 horas del asesinato de Rafael Nahuel:“Hay que volver a la lógica de que la voz de alto significa que te entregás”, y la tesis de Patricia Bullrich:“la versión de las fuerzas es versión de verdad”. A principios de 2018, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”. Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos. Por primera vez, desde 1983, un gobierno nacional, con pleno consenso de los gobiernos provinciales, asume sin tapujos que el aparato represivo estatal es su brazo armado, y reivindica sin fisuras su acción, que reconoce como lo que es, su política pública explícita.

Los medios hegemónicos siempre han funcionado como reproductores y amplificadores del discurso oficialista, pero en esta etapa se superaron a sí mismos en el rol de usinas propagandísticas al servicio del gobierno para construir e instalar al “enemigo interior”, que varía según la necesidad del momento. Frente a los crímenes de Santiago y Rafael, se expresó en el “terrorista-anarco-trosko-mapuche-iraní”; para entronizar la doctrina Chocobar, es el “peligroso menor delincuente” dispuesto a matar a cualquiera por un celular, o, para justificar la campaña xenófoba, el “migrante criminal” -que además nos usa los hospitales públicos…-.
Mientras tanto, hay presos y presas políticas, desde Milagro Sala hasta Daniel Ruiz, encarcelado por haber participado de la manifestación contra la reforma previsional, y son centenares las personas criminalizadas por participar de protestas y movilizaciones, como César Arakaki, Dimas Ponce y Sebastián Romero

El armamento legal
Las reformas legislativas, tanto de los códigos contravencionales como de los códigos de procedimiento penal, efectivizadas en la Ciudad de Buenos Aires, son el sustento de estas políticas represivas, constituyen y un peligroso arsenal que no tiene otra finalidad que reprimir la pobreza y la protesta social.
En materia contravencional, la alianza Larreta – Carrió en la Ciudad pergeño todo un entramado jurídico para criminalizar a las personas que sobreviven malamente con tareas precarias en la vía pública: trapitos, abrepuertas, vendedores ambulantes, artistas callejeros y personas en situación de prostitución.
Los códigos procesales de Nación y porteño incorporaron formalmente las prácticas que la justicia federal ya venía implementando, como el uso de tecnología de avanzada para acceder a la vigilancia, seguimiento y espionaje de personas y organizaciones a través de teléfonos celulares, tablets, computadoras y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Se consagró  también las figuras del infiltrado (“agente encubierto”), provocador (“agente revelador”), buche (“informante”) y el traidor (“arrepentido”), todas de enorme peligrosidad por la discrecionalidad
que implican y por el riesgo certero de fabricación de pruebas y de falsas incriminaciones motivadas por dinero o cuestiones personales.
El anuncio de la compra de picanas portátiles Taser y el “Programa Restituir”, que repone en pleno goce de facultades, armas, haberes caídos y ascensos perdidos a miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron sometidos a procesos penales, fueron los últimos anuncios represivos antes de la presentación del “nuevo” proyecto de reforma al Régimen Penal Juvenil, cuya principal modificación es la vieja aspiración macrista de bajar a 15 años la edad a partir de la cual niños, niñas y adolescentes.
Todo este combo represivo arroja como resultado una persona asesinada en manos del Estado cada 21 horas.

Las estadísticas
A fines de 2017, La CORREPI advirtió que por primera vez en 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el gobierno macrista había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo. Frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas del año 2015, el actual Gobierno había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas a fines de 2016 y uno cada 23 al año siguiente. Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas.
Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia. En el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero,
contra 5.462 que la CORREPI tenía registrados hace un año.
Con lo que se tiene un total de 1.303 personas asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.
Esa cifra representa el 20% del total desde diciembre de 1983 en poco más de tres años: En diciembre de 2015 la cifra de personas asesinadas por el aparato represivo estatal era de 4.644. En febrero de 2019 es de 6.564.

Muertes no casuales
Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio. Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. La paradoja de estos tres años es que mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del hegemónicos. La promocionada legitimación de estos crímenes fue protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno. El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía Carla Céspedes, que fusiló a un joven por la espalda, son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos de la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de Estado.

En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente.
En 2018, resulta inevitable destacar el caso de la comisaría de Transradio, Esteban Echeverría, inhabilitada para tener personas detenidas por la falta de condiciones mínimas para el alojamiento. De 27 personas hacinadas en un calabozo con capacidad para mucho menos que la mitad, 10 murieron como consecuencia de un incendio.

Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, etc.).

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Nota relacionada: Escalada represiva contra la población civil

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