El precio del modelo
La deuda de las familias como engranaje del programa económico
por Juan Pablo Costa
Consultado por el récord de morosidad que atraviesa los hogares argentinos, el ministro Luis Caputo definió la cuestión como un «problema entre privados» y sentenció que «cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones». Cuando le señalaron que algunas billeteras virtuales cobran tasas superiores al 400% anual, respondió: «Son tasas abusivas, pero no hay nada que les impida hacerlo». Javier Milei ratificó la postura: el Estado no va a intervenir. La escena tiene su lógica interna. Si el problema es la irresponsabilidad de cada deudor, la solución es que cada deudor se ordene.
El inconveniente aparece cuando uno mira la escala: casi seis millones de personas en situación de mora, más de veinte millones con alguna deuda registrada. A esa altura, la suma de errores individuales deja de ser una explicación creíble y pasa a describir otra cosa. Describe un modelo económico.
Endeudarse para comer
Los números que publica el Banco Central son contundentes. La morosidad de las familias con los bancos llegó al 12,8% en junio de 2026, después de veinte meses consecutivos de aumento. En octubre de 2024 era del 2,5%. En las billeteras virtuales y los proveedores no financieros de crédito el salto fue todavía más violento: del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio pasado, perforando el techo que había dejado la pandemia. Considerando ambos canales, la morosidad de los hogares ronda el 15,5%, el nivel más alto desde la crisis de 2001.
Sobre casi veintiún millones de deudores registrados, casi 6 millones están en mora, con 2,6 millones de morosos nuevos desde febrero de 2024. Los jóvenes de entre veinte y veinticuatro años encabezan el ranking con una irregularidad del 33,6%. La deuda promedio de quienes están en mora asciende a casi dos millones y medio de pesos, más de seis salarios mínimos.
Según el propio Banco Central, en abril de este año la carga mensual de servicios de deuda de las familias representó el 24% de la masa salarial, y cerca del 80% de esa mochila corresponde a préstamos personales y tarjetas de crédito. No se trata de hogares que compraron un departamento, un auto o un televisor para ver el Mundial, como aseguró cínicamente el presidente ante la Bolsa de Comercio de Rosario. Los relevamientos privados coinciden en que más de la mitad de las deudas contraídas se destinan a gastos corrientes: alimentos, alquiler, servicios, medicamentos. Y una porción creciente se toma directamente para pagar deudas anteriores.
Sostener el consumo básico a crédito, con las tasas argentinas, funciona como una cinta de correr que acelera sola.
El torniquete de la liquidez
Veníamos analizando en esta columna que el esquema de Milei y Caputo descansa en dos pilares: un dólar administrado que ancla los precios y salarios que no convaliden aumentos. El salario real registrado acumula una caída del 19% desde noviembre de 2023. Ahora bien, sostener ese dólar quieto exige algo más que voluntad. Exige que no sobren pesos. Y para que nadie corra al dólar, hay que secar la plaza. Los bancos deben inmovilizar el 45% de los depósitos a la vista en concepto de encajes, un nivel muy alto comparado con el 20% de Brasil, el 10% de México, el 4,5% de Chile y valores cercanos a cero en Estados Unidos y la eurozona. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, acaba de confirmar que el apretón monetario continuará hasta que la inflación argentina converja con la internacional.
Con la oferta de crédito estrangulada y una mora que ya alcanza a uno de cada ocho pesos prestados, el diferencial entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos promedia 2,8 veces en lo que va de 2026, el registro más alto en catorce años. A eso se suma que el esquema necesita tasas en pesos atractivas para que los ahorristas no se dolaricen. Salarios que caen, crédito caro y un ingreso que no llega a fin de mes. El endeudamiento masivo es la consecuencia previsible de esas dos anclas, y el programa lo necesita para funcionar.
Los que ganan no reparten
La contracara de esta historia está en la estructura productiva. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la intermediación financiera multiplicó su valor agregado casi trece veces y pasó de explicar el 3,8% de la actividad económica al 6%. La explotación de minas y canteras, donde entra Vaca Muerta, ganó más de un punto de participación con un crecimiento real del 30%, el mayor impulso productivo genuino del período.
Del otro lado, la industria manufacturera cedió 3,8 puntos de participación y produjo un 11% menos en términos físicos. El comercio perdió 2,5 puntos. La construcción fue la más castigada en términos reales: su volumen físico se derrumbó 13%, arrastrado por la parálisis de la obra pública. Desde noviembre de 2023 se destruyeron 314.000 puestos de trabajo formales.
La asimetría se ve mejor en puestos de trabajo. Las finanzas y la minería, los dos sectores que más crecieron, reúnen juntas alrededor del 4% del empleo privado registrado del país. La industria, el comercio y la construcción concentran cerca del 45%. Y los ganadores, además, emplean cada vez menos: en el último año la minería expandió su actividad 17% y recortó su plantel casi 5%, mientras la intermediación financiera creció 5,5% y perdió 4,6% de sus puestos. Un modelo que hace crecer las finanzas, la minería y los hidrocarburos mientras achica la industria, el comercio y la construcción es un modelo que produce dólares de exportación y no produce ingresos internos. El derrame, esa promesa antigua, sigue sin aparecer.
El negocio de la desesperación
En ese contexto, los préstamos de Mercado Pago pueden alcanzar un Costo Financiero Total Efectivo Anual de 1.375%, con tasas nominales que van del 48% al 249%. La inflación interanual es del 34%. Marcos Galperín, cuyo patrimonio Forbes estima en 9.300 millones de dólares y que encabeza el ranking de los argentinos más ricos, respondió a las críticas argumentando que la mitad del costo son impuestos y que la Argentina tiene el menor crédito al sector privado de América Latina. Lo segundo es verificable y no explica nada: la misma empresa opera en Brasil bajo supervisión del banco central con costos financieros sensiblemente menores. Y los impuestos que invoca alcanzan por igual a todas las entidades del país: el Banco Nación carga con los mismos tributos y no se acerca ni remotamente a esos costos financieros. La diferencia no es tecnológica. Es regulatoria.
El fenómeno excede largamente a una compañía: hay firmas de préstamo directo con carteras irregulares del 91% y cadenas de electrodomésticos con moras superiores al 55%. Ninguna empresa presta la mitad de su cartera sabiendo que no la va a cobrar, salvo que las tasas que cobra sobre la otra mitad compensen el quebranto con creces.
Sin embargo, no se trata de una anomalía del mundo digital no regulado. Ualá Bank opera con licencia bancaria plena y bajo supervisión del Banco Central, y aun así registra una morosidad del 22,5% en su cartera de familias, casi el doble del promedio del sistema bancario. Su fundador, Pierpaolo Barbieri, fue uno de los diez empresarios que cenaron con Kristalina Georgieva durante su visita al país, y salió a repetir el argumento de Galperin sobre los impuestos. El diagnóstico del círculo rojo financiero es uniforme, y siempre termina en el mismo lugar: el problema son los impuestos, nunca las tasas.
Mientras tanto, los bancos achicaron su cartera: entre febrero de 2024 y junio de 2026 perdieron 1,1 millones de clientes. Esa gente no dejó de necesitar plata. Migró hacia las billeteras, y de las billeteras hacia el prestamista del barrio. Es un proceso de precarización del endeudamiento: se pasa de una deuda con un costo financiero total de hasta 180% anual y posibilidad de renegociar, a una de hasta 1.375% con estudios de cobranza detrás, o directamente a un circuito informal sin límite de tasa ni de métodos de cobro. El tramo declarado irrecuperable ya suma 3,8 billones de pesos, y el 65% de ese capital incobrable está en el canal digital.
La factura
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió públicamente que durante 2025 los suicidios crecieron cerca de un 30% entre los integrantes de las fuerzas federales y reconoció que los «niveles de endeudamiento formal e informal» de los efectivos aparecen detrás de varios de esos casos. No es un fenómeno acotado a un sector: un relevamiento de la Facultad de Psicología de la UBA muestra que el 56% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuyen a motivos económicos, por encima de las crisis vitales o familiares, con el mayor riesgo concentrado entre los dieciocho y los veintinueve años.
Hacer algo es posible
En el Congreso hay más de treinta proyectos para aliviar a los deudores, y el programa Desenrola de Brasil puso un tope a los intereses de las tarjetas y permitió a los trabajadores de menores ingresos renegociar sus deudas en hasta sesenta cuotas con tasas reducidas. Sin embargo, aquí, la respuesta oficial sigue siendo que cada uno se arregle, y que detrás de la mora hay un déficit de educación financiera. ¡Pero se trata de la misma gente que hace tres años pagaba sus cuentas!: habría que explicar en qué momento los argentinos desaprendieron a manejar su dinero.
El Gobierno necesita que cada deudor lea el resumen de su tarjeta como un fracaso personal. Mientras la discusión quede encerrada ahí, el modelo que produce esa deuda seguirá fuera del debate. Y el modelo está a la vista: salarios que caen, un torniquete monetario que encarece el crédito y un puñado de sectores que concentran la riqueza sin repartirla. Poner eso en el centro de la cuestión, en las paritarias, en el Congreso y en la calle, es la única forma de que la factura la termine pagando quien la generó.