El tiempo de la IVE es ahora

por Mariela Acevedo*

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) prometido en la campaña electoral del 2019 y en la apertura de sesiones ordinarias de 2020 por el presidente Alberto Fernández por fin llega a la Cámara de Diputados. La ley es urgente: Abortamos en pandemia y requerimos atención postaborto al sistema público de salud  a donde llegamos tras prácticas de aborto clandestino. Con o sin coronavirus, nosotres abortamos. En mayo, la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito cumplió quince años de existencia y desde las redes las organizaciones que la componen motorizaron la demanda del tratamiento: “Alberto, tenés un atraso” le recordaron al presidente. El proyecto del Ejecutivo entra junto a otro proyecto, conocido como el “Plan de los mil días” de acompañamiento a quienes deciden maternar. Ya es hora: María Alicia Gutiérrez y Jenny Durand, integrantes de la Campaña nos comparten sus dudas y certezas.

De dónde venimos…2018 fue ayer
Repasemos rápidamente lo que sucedió en 2018 y el escenario actual. En 2018, el presidente Mauricio Macri habilitó el debate del aborto legal en Argentina por primera vez, ya que todas las anteriores veces que el proyecto fue presentado, perdió estado parlamentario antes de llegar al recinto. Para que nadie se confunda, podríamos decir (primero) que habían cambiado las circunstancias, entre las que vale mencionar una masificación de los feminismos que se gestó en las calles como una potente marea verde (sin desconocer la explosión masiva de 2015 con Ni Una Menos, podríamos remitir este germen al crecimiento de los Encuentros Nacionales de Mujeres que fueron generando masa crítica). Y (segundo) que el macrismo haya habilitado el debate oponiéndose a la libre decisión de mujeres y personas con capacidad de gestar a la interrupción voluntaria del embarazo (le) servía al entonces oficialismo, para mostrar su cara dialoguista, no para impulsar ningún proyecto (de hecho el freno en el senado se lo debemos en gran medida a la presidenta de la Cámara Alta, que era la  vicepresidenta del Ejecutivo, Gabriela Michetti). A pesar de las posiciones tanto del presidente como de su vice, contrarias a legislar, hubo encendidos discursos de diputadas/os macristas como la recordada Silvia Lospenatto que llegó a emocionar en su cierre hasta a la más plantada. ¿Recuerdan? Habló de “las sororas”, una especie de bloque transversal de diputadas/os que tendió un puente sobre la grieta —por lo menos momentáneamente— para pintar de verde parte de los bloques de distintos partidos del Parlamento. Su discurso abre la película Que sea Ley de Juan Solanas, que también recoge el conmovedor discurso de su padre, el senador Pino Solanas que aquella vez se dirigió a quienes estábamos en las calles y —sabiendo que no saldría la Ley— nos animó a no ver en ese traspié, una derrota. Tenía razón. No lo fue. Esa noche de lluvia en Congreso lloramos con bronca, pero habíamos hecho temblar el mundo tal como lo conocíamos. Habían pasado tres meses de audiencias públicas televisadas, habíamos hecho estallar las redes y las calles, pintando todo de verde, juntándonos en bares a cantar que el aborto será ley, que queríamos producción de misoprostol y que la ESI tenía que dejar de ser promesa para hacerse cuerpo en las aulas. Y eso no fue en vano. Se formaron agrupaciones de docentes y profesionales de la salud por el derecho a decidir, se nuclearon dibujantes, cineastas, músicas y escritoras por el aborto legal. Y le arrancamos la promesa al futuro presidente que de que el aborto iba a ser ley en su gestión. Todo eso no es poco.

Foto: Eva Cabrera/Télam

El Proyecto IVE del Ejecutivo y las diferencias con el Proyecto de la Campaña
El proyecto enviado el 17 de noviembre, Día de las Militancias, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación levantó polémicas y debates entre quienes celebran la decisión de la máxima autoridad de acompañar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y quienes leen en la letra del proyecto enviado una promesa lavada del oficialismo tras negociar con sectores conservadores y eclesiásticos.
El proyecto del Ejecutivo “debe leerse en tándem con el de los “Mil días” y creo que eso es problemático”, entiende la socióloga y especialista en derechos sexuales y (no) reproductivos, María Alicia Gutiérrez en referencia al programa de cobertura integral de las infancias que extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de seis a nueve meses y brinda una ayuda económica a las madres de niñas/os durante los primeros tres años de vida. Sobre la propuesta integral de cobertura María Alicia señala que es “excelente para quienes deciden maternar” aunque le preocupa que en su implementación el plan sirva como forma extorsiva de presión o disuasión de la IVE (aborto voluntario sin causales como violación o peligro en la salud de la gestante) o de la ILE (abortos legales contemplados por causales establecidas en el código penal, que es la forma vigente del derecho al acceso a la interrupción de los embarazos en el sistema sanitario). Los proyectos entran como complementarios y es una estrategia que puede ser leída como una “negociación ingenua con la Iglesia”, afirma. La corporación religiosa ya levantó sus armas contra el proyecto de IVE y puede leerse en las redes convocatorias a marchar a fin de mes en contra de lo que puede considerarse una postergada deuda con las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además de esta preocupación, María Alicia señala que el proyecto del Ejecutivo extiende a diez días el plazo para concretar el acto médico (la campaña fijaba solo cinco días) y aún más grave le parecen lo que considera “ambigüedades en la delimitación de la Objeción de Conciencia” (OdeC en adelante). Jenny Durand por su parte, luego de una primera lectura sobre el proyecto del Ejecutivo, destaca que contiene artículos y títulos tomados de forma casi textual del proyecto presentado por la Campaña en 2018. Aunque celebra la iniciativa del Ejecutivo, apunta las diferencias que es necesario mencionar: el proyecto de la Campaña no contempla la Objeción de Conciencia (OdeC), que “es una herramienta que debería proteger la libertad de quien la solicita, pero que en la práctica emerge en vinculación a derechos de mujeres, niñas/os, adolescentes y diversidades para obstruir derechos”. El proyecto del Ejecutivo contempla la OdeC solo a nivel personal y no hace ninguna referencia a la posibilidad de que sea una prerrogativa institucional (algo que está expresamente prohibido en el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” de 2015). El proyecto especifica que el objetor tiene la obligación de derivar sin dilación a quien pueda realizar la práctica y fija penas para quienes así no lo hicieran. Su inclusión delimitada y regulada, tal vez sea una forma de adelantarse a la judicialización de la ley y las consecuencias que tendría si ésta no estableciera un instrumento jurídico de abstención a la práctica por creencias religiosas. Nos guste o no, recordemos que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 debió incluir en su artículo 5to. el respeto por el ideario institucional que permitió adaptar los contenidos de la ESI según las creencias religiosas y frenó su implementación durante mucho tiempo en algunas provincias. En ese sentido, el proyecto del Ejecutivo incluye un artículo que menciona la ESI aunque no incluye como contenido el derecho al aborto; a la vez sanciona la Ley con estatuto de Orden Público, lo que limita el accionar de las provincias e incluye la prestación como obligatoria para obras sociales así como parte del Plan Médico Obligatorio (PMO). En la redacción puede verse la puja y las negociaciones que debe articular el proyecto. Por eso, Jenny destaca que el proyecto es la base para una discusión, pero que el debate se dará en el recinto, donde se van reformular plazos, procedimientos y que es en esa instancia en la que legisladoras y legisladores tienen que escuchar a quienes vienen militando derechos sexuales y (no) reproductivos desde realidades muy heterogéneas, en provincias donde los recursos humanos y técnicos son escasos y requieren de mayor presencia del Estado. En este punto, podemos pensar que la Ley, la mejor ley que podamos conquistar, va a necesitar el monitoreo social constante para su implementación efectiva, apunta María Alicia y para eso, tenemos que conocer los derechos y exigir su cumplimiento. El Estado debería garantizar el acceso, no solo para casos de riesgo inminente de muerte, como señala la letra del nuevo proyecto, sino para cualquiera que lo solicite. En este sentido, María Alicia señala que “la iniciativa de la Campaña no contempla de ninguna forma la penalización”, como sí lo hace la del Ejecutivo para quienes abortan o producen el aborto fuera del plazo de las catorce semanas y/o sin causales que lo justifiquen. “El proyecto de la Campaña no penaliza a nadie”, subraya enfática. La penalización sigue siendo un instrumento de disciplinamiento, morigerado, como delito excarcelable pero existente como sanción en el proyecto oficialista, y eso no es despenalizar. Lo que parece seguro es que la sanción de la ley no será un mero “trámite” y conquistar el derecho solo es un paso —un gran paso, histórico, diría yo— para concretar las prácticas en las instituciones de salud pública.

Foto: Ramiro Gómez/Télam

El debate en el recinto se trataría en sesiones extraordinarias en diciembre y se discutirán todos los proyectos vigentes: el del Ejecutivo, el de la Campaña (que perdería estado parlamentario en marzo de 2021) y los que puedan presentarse (se encontrarían vigentes los de Araceli Ferreyra y Daniel Filmus). Podríamos pensar que la única certeza en este punto, es que en pocas semanas llegará al recinto el debate por una legislación que contemple la IVE hasta la semana catorce de gestación, punto en el que coinciden el proyecto oficialista y el redactado por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. No habrá como en 2018, audiencias públicas;  los argumentos ya fueron expresados y lo que requerimos ahora es avanzar: Ya es hora, terminemos el 2020 con Aborto seguro, legal y en el Hospital. Que sea Ley.

*Mariela Acevedo es feminista, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en comunicación y docente. Administra el portal Feminismo Gráfico y es editora de Revista Clítoris. Escribe, da clases y realiza tareas de investigación en el campo de la comunicación, la salud, los géneros y las sexualidades.

Foto de portada: Víctor Carreira/mcl/Telam

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