¿Oportunismo político o genuina inclusión?

El jueves 29 de junio, a cuarenta días de la celebración de las PASO, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguraba la Primera Casa Trans del país, “dando cumplimiento así, a una demanda histórica de la comunidad LGTBIQ”, dice el sitio web de la Ciudad.
Ubicada en la avenida Jujuy 1341, esta morada ofrecerá servicios, capacitación en oficios, atención sanitaria, orientación jurídica, espacios recreativos, talleres de inserción laboral y clases de apoyo para promover la finalización de la escolaridad primaria y secundaria. La página oficial informa que el lugar ofrece también servicios de atención primaria de la salud y endocrinología; testeos rápidos del VIH y extracción de sangre para diagnóstico y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
“Cuando hablamos de inclusión, de igualdad de derechos, con situaciones como éstas se concreta. Para nosotros es muy importante, y es nuestra responsabilidad como gobierno, llevarlo a la práctica”, decía Larreta henchido de orgullo y admitía que -a su gestión- le falta mucho en materia de inclusión. Nada más certero como esta reflexión podía salir de su boca: El mismo día en que inauguraba la Casa Trans, cientos de personas marchaban de Plaza de Mayo al Congreso para denunciar el aumento de travesticidios en la ciudad y en el país.
“Lo primero con que nos encontramos con fue con una gran presencia policial”, relata a Periódico VAS Florencia Guimaraes García, fotógrafa y activista trans. “Todo ocurría el mismo día: Mientras unas se sacaban la foto con Larreta y con Santilli, otras estábamos en la calle manifestándonos y cuidándonos entre nosotras para que la policía no nos pegue como lo hace todas las noches”, añade la referente Furia Trava. Un colectivo TLGBI (Trans/travesti, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersex), que no sólo denuncia la represión estatal a las travestis en situación de prostitución. También brega por la sanción de la ley ‘Diana Sacayan’[1] de cupo laboral trans.

Refugio o estadística
“Queremos creer que esta Casa Trans va ser un realmente un albergue para las muchísimas compañeras que están en situación de calle, hacinadas en hoteles o durmiendo debajo de los puentes de Constitución”, dice a Periódico VAS Florencia, y agrega “Si con los millones que ha costado al Estado, esta casa se usará para hacer estadísticas, en lugar de convertirla en un refugio para  las compañeras que no tienen donde vivir ni donde dormir, deberían cambiarle el nombre”.
Ninguna de las referentes de la agrupación Furia Trava participó de la aparatosa inauguración que el Gobierno porteño hizo de Casa Trans el 29 de junio pasado. “No lo hicimos porque no fuimos invitadas. Obviamente que no acordamos ideológicamente con quienes están detrás de lo que nosotras consideramos un negocio. Pero sobre todo porque jamás nos vamos a parar al lado de quien nos manda a apalear todas las noches en las rutas y en las avenidas”, termina diciendo Florencia.

La contracara del oportunismo
El 30 de junio pasado. Un día después de fastuosa inauguración de la Casa Trans, la Justicia porteña hizo lugar a una acción de amparo promovida contra el Gobierno porteño y ordenó que le brinde una propuesta concreta a una persona integrante del colectivo transexual en situación de calle con un estado de salud delicado e imposibilitada de trabajar. El magistrado que atiende la causa solicitó que en un plazo de diez días, el Estado porteño le otorgue un plan asistencial que le permita acceder a un alojamiento, reconociendo sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la dignidad [2]. Hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad elaboró, al menos, un comunicado de prensa que de respuesta a esta demanda.

Tapar el sol con el dedo
Un informe del Observatorio de Género de la Justicia porteña, señala el colectivo transexual se encuentra en extremas condiciones de vulnerabilidad debido a las condiciones estructurales de discriminación en las que se ven obligadas a vivir: «Aun cuando estas personas cuentan con estudios –incluso universitarios– suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género”. La conclusión a la que arriba el escrito es la siguiente: “Ser trans, en definitiva, tiene consecuencias materiales y simbólicas inmediatas en la vida de las personas. Estas consecuencias constituyen vulneraciones de derechos humanos fundamentales: el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la alimentación, y también el derecho a la vivienda”.


[1] Diana Sacayán, fue una militante, periodista y activista transexual, precursora de la Ley de identidad de género y de la Ley de cupo laboral trans. Asesinada en octubre del año 2015. Al día de hoy su crimen continua sin ser esclarecido. 

[2] Martín Leonardo Furchi, el magistrado que atiende la causa caratulada “E. N. K. contra GCBA sobre Amparo” (Expediente Nº A31534-2016/0),  enumera, en lo referente a la normativa local, los derechos consagrados en el texto de la Ley N° 3706 de “Protección Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle”; la Ley N° 4036 de “Protección Integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires” y la Ley N° 4238 de “Atención integral de la salud de personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero”. Y solicitó, además, que Gobierno de la Ciudad informe “dentro del término de cinco días, cuáles son los cursos de formación laboral gratuitos disponibles, tras lo cual la actora deberá acreditar en autos tanto su inscripción en alguno de ellos como así también la regularidad de su concurrencia y/o finalización”.

Comentarios

  1. la casa trans es en realidad una sede para la ong «amiga» del gcba, no tiene nada que ver con inclusion ni menos aún con políticas públicas. es lo que el partido de gobierno cuando lo hacen otrxs llama clientelismo.

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