¿Querés ser policía?

Por Mariela Acevedo*

Los cambios son tantos y de tan distinto tenor que una no puede dar cuenta de todos. Una debe listar: Yo me la paso haciendo listas de todo lo que voy perdiendo, de lo que me van quitando. Empecé a hacer columnas en las listas y organizo las pérdidas en tiempo -que en realidad es trabajo, pero lo tengo en dos columnas distintas porque en la columna de tiempo me gusta pensar en esa franja ociosa de todo lo que dejé de hacer-, dinero -ufff, tarifazos incluidos-, trabajo -soy una suerte de empleada múltiple de bajo salario, así que en realidad tengo más trabajo pero me sabe a menos a mediados de mes-, derechos -esta columna estaba atenta a la posibilidad de incluir un haber el 8A pero no nos dan ni un vaso de agua ¿nos van a garantizar aborto legal, seguro y gratuito?-.

Me cuenta Gustavo, el encargado que hace años trabaja en el edificio donde vive mi vieja, que la semana pasada la policía detuvo el colectivo que siempre toma de Quilmes para llegar a Capital e hizo bajar “a los masculinos” a los que palpó antes de dejarlos retomar el destino hacia su jornada laboral. No dudé de la veracidad del relato pero busqué si en algún sitio o portal había información. Y efectivamente encontré que desde el año pasado existe la política de seguridad de Cristian Ritondo. que realiza este tipo de acciones a fin de brindar mayor seguridad a los chóferes de líneas interurbanas hasta que consigan poner cámaras de seguridad en las unidades. El episodio podrá parecer menor frente al cercenamiento de derechos, la encarcelación de referentes políticos, la persecución judicial a quienes se perfilan como principales opositores, la doctrina Chocobar, las dudas en la autopsia de Santiago Maldonado y las escuchas irregulares a sus familiares, las irregularidades en la causa que investiga la muerte de Rafael Nahuel a manos de los Albatros en el Sur y la firma del decreto que le otorga -o mejor- reasigna a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad interior, pero no deja de ser preocupante en este contexto que estamos viviendo. Una puede unir con un hilo rojo todos estos pequeños nudos -o hitos represivos- de lo que se trama como una política que apunta a mantenernos alerta, con la sensación de que nos encontramos en estado de indefensión. “Quieren meter miedo” me decía Gustavo. “Nos quieren meter miedo y por eso replican prácticas que remiten a la dictadura”. La indignación se leía en sus ojos. Como leí en un cartel de la marcha de 8A “Esto no es una dictadura pero es la mejor banda tributo”.

El gato con botas

La firma del Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior viene a replicar planes implementados en México, Brasil y Colombia. La propuesta de militarizar la sociedad para su mayor protección ha demostrado ser un fracaso: basta una búsqueda rápida sobre los resultados de sacar a la calle a las fuerzas armadas para luchar contra el narcotráfico en esos países para comprender que esto que una comenta lo saben perfectamente quienes firman y deciden hacerlo de todas maneras. Entonces, ¿por qué? ¿Se trata de una estrategia de marketing para que pensemos que están trabajando en la seguridad o existen otras razones? La hipótesis troska la escuchamos de Nicolás del Caño en la fallida sesión -por falta de quórum- que impulsó la oposición sobre el tema: se busca liberar de tareas a gendarmería y prefectura para disponer de más efectivos que repriman al pueblo en las calles. La frase que sintetiza esta postura es: el plan de ajuste no cierra sin represión. Cierto. Pero hay algo más. Los recortes no son exclusivos para civiles sino que también le llegó a los militares el tiempo de ajustarse el cinturón. Macri había anunciado a las Fuerzas Armadas que el “proceso de modernización” se iniciaría con “una nueva Directiva Política de Defensa Nacional” (DPDN). Hemos aprendido en estos años que la palabra “modernización” -tal es el nombre del Ministerio que inauguró Cambiemos- es un eufemismo de achicamiento del Estado. Entonces la segunda hipótesis -que probablemente no deje fuera de aplicación la hipótesis represiva- es que se inició un proceso de “reestructuración” de las Fuerzas Armadas con todo lo que eso implica. Y en ese sentido, más allá de lo preocupante que puede ser la reasignación de tareas para la represión “del siglo XXI” en el fondo, como siempre, nos espera un planilla de Excel y una meta fiscal: reducir el elemento ocioso (personal y patrimonial) del “fofo” Estado heredado. En castellano simple: un negocio inmobiliario de esos que le gustan al PRO -venta de terrenos militares incluido- disfrazado de lucha contra las mafias, el narco o el mapuchismo kurdo organizado. A esto tenemos que sumarle que los militares tampoco están felices con ser destinados a tareas policiales. Y esto, no dudemos, traerá graves consecuencias.

Llamen al feminismo…

La política de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal vienen enviando señales de endurecimiento. Las discusiones sobre la vigilancia del espacio público que suscita el Código Contravencional porteño y las prácticas intimidatorias -o razzias- en territorio bonaerense se reactivan frente a hechos de inseguridad como los que sesgaron la vida de las policías Tamara Ramírez y Lourdes Espíndola. Frente a esos hechos, un abanico de periodistas del establishment, que acuerdan con la represión y la mano dura, salen a cuestionar al movimiento de mujeres y organizaciones feministas por no encabezar marchas que reclamen por las vidas de las agentes policiales asesinadas.
Siempre un crimen debe ser perseguido y esclarecido dentro de la ley. Hecha esa aclaración una tiene que subrayar que no existe “sororidad selectiva” ni menos aún “silencio cómplice” por no levantar las fotos de las agentes. Estos crímenes de mujeres no son femicidios. Que nos reclamen que se conviertan en bandera o causa no tiene sentido ya que ellas no fueron asesinadas por ser mujeres sino por ser policías. En lo que va de este año se asesinaron en la provincia de Buenos Aires más policías que en todo 2017. A quién hay que cuestionar por su responsabilidad, quien debe dar explicaciones por la inseguridad no es el movimiento de mujeres sino el Estado. La política represiva solo contribuye a aumentar la presión de una olla en la que se viene calentando la protesta social y el incremento de la violencia por el deterioro en las condiciones de vida de las clases populares. La policía como institución es parte del problema. Sumar agentes de otras fuerzas a la ecuación no hace más que agravar la situación de inseguridad y violencia en el territorio.

Una política efectiva de seguridad no implica más policías habilitados con argumentos o doctrinas al uso, como puede ser “primero tirar y después preguntar”, al estilo Chocobar. El incremento de la violencia social y de la inseguridad no se apaga con mayor represión y violencia estatal. Si el pueblo identifica a las fuerzas policiales y armadas al servicio de un proyecto de ajuste y represión, difícil será que puedan ser percibidas en su abstracta misión de servir y proteger.
El daño al tejido social se observa además en la construcción del enemigo interno que están creando: docentes, militantes, feministas, estudiantes, jubiladas/os son objeto de estigmatización cotidiana en los discursos afines al proyecto que el Gobierno lleva adelante. Lo que pedimos es justo, necesario y urgente: Más educación en condiciones dignas, trabajo genuino y políticas destinadas a la contención de los sectores más vulnerables.
La reunión del G20 está a la vuelta de la esquina y en paralelo se perfila en el horizonte el escenario de botas y tanques en las calles… el descontento se palpa dentro y fuera de las filas y el final es incierto… porque hoy más que nunca hay gente que no.

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*Mariela Acevedo es comunicadora feminista y docente. Editora de Revista Clítoris e investigadora en el campo de la comunicación, los géneros y las sexualidades.

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