Repudio a la resolución que habilita el uso de las Táser

Por decreto, el gobierno nacional reglamentó el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad federales. La medida fue repudiada por organismos de defensores de Derechos Humanos, en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), calificó de inconstitucional esta regulación y advirtió que la misma incrementa el riesgo de lesiones y muerte.
La medida, que a manera de provocación, autoriza el uso de las pistolas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad federales, apareció publicada en el Boletín Oficial del martes 7 de mayo. Horas después, en una entrevista, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recomendó usarlas contra la población civil en el Hospital Posadas, donde actúa Gendarmería y muchas veces hay situaciones de violencia.

En un comunicado el CELS, señala que la habilitación en el uso de estas pistolas eléctricas Taser no respeta los de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal. “Los criterios que el reglamento establece son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso. Por ejemplo, el inciso c) del artículo 2 las autoriza para “impedir la comisión de un delito de acción pública”, o sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía. El inciso a) del mismo artículo las permite para inmovilizar ante un “peligro inminente”, que no se describe de ningún modo. Así, el reglamento potencia los riesgos de letalidad y tortura, en lugar de disminuirlos como afirmaron las autoridades.

Las pistolas  Taser  son, literalmente, picanas eléctricas similares a las que se usaron en los campos de concentración exterminio de la  Dictadura cívico-militar-eclesiástica que vivió nuestro país entre 1976 y 1983. Su uso provoca dolor intenso y  puede ser considerado tortura o trato cruel. También pueden provocar la muerte. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda (2009) y contra Gran Bretaña (2013) desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de “situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)” y “únicamente en sustitución de las armas letales”.

“La única forma de que la introducción de las Taser reduzca la letalidad policial es que sean utilizadas como remplazo de las armas de fuego. En la medida que esta regulación amplía su uso, su efecto será aumentar las lesiones y la letalidad. Así, con la incorporación de las llamadas “armas menos letales” se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen. El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”, señala el comunicado del CELS.

En el ultimo informe sobre la situación represiva en nuestro país, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI), señala a la alianza Cambiemos como el más represor desde el regreso de la democracia, con una persona asesinada cada 21 horas por las fuerzas represivas del Estado. Esta es la tasa de registro más alta desde diciembre de 1983. La muerte por torturas en lugares de detención es la principal causa, seguida del gatillo fácil. Ahora las fuerzas de seguridad cuentan con una nueva arma de exterminio.

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