Un modelo de trabajo para garantizar el acceso al aborto

A más de dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conversamos con profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, para conocer cómo es el acceso a ese derecho en el nivel primario de atención de salud.

por Miranda Carrete

La ciudad de Buenos Aires es pionera en la implementación de políticas y programas del campo de la salud sexual y reproductiva. La provisión de métodos anticonceptivos comenzó en los años ’80, en algunos establecimientos aislados y se extendió, años más tarde, a los centros de salud. Ya en el año 2010 se llevaron adelante las Consejerías en Reducción de Riesgos y Daños en algunos Centros de Salud y Acción Comunitaria. “Un trabajo en red que permitió establecer criterios comunes de intervención y propuestas de registro. Los equipos podían brindar asesoramiento para la interrupción con medicamentos, pero no disponían de misoprostol. Los Hospitales Álvarez, Argerich y una Guardia del Hospital Pirovano eran, por esa época, prácticamente los únicos lugares de atención integral para la problemática”, indica un artículo de la revista de la Asociación Médica Argentina de anticoncepción.

A más de dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conversamos con profesionales de la salud de CABA, para conocer cómo se está llevando adelante el cumplimiento de la ley, el rol primordial de los Centros de Salud y Acción Comunitaria, el trabajo de los equipos interdisciplinarios y la búsqueda de un abordaje de la salud de manera integral.

“El acceso a la IVE / ILE fue creciendo año tras año, en 2022 dio un salto, llegó al 20%”, cuenta Viviana Mazur, médica generalista, referente de acceso a IVE/ILE del equipo de Salud Sexual, VIH e ITS de la Ciudad. En el distrito porteño el acceso estaba ampliamente garantizado gracias al trabajo y militancia de profesionales de la salud y organizaciones sociales, aún antes de la aprobación de la ley en el marco de la interrupción legal del embarazo (ILE), no hubo un incremento tan notorio como quizás en otras jurisdicciones, donde el acceso estaba muy restringido y a partir de la ley IVE pudieron implementar algunos otros servicios”, asegura.

Entre enero y septiembre de 2022, se registraron 59.267 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en el sistema público de salud a nivel nacional, según información del Ministerio de Salud de la Nación. La distribución por provincias, continúa siendo desigual, el mayor número de abortos se registró en CABA. Actualmente las obras sociales y prepagas tienen protocolos para garantizar esta práctica. Argentina cuenta con cuatro laboratorios nacionales que producen o están en proceso de producir misoprostol y el Ministerio de Salud distribuye un pack combinado de esa droga con la mifepristona, tratamiento recomendado por la OMS. Estas medidas dan cuenta de un panorama mucho más allanado para las personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir el embarazo, aunque las resistencias de profesionales e instituciones persisten y muchas veces generan dilaciones innecesarias o el uso de técnicas no aconsejadas en protocolos oficiales.

Viviana comenta que falta avanzar en la mejora de la calidad del proceso de atención, mejorar la privacidad en los hospitales, la prevención ambulatoria “necesitamos que las personas tengan más facilidad, menos tiempo de procedimiento, que no se hagan prácticas innecesarias”. La infraestructura, el cumplimiento de las capacitaciones, también son factores que colaboran a que la IVE/ILE se incorpore como una práctica más, como cualquier atención de la salud.

Un recurso que falta garantizar es la aspiración manual endouterina (AMEU), procedimiento quirúrgico efectivo y recomendado por la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. “Es necesario que las personas puedan decir, cuando solicitan una interrupción, si prefieren hacerlo con medicamentos o de manera instrumental con este procedimiento”, indica Viviana y explica que todavía cuesta implementarlo por resistencias individuales, objetores de conciencia, falta de profesionales dispuestos a hacerla en atención ambulatoria, sin internación y sin barreras. La capacitación es un punto fundamental para desarmar prejuicios.

La práctica en el territorio
Patricia Legarreta médica generalista, trabaja en un CeSAC emplazado en una villa de la zona sur de la Ciudad. Se trata de un Centro de Salud histórico, caracterizado por la lucha de la comunidad que logró la construcción de una nueva sede acorde a las necesidades de quienes habitan el barrio. “Hoy tenemos sala de espera”, dice; las personas que llegan a atenderse pueden esperar sentadas, algo que parece básico pero que hasta hace unos meses no ocurría. Orgullosa, Patricia detalla a Periódico VAS el trabajo que vienen realizando.

¿Cómo es el acceso a IVE/ ILE en relación a los años precios de sancionada la ley ?
Nuestro equipo está conformado por médicas generalistas, trabajadoras sociales, psicólogas, obstetras, trabajamos en el barrio con promotoras contratadas por el gobierno de la Ciudad. Para nosotras, tanto una consulta por interrupción de embarazo como por anticoncepción, la tomamos como una urgencia. La recepcionamos y le damos acceso en el momento. Es decir, que ese mismo día la persona que asiste se lleva la medicación y toda la información. Lo que sí pedimos es una ecografía para descartar un embarazo ectópico o alguna condición clínica por la cual sea inconveniente usar el misoprostol. Entre la sanción de la Ley (IVE) y este año, se generó un cambio en el barrio, la gente se acerca a preguntar, el tema está mucho más naturalizado. Tras la sanción de la ley, hacemos IVE. Tenemos bastantes consultas, la mayoría en el primer nivel de atención. Aquellas pacientes que por una condición clínica o así lo requiere o está un segundo trimestre de gestación, son derivadas al segundo nivel para un tratamiento más supervisado.

¿Siguen existiendo mitos en relación al aborto?
Antes sí se preguntaba sobre si se puede tener hijos después de interrumpir el embarazo, o si no funciona el misoprostol, si podría tener malformaciones si continuaba el embarazo, la gestación, el parto. Pero ahora no vengo escuchando eso.Tampoco hemos tenido pacientes que hayan intentado interrumpir el embarazo de manera insegura. Sí sucede que muchas veces compran pastillas y se realizan mal el tratamiento. La verdad es que el “boca en boca” funciona bastante en el barrio. También tenemos en la sala de espera un cartel que invita a acercarse, la gente accede de varias maneras. Nosotras preguntamos a aquellas personas que no son usuarias habituales del centro de salud, cómo llegan, para saber cómo circula la información en el barrio y para trabajar para que circule.

¿Cuáles son los principales reclamos en términos de salud en la Ciudad de Buenos Aires?
Hace unos meses venimos haciendo diferentes reclamos al gobierno de la Ciudad. En primer lugar, la pandemia arrasó al personal de Salud. El principal reclamo es la lucha de los residentes y los concurrentes por salarios dignos. El salario del personal de Salud, y no hablo solamente de médicos, sino del total, es bajo respecto a la situación actual del país. Después, faltan recursos humanos en algunos centros de salud. Lo cual impide que podamos articular y dar una mejor atención. A veces, el personal de Salud renuncia y no hay reemplazo.
En nuestro centro de salud tenemos un equipo enorme que labura y que le importa el otro. Tiene mucha historia, tratamos de acompañar de manera integral a quienes asisten e igual a veces no damos abasto.
Y esto tiene que ver con una cuestión de recursos…
Si de recursos y de cuestiones burocráticas. Cuando una persona deja un puesto, el llamado a concurso, a veces, se retrasa más de lo que debería. Pueden pasar hasta dos años. En cuanto a los recursos de estructura, en nuestro centro de salud estamos bastante bien. Abrimos hace poco esta nueva sede. Luego de una larga lucha, tanto de los compañeros y compañeras como de organizaciones barriales y vecinales, pudimos conseguir este nuevo edificio que está en buenas condiciones fundamentalmente para los pacientes.

¿Por qué decidiste ser médica generalista?
Estudié la carrera de medicina en Cuba, fui a la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Isla. Me pareció que para lo que fui formada allá, tenía que volver y aportar, de alguna manera más, al primer nivel de atención.

¿Qué tiene el primer nivel de atención que no tienen los otros?
Podés ver más allá de una consulta por una cuestión orgánica, biológica, concreta, y puedes trabajar con otres de una manera más coordinada o interdisciplinaria. Conocer donde vive la gente y ver las condiciones en las que viven. Por ejemplo,nosotras tenemos índices muy altos de tuberculosis en la zona sur de CABA y esto tiene que ver con las condiciones de vida. Entonces lo primero que tenés que saber, si viene un paciente que tiene tos, es cómo vive y lo más probable es que lo haga en condiciones de hacinamiento, de oscuridad. Este parámetro sirve para saber que estamos en una comuna donde hay tuberculosis. Por lo tanto hay que estudiar a este paciente con esa mirada. Las condiciones de vida están en el contexto y tienen que ver con la calidad de las viviendas, por tanto con una cuestión económica. Elegí esta especialidad y no me arrepiento en lo más mínimo, me encanta.

Un cambio social y cultural
“El programa de salud sexual es un modelo de trabajo, tenemos muy en claro que estamos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, para que las personas puedan acceder a la garantía de esos derechos”, reafirma Viviana que coordina los equipos de la Ciudad. Desde esa lógica y esa perspectiva, logran tener un vínculo permanente con la comunidad de manera directa a través de la comunicación telefónica del mail de lo que es la línea de la línea de Salud Sexual (0800 222 3444)

La Ley 27.610 generó una transformación social y cultural sobre el tema, sacó al aborto de la clandestinidad, le dió un marco legal a una lucha que llevaban adelante profesionales de la salud, organizaciones, socorristas, militantes en todo el país. Hoy queda seguir profundizando y garantizando la práctica, arrimar las brechas de desigualdad que se manifiestan en los distintos territorios, mejorar la calidad de atención y señalar el incumplimiento o la obstaculización de la ley, cuando esto sucede.

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