Población LGBTIQ+ y violencias

«En el Día Internacional del Orgullo, y en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio en algunos lugares de nuestro país, las violencias hacia el colectivo LGBTIQ+ siguen existiendo», sostiene en un comunicado  el Observatorio MuMaLá «Mujeres, Disidencias, Derechos».

Según  el relevamiento que lleva a cabo esta organización, durante los primeros seis meses del año se registraron al menos 100 hechos de violencia hacia de la diversidad sexual, de los cuales cuatro terminaron con la vida de las personas agredidas.

De ese total, 56 fueron ataques de odio, 4 fueron crímenes de odio (homicidios) y 40 califican como travesticidios sociales, es decir muertes prematuras y evitables como consecuencia de una cadena de exclusiones sistemáticas (expulsión de sus hogares, la dificultad para acceder al sistema salud, educación, trabajo, entre otros) que dan como resultado una expectativa de vida de sólo 40 años. En cuanto a las víctimas de los ataques contra la diversidad sexual, fueron mayoritariamente travestis y mujeres trans (48), seguidas por gays (31%), lesbianas (12%), varones trans (5%) y no binaries (2%).

Respecto al tipo de violencia ejercida, en el 84% de los casos fue de tipo psicológica, el 52% física, el 26% simbólica, el 21% económica y el 4% sexual. Además, el 76% de las víctimas sufrió más de un tipo de violencia, el 43% requirió atención médica y el 7% terminó en homicidio. Si el foco se desplaza al escenario de las agresiones, se advierte que el 43% tuvo lugar en la vía pública, el 22% dentro de una propiedad privada, el 12% en la vivienda de la víctima, el 9% en un comercio, 5% en una institución de salud, otro 5% en una institución de seguridad y un 4% dentro de un boliche.

En cuanto a la relación con el agresor, el 41% fueron desconocidos, el 33% conocidos (vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, etc.), 19% miembros de las fuerzas de seguridad y el 7% profesionales de la salud. El 100% de las víctimas de travesticidio social fueron mujeres trans y el 59% tenía 40 años o menos al momento de su muerte y sólo el 5% supera los 59 años.

Frente a este panorama, desde el Observatorio exigen que se  declare de la ‘Emergencia LGBTIQ+ y reclaman  recursos estatales que den respuesta a las necesidades urgentes de este colectivo y acceso pleno a los derechos y políticas públicas específicas.

El 28 de Junio de 1969 ocurrió la Revuelta de Stonewall, manifestación que dio origen a los movimientos LGBTIQ+ en todo el mundo, a pesar de que pasaron 51 años de aquella jornada histórica, y de los grandes avances en derechos que conquistamos para nuestra comunidad, las violencias hacia esta población continúa:  el 16 por ciento de las personas trans fallecidas el año pasado fueron víctimas de crímenes de odio, mientras que el 84 por ciento murió prematuramente a causa de la exclusión sistemática denominada «travesticidio social».

En este sentido, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda, aseguró que la pandemia por coronavirus desnudó pobreza estructural en que vive la población LGBTIQ+ en Argentina. «El aislamiento social, preventivo y obligatorio mostró una pobreza estructural vinculada a la necesidad alimentaria, a la falta de ingresos económicos y cómo eso se constituye una amenaza para el desalojo de las viviendas de nuestras hermanas y compañeras y un efecto en cadena que involucra la violencia institucional, la falta de atención en los servicios públicos, y así también una mirada de mucho prejuicio y discrecionalidad», expresó Rueda, que participó del reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en el país. Oportunidad en la que recordó que la expectativa de vida de las personas trans y travestis es de 40 años, y que desde su dependencia tuvieron que acompañar 3482 demandas por alimentos presentadas por esa población.

«El orgullo es ese paso de la visibilidad de los movimientos sociales para poder expresarse pero también para pedir protección ante las violencias que vivimos actualmente las poblaciones LGBTIQ+ en todo el mundo», expresó Rueda y consideró que las políticas públicas tienen que contestar a la pobreza extrema de las travestis y trans, tienen que contener las situaciones de violencia institucional y trabajar para poder erradicar la violencia en nuestro país para las personas de la diversidad sexual.

«La Argentina en general está atravesada por miradas de violencia y exclusión -enfatizó Rueda- Hay una hostilidad constante y son distintas las realidades de exclusión. No es lo mismo un centro urbano, por ejemplo en Buenos Aires, donde se recibe mucha población transmigrante de otros países, de las provincias y mayormente se concentran en hoteles que tienen condiciones muy malas, además de un sobreprecio enorme para nuestras compañeras». Y diferenció esta situación de lo que ocurre en «centros rurales, en ciudades más pequeñas» donde «hay también es mucha estigmatización y lamentablemente, la violencia».

También mostró su preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes: «La diversidad sexual en niñes y adolescentes es hoy una realidad, y hace varios años, ya desde el 2006 contamos con una ley de educación sexual integral que tiene que incorporar una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad, que tiene que hablar sobre los cuerpos no binarios, de las identidades no binaries, tiene que hablar sobre los recorridos y las voces de todos los niñes y adolescentes que tienen derechos a desarrollar su vida, también de manera integral».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.