Proceso dudoso

por Rocío Bao

No tardó demasiado. Pocas horas después de que la familia de Santiago Maldonado convocara el 25 de octubre a otra movilización en Plaza de Mayo para exigir justicia por la desaparición seguida de muerte de Santiago, la mano imprecisa del juez Marcelo Martínez De Giorgi dictaminó el procesamiento de veintidós de las treintaiún personas que fueron detenidas -durante más de 48 horas-, en la manifestación del 1° de septiembre donde se reclamaba precisamente la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Desaparición y criminalización de la protesta

El contexto político que garantizó impunidad ante la desaparición de una persona en el marco de una protesta, es el mismo que ahora continúa profundizando la represión, deteniendo y procesando a manifestantes que reclamaron contra  aquella desaparición.

Si repasamos lo que ya sabemos de Santiago Maldonado encontraremos algunas certezas. Sabemos que estuvo comprometido con diversas causas de derechos humanos. Sabemos que desapareció tras la represión ilegal de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamén (Chubut) el 1° de agosto, cuando apoyaba el reclamo mapuche para pedir por la liberación del lonko Facundo Jones Huala en un corte de la Ruta 40.

Sabemos también que de esa desaparición pasaron más de tres meses durante los cuales el Gobierno funcionó como un perfecto encubridor de la Gendarmería Nacional, uno de sus brazos armados. Sabemos que los medios de comunicación corporativos afines al Gobierno se encargaron de difundir una secuencia de pistas falsas para no responsabilizar a la Gendarmería, e incluso se encargaron de difamar a la familia Maldonado.

Y entre la desaparición de Santiago y la aparición de su cuerpo en el río Chubut hubo manifestaciones de cientos de miles que reclamaron su aparición y en una de ellas, en la del 1º de septiembre, hubo al final un circo donde policías infiltrados generaron un caos que culminó en represión y treintaiún personas detenidas, liberadas después de las 48 horas.

Impunidad y oportunismo electoral

Apenas dos días antes de las elecciones del 22 de octubre, se confirmaba que el cuerpo encontrado en el río Chubut era de Santiago Maldonado. El presidente Mauricio Macri llamó a la madre del joven -desde una línea privada y sin anunciarse- para darle sus condolencias; y se encargó de que los medios de comunicación se enterasen de la llamada. ¿Había que mostrar sensibilidad para no perder votos? Más de dos meses habían pasado de la desaparición y el Presidente nunca se comunicó con la familia. Por otra parte, sucedida la desaparición durante una represión de Gendarmería en un operativo ordenado por el Gobierno, ¿puede llamar el Presidente impunemente a la familia?, ¿cómo si no tuviera la más ligera culpa?  El oficialismo ganó esas elecciones. Cuatro días más tarde, el juez De Giorgi procesaba a veintidós de las treintaiuna personas que fueron detenidas en la manifestación del 1º de septiembre por “resistencia a la autoridad” e “intimidación pública”.

El Proceso a  la medida de Cambiemos

La abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, sostuvo en diálogo con Periódico VAS: “Se trata de un procesamiento a la medida de Cambiemos, a escasos cuatro días del triunfo electoral, con una resolución imprecisa y genérica, que prueba que el juez cumple un rol legitimador de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo. Contradiciendo muchas pruebas de descargo concretas, filmaciones, registros fílmicos y fotográficos, mensajes telefónicos, etc., el juez avala lo actuado y escrito por la policía e intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los propios efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos”.

La Correpi, luego de conocerse el procesamiento, advirtió en un comunicado que “el juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía; no describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad”.

Persecución a la prensa

En ese marco de detenciones arbitrarias, la Policía de la Ciudad detuvo también a tres reporteros gráficos: Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA); y Carlos Guerra, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Parte del comunicado emitido por la Correpi da cuenta de que las detenciones de los reporteros no fueron al azar: “Consta en el expediente el modo ‘al voleo’ de las detenciones -con excepción del caso de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada, con denuncias concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos. El juez ignoró todos esos actos ilegales y violatorios de los derechos humanos para proteger a la fuerza policial”.

Sobre este punto, Verdú destacó a Periódico VAS: “Como venimos señalando desde hace tiempo, es cada vez más frecuente que los trabajadores/as de prensa, y en particular los gráficos, sean atacados con balazos (caso de la Sala Alberdi), irritantes químicos (caso de Rolo Andrade) y/o sean detenidos (como en el 1° de septiembre). El tema es evitar que haya registros fílmicos o fotográficos del accionar policial. Fracasado el plan de la ministra Bullrich de encerrar a la prensa en un ‘corralito’, ésta es la forma que encontraron: cargar contra los que tengan cámaras y puedan difundir los hechos”.

El fotógrafo Carlos Guerra emitió un descargo para la revista Cítrica donde expresa su opinión acerca de las detenciones del 1° de septiembre: “Considero que no son casuales las palabras de los uniformados que nos detuvieron cuando amenazaban con una posible expulsión del país o una eventual desaparición como forma de disciplinarnos y hacernos callar; como tampoco son casuales los tratos vejatorios a los que sometieron a mujeres y hombres durante los tres días de detención. Es una suerte de juego macabro que hace que la percepción se desborde. Todavía hoy continúan retenidas nuestras cámaras fotográficas que son herramientas de trabajo, para mí y para los colegas comunicadores de la RNMA”.

 Procesamiento, embargo y apelación

A pesar de que en el expediente consta que los procesados ganan entre 7 y 9 mil pesos, y que incluso algunos están desempleados, el juez De Giorgi trabó embargos contra ellos por una suma que ronda los 5 millones de pesos, costo equivalente a los daños ocasionados en la manifestación.

“El desborde manifiesto de los montos se funda en que tomaron como valor de los daños todo el presupuesto que presentó el GCBA, desde la pintura de todas las paredes hasta el último pan de pasto que hubo que cambiar en Plaza de Mayo -obviamente, porque lo pisaron 250.000 personas-”, explica Verdú.

El juez dictó, también, la falta de mérito para siete de los acusados y sobreseyó a dos (que fueron desvinculados de la investigación al día siguiente de la movilización).

Sin perder tiempo, los abogados y abogadas María del Carmen Verdú, Ismael Jalil, Matías Aufieri, Lilén Camila Reyes y Luciana Martín apelaron la medida del juez, porque tanto el procesamiento como el embargo comprometen “principios elementales que hacen al debido proceso, la defensa en juicio y garantías de raigambre constitucional” y por tal motivo mantienen el derecho de recurrir a Casación. Los abogados y abogadas fundamentan su defensa, entre otras cosas, en los sumarios de los reporteros gráficos de la RNMA, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone donde figura que fueron detenidos por derribar el vallado policial y agredir con piedras y botellas a policías frente a la Casa Rosada. Sin embargo, en la declaración de Gabriela Sánchez, una de las procesadas, consta que su detención sucede en avenida de Mayo al 1400 (a 10 cuadras de la Casa Rosada), y que dos hombres jóvenes intentaron impedirlo. El abogado Ismael Jalil afirma que estos dos jóvenes fueron Medone y Mourenza, detenidos precisamente allí, en avenida de Mayo al 1400, y prueba esto con el registro fílmico aportado por los procesados.

“Tenemos la certeza de enfrentar una nueva instancia de la política estatal de criminalización de la protesta, que corre pareja con la política represiva que motivó la necesidad de movilizarnos el 1º de septiembre”, dicen los abogados y abogadas en la apelación.

¿Se procesó a los infiltrados?

Si bien quedó en evidencia y confirmado que hubo policías de civil, que hubo infiltrados pagos para generar los disturbios, que serían tapa de los medios corporativos afines al Gobierno (para “tapar” precisamente el enorme reclamo del pueblo), y generar la consecuente represión policial, también se difundió que algunos de los procesados eran infiltrados. ¿Es esto cierto?, pregunta Periódico VAS a María del Carmen Verdú.

“Si así fuera no estaríamos defendiéndolos”, argumenta Verdú. “Hay una gran avanzada propagandística en esto de equiparar con un servicio a cualquier pibe con la cara tapada y un cascote. Y muchos caen en la trampa sin ver que se están serruchando los pies. Lo que pasa en parte es que se meten a opinar y no tienen idea de quién es quién. No conocen la movida punk, no distinguen un anarcoindividualista o un ácrata, de un repollo. Otra cosa es que no compartas sus criterios de intervención o de oportunidad, pero eso no lo discutimos con el Estado. No negamos la cana de civil ni los infiltrados, pero esos no fueron los presos”, concluye.

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