Paro y movilización de trabajadores de la Salud
«Nos movilizamos por la inclusión en la carrera profesional, la reapertura de paritarias para trabajadores de la salud y el repudio a la represión que sufrimos las enfermeras el 21 de septiembre que fue el Día de la Sanidad», dice Melina Paredes, enfermera del hospital Elizalde. Marchan del Congreso a la Legislatura de la Ciudad junto a una multitud de trabajadores y trabajadoras de la salud de distintos hospitales porteños que ser reconocido/as como profesionales de la salud en medio de una pandemia que no da tregua.
Exhaustos/as, precarizados/as, devastados/as, estos trabajadores y trabajadoras esenciales siguen resistiendo en la primera fila el virus y la indolencia estatal. “Marchamos para pedir sueldos dignos, que cubran la canasta básica y el reconocimiento como profesionales, también exigimos que nos entreguen elementos de protección adecuados” dice Miriam Maberti, licenciada en diagnósticos por imágenes.
«El Covid-19 existe, nuestra precarización, también», se lee en una de las pancartas; «No a la violencia en enfermería», dice otro cartel ilustrado con una viñeta donde Mafalda señalando cachiporra de un policía dice: «¿Ven? Este es el palito que les pegó a las enfermeras».
La movilización se enmarca en el paro dispuesto por el frente de trabajadores de la salud nucleado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE) de la Ciudad de Buenos Aires, este 1 de octubre, a siete meses del inicio de la pandemia en nuestro país.
Esta vez el ingreso a la Legislatura porteña está literalmente vallado, en tanto que el cerco policial se despliega hasta Diagonal Sur.
El 21 de septiembre, Día de la Sanidad, enfermeras y enfermeros se movilizaron a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio reclamando el Pase a la Carrera Profesional de la Salud (Ley 6.035). Como respuesta recibieron fue una feroz represión policial con el saldo de tres enfermeras heridas.
En noviembre de 2018, por iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña modificó la Ley 6.035, que regula las relaciones de empleo público de los profesionales de la salud. Esta normativa reconoce 24 profesiones de la salud: médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, pero ningún licenciado/a en enfermería. Exclusión se traduce en una merma salarial de entre 20 y 30 mil pesos mensuales. También desaparecieron las licencias por capacitación o por estrés, y se esfumó la posibilidad crecer profesionalmente. Los títulos universitarios no son reconocidos. En las categorías de enfermería técnica y auxiliar los sueldos no alcanzan para cubrir una canasta básica alimentaria. En consecuencia, deben trabajar en dos o más turnos y hacer horas extras para llegar a un salario digno. Al mejor estilo maquila, la hora extra se paga tan solo 70 pesos.
Ante este panorama, les legisladores porteños del Frente de Izquierda: Gabriel Solano, Myriam Bregman, Alejandrina Barry y la diputada Victoria Montenegro, del Frente de Todos, se presentaron como amicus curiae en el amparo colectivo iniciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) donde se solicita el pase a la carrera profesional de las licenciaturas en enfermería, producción de bioimágenes y psicomotricidad.
En el escrito advierten que la pandemia de coronavirus expuso la precariedad del sistema de salud pública u denuncian el recorte de derechos laborales y los bajos salarios de enfermeros y enfermeras que se desempeñan en los hospitales porteños: «cobran 38 mil pesos y para llegar a fin de mes con un salario acorde a su tarea, deben trabajar 14 horas por día o más».
«Sin Larreta-Quirós la pandemia sería menos letal», dice otra pancarta.
“Nunca estuvimos tan presionadas y agotadas como bajo la pandemia. El sector salud es de primera línea y esencial en serio, por eso ya contamos miles afectados de Covid-19 y decenas de fallecidos de enfermería siendo grupo de riesgo. Es decir: muertes evitables si se cumpliera con las licencias para el personal de enfermería. Estos atropellos son recurrentes en CABA y en todo el país”, sostiene Carolina Cáceres, integrante de la comisión directiva de ALE y enfermera del Hospital Tornú.
«Los ocho enfermeros/as que fallecieron no tenían elementos de higiene y seguridad para trabajar», refuta Daniel Catalano, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado y asegura que los responsables políticos de estas muertes son las autoridades sanitarias y el Jefe de Gobierno porteño.